Conminan a la Fiscalía a investigar los casos de avasallamientos en Tarija

El Comité de Defensa Social de la Propiedad Pública y Privada del departamento de Tarija cursó comunicados y notas al Ministerio Público conminando a esta instancia a iniciar las acciones que corresponda para investigar los últimos avasallamientos que se registraron en esta capital. El representante y asesor legal del Comité de Defensa Social de la Propiedad Pública y Privada, Tamer Medina, dijo que el único mecanismo de lucha contra los avasallamientos es que las instituciones tomen cartas en el asunto e investiguen estos hechos, que son tipificados como delitos penales.

Dicha acción está tipificada como delito en contravención a la Constitución Política del Estado (artículo 56) que garantiza el respeto y el derecho que tiene cada persona a la propiedad privada individual y colectiva. 

El fin de la solicitud que realiza esta organización, que entre sus miembros están personas que habrían sido víctimas de avasalladores, es retomar este tema para empezar a tomar acciones concretas en contra de las personas que se dedican a estas irregularidades,  en especial en muchos de los asentamientos de esta capital y donde en su mayoría los más afectados es la gente humilde.

Medina informó que las acciones a asumir de este comité representa una nueva forma de luchar en contra de los invasores a la propiedad privada y pública, ya que las autoridades competentes no investigan estos casos para llegar a la realidad de los hechos.

“Lamentablemente, en Tarija se ha generado un mercado negro de tierras con actos ilegales arbitrarios donde las personas más humildes son las afectadas, ya que los mismos jamás podrán acceder a un documento legalmente establecido por la ley”, reveló. 

REUNIÓN FISCALÍA DE DISTRITO Sin embargo, según Medina, por el momento, tras una reunión sostenida con el fiscal del distrito de Tarija a nivel departamental, Rodrigo Antelo, se puso en conocimiento a la autoridad de todos los hechos que se han registrado en los últimos tiempos en diversas zonas de esta ciudad, como también en las provincias.

“Ahora bien, las respuestas fueron diversas en relación al Ministerio Público. El fiscal de Distrito, Rodrigo Antelo, nos comunicó que se convocará a un consejo de fiscales para tratar esta temática y a partir de ahí estaremos realizando las investigaciones necesarias”, explicó.
Medina indicó que en primera instancia la máxima autoridad del Ministerio Público del departamento habría comprometido reunir a las personas que fueron afectadas y víctimas de avasalladores y asentamientos ilegales en su propiedad.    

“(Estamos) tomando decisiones de hecho juntamente con las personas que se ven afectadas por estos avasallamientos que son protagonizados por los asentamientos”, replicó Medina recogiendo las declaraciones de Antelo.    

NUEVAS ACCIONES Con mucha expectativa, Medina explicó a El País que por el momento se está a la espera de una nueva convocatoria del Comité de Defensa Social de la Propiedad Pública y Privada del departamento de Tarija para tomar acciones correspondientes dictadas por las leyes vigentes en el país.

Quisimos ampliar más la información con el criterio del asambleísta departamental del Movimiento al Socialismo (MAS), Marcelo Poma, autoridad que ha estado en el “ojo de la tormenta” en los últimos meses acusado de supuesta estafa en la venta de lotes, sin embargo, nuestro cometido no fue cumplido por encontrarse éste en una reunión, según explicó al contestar su teléfono celular.

A pesar de nuestra insistencia, la autoridad legislativa no se quiso referirse al tema. Recordemos que una serie de denuncias contra Poma obligaron a la autoridad a acusar a algunos medios de comunicación de haber iniciado una campaña de desprestigio en su contra, sin tomar en cuenta que “éstos medios” siempre buscaron su contraparte, pero el legislador del MAS siempre se abstuvo de responder nuestros cuestionamientos.

Asimismo, cabe aclarar que en la justicia tarijeña también se ventila casos de supuesta venta irregularidad de terrenos que apunta al asambleísta departamental suplente del MAS, Ramiro Burgos, quien en este momento carga una acusación formal y corre riesgo de ser suspendido de su curul en la Asamblea Departamental para que se defienda ante las instancias correspondientes.  

ÚLTIMOS AVASALLAMIENTOSLa comunidad de Obrajes Sur fue el último lugar donde se registró un avasallamiento violento, en la que alrededor de treinta personas, utilizando piedras, palos e incluso armas blancas ingresaron a estos predios para asentarse. La zona que fue intervenida consta de alrededor de 22 hectáreas.

Uno de los agredidos fue Antonio Morales, un hombre de 78 años de edad que obtuvo las tierras por herencia de su abuelo y que ese día fue despojado de la propiedad de manera violenta por un grupo de personas que, al parecer, estaban organizados.

Esta toma de predios privados, hizo deducir a Medina que en Tarija se habría conformado organizaciones criminales que se dedican a este ilícito, donde estarían involucrados abogados y policías, entre otros. 

Medina, en esa oportunidad, denunció que existen organizaciones criminales por detrás de los asentamientos que buscan tomar terrenos por la fuerza violando principios básicos de la CPE y las leyes.

“Hay una especie de organización criminal que está operando en distintos lugares, más que todo en la ciudad de Tarija. Además, existen vinculación entre personas de asentamientos y algunos funcionarios”, aseguró. 

Bajo esos antecedentes, el exviceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción anunciaba presentar una denuncia formal contra dicha organización dando a conocer nombre y apellidos de estas personas para que se sometan a una investigación y sean procesados penalmente, tal cual manda la norma.

>>> Apunte     
La Constitución Política del Estado, en el Artículo 56. I. señala: “Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Artículo 57. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión”.

El Pacto de San José, Costa Rica de 1969, también señala que “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley...”

Según expertos aseguran que el derecho de propiedad es un derecho perfecto, pues por él, todo propietario puede reclamar o defender su posesión, inclusive mediante un uso proporcionado de la fuerza, esto significa que genera un nuevo derecho, que es el derecho a la defensa. El derecho a la propiedad solamente está limitado por las exigencias del bien común, la función social, y el respeto al derecho de los demás.

Avasallamientos: Justicia alteña empieza con primeras sanciones
En las últimas horas, a través de medios de comunicación de circulación nacional, se dio a conocer que la justicia empezó a sancionar a las primeras personas que fueron investigadas por haber avasallado terrenos, tal es el caso de Jaime Abdón Pérez Mamani, considerado como el cabecilla principal del Movimiento Sin Techo de la ciudad de El Alto, quien fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva acusado de allanamiento y otros delitos.

Esta situación no se aleja de la realidad que se viene registrando en Tarija, donde en los últimos meses se ha reportando un incremento descontrolado en avasallamientos y asentamientos humanos de terrenos, violando el derecho propietario de privados.   

Según las investigaciones del Ministerio Público, en agosto pasado, Pérez habría procedido a la ocupación física de un predio de 24 mil metros cuadrados ubicado en la zona Chijini Alto (frente a la zona Franca Industrial) en esa populosa ciudad.

El Fiscal de Materia asignado al caso, René Quispe, dijo que las acusaciones que pesan en contra de Pérez es “Allanamiento, atentado contra la libertad de trabajo y posteriormente se ha evidenciado, de acuerdo a los elementos que se ha podido recabar, se ha hecho por robo agravado y asociación delictuosa”.

Ahora la Fiscalía alteña anunció que por lo menos diez personas más serán investigadas por el avasallamiento de los predios del Grupo Abendroth Internacional Comercial e Industrial que tenía prevista la instalación de una planta industrial en esos terrenos.