Los mineros asalariados de Colquiri cuestionan el Decreto Supremo 1368, aprobado ayer, debido a que no cumple con el pedido de reversión total al Estado de la mina Colquiri.
Los trabajadores analizarán hoy en un ampliado las estrategias de lucha, informó anoche el ejecutivo del sector, Severino Estallani.
Mientras tanto, el cerco se mantiene en ese distrito minero, al igual que la huelga en la Empresa Minera Colquiri (EMC), precisó el dirigente.
Los mineros asalariados también critican un segundo decreto aprobado ayer, el 1369, debido a que consideran que favorece a los cooperativistas porque se levanta parcialmente la reserva fiscal.
Adicionalmente, el Gobierno propuso una ley para actualizar derechos mineros, revertir áreas sin actividad a favor de Comibol y penalizar la toma ilegal de predios.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Miguel Pérez, expresó la molestia del sector porque con la norma se estaría hablando de explotación de la veta Rosario en partes iguales para ambos sectores lo que causó malestar, pues piden que la mayor parte sea para la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Respecto al Decreto 1369, que declara de uso exclusivo en favor de la Comibol 26 áreas mineras, levanta parcialmente la reserva fiscal y da continuidad a los trámites de contrato en áreas de la Comibol. Pérez dijo, según ANF, que los mineros asalariados están decepcionados con el Gobierno de Evo Morales por haberlo aprobado.
"Este es un día triste para los mineros y para el país porque el Decreto Supremo 1369 fue hecho a medida de las cooperativas mineras", dijo.
El sindicalista precisó que "autoritariamente se entrega la reserva fiscal a las cooperativas", e indicó que el Gobierno carece de una política minera.
El ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, informó que, según la nueva norma, Comibol podrá operar con 47.000 cuadrículas a nivel nacional y es responsable de los contratos de arrendamiento. “Las reservas no van a ser otorgadas, y lo que pasa (conflictos por disputa de áreas de trabajo) en los diferentes distritos mineros va a ser de culpabilidad (del Gobierno)”, dijo Pérez.
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Albino García, dijo que el Gobierno debe garantizar el regreso de los cooperativistas a Colquiri y que esperaría hasta el mediodía de hoy para pedir formalmente la intervención gubernamental.
Proyecto de ley
El proyecto de ley está referido a la adecuación de derechos mineros a la Constitución Política del Estado (CPE) y reversión por inexistencia de actividades. “El objetivo de esta ley es establecer mecanismo de control y fiscalización sobre actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros así como establecer causales de caducidad aplicables a las autorizaciones transitorias especiales y causales de resolución de contratos mineros”, explicó.
Virreira dijo que “la falta de registro en términos establecidos es causal de caducidad y de resolución de contratos sin derecho a indemnización, retornando a dominio del pueblo boliviano las áreas mineras”.
El proyecto señala también que “constituye delito de allanamiento y destrucción o deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional, tipificado en los artículos 223 y 298 del Código Penal, los asentamiento no autorizados, avasallamientos y/o desarrollo de trabajos ilegales en aéreas mineras, sus autores cómplices y encubridores serán pasibles a sanciones”./Los Tiempos
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