UNIR: La información de ANF “no supuso distorsión, tergiversación o incitación al racismo”

En un extenso análisis sobre la querella gubernamental a la agencia Fides, “Página Siete” y “El Diario”, por el supuesto delito de difusión e incitación al racismo, el Observatorio Nacional de Medios (ONADEM), perteneciente a la Fundación UNIR, sostiene que la causal esgrimida por el Gobierno “no parece tener asidero en los hechos”.

El Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR afirmó este martes que la nota informativa de la Agencia de Noticias Fides (ANF) sobre el polémico discurso que pronunció el presidente Evo Morales en Tiahuanacu, el 15 de agosto pasado, “no supuso distorsión, tergiversación o incitación al racismo”.

En un extenso análisis de la querella gubernamental a la agencia Fides y los periódicos “Página Siete” y “El Diario” por el supuesto delito de “difusión e incitación al racimo o la discriminación, ONADEM señaló que “la causal aludida por la denuncia gubernamental (delito de difusión e incitación al racismo) no parece tener asidero en los hechos (las notas informativas)”.

En ese sentido, sugirió que “el gobierno debiera considerar la presentación de un reclamo formal tanto ante el Tribunal de Ética Periodística de la Asociación Nacional de la Prensa como ante el Consejo Nacional de Ética Periodística”.

ONADEM es un organismo dedicado al “seguimiento, análisis y evaluación sistemáticos del desempeño profesional de los medios periodísticos del país”, y a la investigación de las “percepciones, valoraciones, hábitos y expectativas de la ciudadanía acerca de los medios periodísticos”, según los objetivos enumerados en su página web.

Pertenece a la Fundación UNIR, la institución creada para la periodista Ana María Romero de Campero, ex Defensora del Pueblo del Pueblo y senadora por la Movimiento al Socialismo (MAS); fallecida hace más de un año en La Paz.

ONADEM realiza un pormenorizado análisis de los textos informativos, las reacciones gubernamentales, los argumentos legales y políticos del gobierno, las garantías constitucionales y la posición de los medios y las instituciones periodísticas. 

El Gobierno acusa a la agencia Fides de haber “distorsionado” el discurso presidencial al sustituir en el título de su nota sobre el tema el adjetivo “flojos” por el sustantivo “flojera”, y a “Página Siete” y “El Diario” de haberse apoyado en esa información.

Morales dijo en la ocasión: “En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el Altiplano es diferente; si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, es una verdad eso; pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”.

“En ese marco –señaló ONADEM- , si el presidente Morales manifestó que, a diferencia de lo que sucede en el altiplano, en el oriente ‘sólo por flojos podemos hambrear’, hizo claramente una referencia indirecta a la ‘flojera’ como causa probable de que se produzca hambre en la región oriental”.

“En consecuencia –prosiguió-, la interpretación periodística de las expresiones del presidente (derecho garantizado en el Art. 21 de la Constitución) presente en la nota informativa de la agencia Fides (‘Evo dice que si se hambrea en el oriente es por ´flojera´) no supuso distorsión, tergiversación o incitación al racismo”.

ONADEM recordó en su análisis sobre el caso que “un relato periodístico, por los modos técnicos de procesamiento de la información (que selecciona, organiza y jerarquiza los datos), es necesariamente una interpretación de aquello que es narrado”.

Según la institución, “la causal aludida por la denuncia gubernamental (delito de difusión e incitación al racismo) no parece tener asidero en los hechos (las notas informativas)”.

“De igual modo –prosigue-, tanto la acusación del gobierno en torno a las presuntas intenciones opositoras y confrontacionistas de los responsables de las noticias como su versión respecto a las supuestas consecuencias separatistas de esos materiales periodísticos aparecen claramente desvinculadas del cuestionamiento oficial inicial que se refería a una ‘tergiversación’ informativa”.

Al final de su análisis, la institución formula una serie de recomendaciones, tanto al Gobierno como a los medios:

“Dada la situación planteada –dice-, el gobierno debiera considerar la presentación de un reclamo formal tanto ante el Tribunal de Ética Periodística de la Asociación Nacional de la Prensa como ante el Consejo Nacional de Ética Periodística”.

“El gobierno debe reconocer –agrega- que ni la penalización de la interpretación periodística de los hechos ni el reiterado estímulo de un enfrentamiento con los medios informativos son una vía adecuada para lograr que la democracia y el pluralismo se fortalezcan o para que la ciudadanía acceda a información necesaria, responsable y de calidad”.

“A su vez –prosigue-, los responsables de los medios noticiosos y de los gremios periodísticos, además de defender y promover el Derecho a la Información y la Comunicación (DIC) establecido y garantizado por la Constitución Política del Estado, debieran ejercitar una supervisión ética y técnica más rigurosa sobre el tratamiento de las noticias, las opiniones y los análisis referidos a temas, instituciones y personas con repercusión pública”.

“Sin embargo –concluye-, las autoridades de los distintos ámbitos y niveles del Estado debieran considerar siempre el alcance que pueden llegar a tener sus actos y declaraciones en el espacio mediático. Y la ciudadanía debiera estar permanentemente vigilante y ser exigente respecto de la vigencia del DIC en el país”./ANF