El exprefecto de Cochabamba y exviceministro de Régimen Interior, Rafael Puente, señaló hoy que la posesión de Sacha Llorenti como Embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) es restarle puntos al llamado proceso de cambio y mantener la impunidad en los hechos luctuosos de Caranavi y Chaparina.
“La posesión de Sacha Llorenti es todo lo contrario de aportar, como ha expresado la exMinistra (de Defensa, Cecilia) Chacón, es todo lo contrario de querer reconducir, es mantener en impunidad todo lo ocurrido en Chaparina y Caranavi y dejar a toda la sociedad sin una explicación de lo que sucedió en esos momentos”, manifestó Puente en contacto con Erbol.
Rodolfo machaca, Secretario de Tierra y Territorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), indicó que la designación de Llorenti podría generar algunas repercusiones negativas para el país.
“Si tiene temas pendientes, esto va a generar algunas repercusiones por los temas irresueltos. Esto deja un poco frio a la población, toda esta situación, pero el tiempo lo dirá si es positivo o no el resultado de su designación”, señaló.
Puente reprochó la designación del exdefensor de los derechos humanos y señaló que “de alguna manera es una recompensa” a los malos servicios prestados siendo Ministro. “Eso es lo inexplicable y doloroso para todos los que seguimos creyendo que este proceso tiene que ir adelante”, dijo.
Machaca agregó que “hubiera sido mejor evitar la designación de Sacha Llorenti” y delegar a otros “hermanos y hermanas probas para asumir este cargo”.
“Hay muchos bolivianos dignos que podían merecer este cargo”, sostuvo.
Debía mantenerse en el proceso
El exPrefecto apuntó que Llorenti, como máxima autoridad política, debía permanecer en el caso Chaparina hasta el final, aunque no como culpable, pero si como responsable.
“Lo que es evidente es que no se trata solamente de ver si hay indicios de culpabilidad, este señor era el responsable político dentro del aparato del Estado, el responsable directo de todo lo que es orden público y desorden público y por tanto el que tenía la obligación de investigar y develar todo lo que había pasado es él”, remarcó.
Agregó, en ese sentido, que “eso es suficiente para que la Fiscalía no lo haga a un lado, pero que lo tenga como responsable, que lo tenga que investigar”.El presidente Evo Morales dijo este miércoles que hay 17 millones de hectáreas de tierras productivas en el país y que pueden distribuirse en la actualidad para quienes quieran trabajar.
El Primer Mandatario, en un acto púbico en la localidad cochabambina de Totora, señaló que se identificaron 23 millones de hectáreas, pero 17 millones sirven para el trabajo agrícola.
Un informe de diciembre de 2011 de la Fundación Tierra señala -sin embargo- que la disponibilidad de tierras fiscales en Bolivia apenas alcanza a 4,6 millones de hectáreas, desconectadas entre sí y sin continuidad territorial.
“El 2005 sólo habían 106 mil hectáreas de tierras fiscales productivas. Gracias a la nueva Constitución Política del Estado y el voto de ustedes ahora tenemos 23 millones de hectáreas y 17 millones de hectáreas productivas de libre disponibilidad”, afirmó el mandatario.
Durante la concentración campesina, Morales Ayma puso énfasis en la necesidad de encarar la explotación de la tierra, con el apoyo del Estado. Sin embargo, no mencionó cómo.
“Hermanas y hermanos, quieren tierras?….No hay problema, vámonos y vamos a garantizar y damos apoyo, estamos haciendo eso” dijo la primera autoridad del país.
En el mismo acto de la entrega de infraestructura deportiva en la población valluna, pidió también a los campesinos de los Yungas de Vandiola a que respeten el parque nacional Carrasco y no permitan la plantación de coca ilegal en aquella región.
“Ese respeto al parque no es para el Evo, no es para el Álvaro, es para el pueblo, especialmente para las futuras generaciones”, sostuvo.
Fundación Tierra
Las cifras que maneja la Fundación Tierra difieren del gobierno, respecto a la disponibilidad de tierras fiscales.
“Las tierras fiscales realmente disponibles son sólo 4,6 millones de hectáreas localizadas principalmente en los departamentos de Santa Cruz (1.8 millones), La Paz (1.2 millones) Beni (0.8 millones) y Pando (0.6 millones)”.
En general, estas tierras fiscales disponibles están conformadas por pedazos de tierra desconectados entre sí, sin continuidad territorial, alejados de las principales carreteras del país y sin cobertura de servicios básicos, señala la institución.
“Se trata de tierras de difícil acceso, que pueden estar inundadas algunos meses del año, o que no tienen mayor vocación productiva, razón por la cual no han sido ocupadas”, señala el informe escrito por Juan Pablo Chumacero de Tierra.
Esta entidad recuerda que la distribución de tierras fiscales puede ser definida como el proceso mediante el cual el Estado reconoce nuevos derechos de propiedad sobre la tierra a favor de personas colectivas o individuales.
Las tierras fiscales susceptibles de distribución han sido identificadas durante el saneamiento de tierras verificándose la ausencia de derechos sobre las mismas.
La Ley INRA establece que este proceso se realiza mediante la dotación de tierras a título colectivo o la adjudicación a título individual. La Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria realza la distribución mediante dotación colectiva a pueblos y comunidades indígena originario campesinas.
“Para ello, la ley establece que para la distribución de tierras fiscales se debe considerar a los pueblos y comunidades indígena originario campesinas que cumplan las siguientes condiciones en este orden: 1) que residan en el lugar y no posean tierras; 2) que residan en el lugar y no posean tierras en cantidad suficiente; y 3) que no residan en el lugar y no posean tierras o la posean de manera insuficiente”, agrega.
Hasta mayo de 2011 se había otorgado 1,3 millones de hectáreas, sin mencionar a los directos beneficiarios./Erbol
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