Pobladores de Padilla ven juicio con cierta distancia de las partes

Padilla ya es escenario del nuevo juicio por los hechos del 24 de mayo de 2008. El 12 de septiembre llegaron 16 de los 18 acusados con sus abogados, los tres fiscales asignados al caso, las víctimas y los abogados del Servicio de Defensa a las Víctimas (SEDAVI), que generaron mayor movimiento en la pequeña ciudad, además del arribo de periodistas y personas que apoyan a uno y otro grupo.

Los hoteles y pensiones fueron rebasados por la cantidad de gente, tanto que varias personas tuvieron que hospedarse en casas particulares. En el caso de las víctimas se alojaron en la sede de la Subcentralía Sindical, donde habilitaron una olla común para alimentarse. Lo propio hicieron los policías que se distribuyeron en los tres hostales y en ambientes habilitados en la población, pero se alimentaron en un sólo lugar.

La Policía movilizó más de 25 efectivos para resguardar el desarrollo del juicio; en los dos últimos días había al menos cinco vehículos policiales, lo que hacía prever posibles detenidos.

Pese a este movimiento, los pobladores de Padilla, de momento, no le dan mucha importancia al desarrollo del juicio, se los ve ocupados en sus actividades cotidianas, pero sí advierten la llegada de gente que no es del lugar y algunos conocen datos generales.

En esa línea, la gente prefiere no hablar del juicio y cuando se les pregunta responde en el anonimato, porque sospechan que pueden ser identificados si apoyan a uno u otro grupo de las partes en juicio. Sin embargo, hay excepciones.

Marlene Montero, una padillense de aproximadamente 45 años, sostiene que los ahora acusados no fueron los protagonistas de las vejaciones del 24 de mayo. “Si eso cree el Gobierno, en todo caso debía enjuiciar a todo el pueblo de Sucre que reaccionó por su reivindicación”.

“Pero las muertes de La Calancha siguen en la impunidad”, añade la entrevistada que vive en Padilla y sostiene que “es una pena” que se responsabilice sólo a unos, y otros que también fueron filmados en los hechos del 24 de mayo de 2008 sean “premiados”, y cita el caso del ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti que fue designado embajador ante la ONU.

Otra ciudadana no quiere revelar su nombre, primero le pide su credencial a este periodista porque considera que “no hay caso de declarar nada, lo pueden identificar”. Recuerda a algunos acusados por las obras que impulsaron para Padilla. Dice que Savina Cuéllar en su condición de Prefecta promovió la construcción de la Terminal de Buses que está a punto de entregarse. Del ex rector de la Universidad San Francisco Xavier, Jaime Barrón, afirma que impulsó la creación de las carreras de Enfermería y Mecánica Dental en Padilla.

Admite que en estos días en Padilla hay un movimiento inusual, pero no conoce a fondo cómo se desarrolla el proceso. Señala que la población de Padilla sin hacer manifestaciones expresa su apoyo moral a las ex autoridades ahora acusadas en un juicio penal.

A este respaldo se sumó un grupo de personas que llegó la tarde del jueves desde Sucre para expresar su protesta ante la pretensión del Ministerio Público, de pedir antes de iniciar el juicio oral, la detención preventiva de los acusados. La noche del jueves hicieron una vigilia encendiendo algunas velas en la puerta del salón de audiencias (salón parroquial).

Por su parte, las víctimas que llegaron a Padilla la madrugada del 12 de septiembre, luego de una marcha de protesta que partió de Sucre, esperan en silencio el desarrollo del juicio. Ingresan a la sala de audiencias y cuando se declara cuarto intermedio salen a sentarse en círculo al kiosco de la plaza Manuel Ascencio Padilla, resguardados por su representante, el ex alcalde de Mojocoya Ángel Vallejos.

ACUSADOS Y VÍCTIMAS

Entre los acusados se ven rostros de preocupación por el futuro de su situación jurídica. En el desarrollo de la audiencia sólo escuchan el debate jurídico entre sus abogados y los fiscales. Algunos momentos miran atónitos los argumentos de los fiscales y mueven la cabeza como rechazando esas aseveraciones y mostrando impotencia porque no pueden hacer nada, sólo esperar la reacción de sus abogados.

El universitario Antonio Jesús Mendoza confiesa que la noche del jueves lloró cuando escuchó la voz de su hijo menor que le preguntaba cuándo iba a retornar a Sucre. Sentía que le extrañaba después de tres días fuera de casa y con la incertidumbre de volver o no.

La acusada ex prefecta Savina Cuellar tuvo que recurrir a un centro médico para recibir atención.

En las víctimas hay mucho hermetismo. Sólo hablan entre ellos y con sus abogados, casi no permiten que la prensa se acerque, apenas algunas fotos desde la distancia; por eso, los periodistas no han podido acceder al lugar donde duermen y se alimentan.

Ante la falta de espacios en los tres hostales, varios de los acusados llegaron a hospedarse en casas particulares, en algunos casos de personas conocidas, pero al igual que el resto, para la alimentación recurrieron a las tres pensiones o al mercado municipal.

Entredichos de los acusados y la Fiscalía

Los acusados dicen que la suerte está echada. Los fiscales asignados al caso, Dante Romay, Gustavo Carrión y Jhonny Escobar, mantienen la intención de hacerlos detener en San Roque. Sólo confían en una leve esperanza de que el Tribunal de Sentencia de Padilla valore integralmente si corresponde una detención preventiva en este momento después de recibir la prueba que desvirtúa los argumentos de los fiscales.

El abogado Jaime Tapia afirma que la posibilidad de defenderse está muy relativizada en un escenario donde el Ministerio Público a toda costa intenta coartar la actividad de defensa de los acusados, según sus palabras.

Tapia dice que la Fiscalía pretende llevar a la cárcel a algunos acusados sin elementos probatorios. Anuncia que este lunes en una conferencia de prensa, previa a la audiencia cautelar prevista para el miércoles, mostrarán las pruebas en las que se basó la Fiscalía.

La Fiscalía sostiene que Savina Cuellar y Aydeé Nava fueron buscadas sin éxito en sus domicilios donde deben guardar detención, pero Tapia aclara que las buscaron en horarios de trabajo para el cual tienen autorización.

Asimismo, afirma que es falso que no hayan cumplido los arraigos cuando esta acción legal debe ser ejecutada por el propio Tribunal de Sentencia, en este caso el Tribunal de Sucre; si no se inscribieron estos arraigos, es precisamente porque el Tribunal de Sentencia no dispuso su inscripción.

“Vamos a denunciar estos atropellos ante la Fiscalía General porque no es posible que fiscales de materia estén abusando del poder y del derecho que tienen de solicitar medidas cautelares sin fundamento alguno”, añade.

Si embargo, el Fiscal Gustavo Carrión insiste en que los imputados no dieron cumplimiento a las medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva impuestas por un Tribunal de Sentencia que se desintegró en Sucre.

El fiscal departamental de Chuquisaca, Weimar Guzmán, que arribó a Padilla, ratificó que espera que este juicio concluya con una sentencia si es que la defensa no se aboca a recursos accesorios al tema central del juicio, que es el esclarecimiento de las vejaciones a campesinos.

La continuación del tratamiento de medidas cautelares está fijada para el miércoles 19 de septiembre cuando la defensa ofrecerá sus pruebas para intentar convencer al Tribunal de que los acusados no infringieron las medidas sustitutivas a la detención preventiva como la detención domiciliaria./Correo del Sur