Para extraditar a Goni, Bolivia debe ajustar sus fundamentos

Un requisito importante para viabilizar este trámite es que los delitos por los que es acusado una persona deben estar tipificados en la legislación de ambos países.

Si el Estado boliviano quiere extraditar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para que responda ante la justicia, por la masacre de octubre, debe ajustar necesariamente sus argumentos legales al tratado bilateral de extradición. Ésta es la opinión de tres expertos en temas internacionales consultados por este matutino.

En tanto, para el ex ministro de Defensa Legal del Estado y ahora diputado del MAS, Héctor Arce, las argucias legales de EEUU para negar la extradición de Sánchez de Lozada son “banales”. Karen Longaric, experta en temas internacionales, opinó que para iniciar cualquier trámite de extradición, el país solicitante debe tomar en cuenta “la legislación internacional”, “la legislación interna del país al que se solicita la extradición” y “la legislación del país que solicita la extradición”. 

“Sólo sobre esas bases jurídicas se puede realizar un buen trámite y hay requisitos insoslayables y que si no se cumplen hacen inviable la extradición”. La internacionalista explicó en el caso de Sánchez de Lozada, “estos requisitos que se deben cumplir están insertos tanto en el tratado bilateral suscrito con Estados Unidos como en la legislación boliviana, entre esos requisitos está la necesidad de que el delito por el que se imputa al extraditable esté tipificado en la legislación de ambos países, esto es la doble incriminación”. 

Precisamente, éste es uno de los argumentos de Estados Unidos por el que negó la entrega de Sánchez de Lozada y sus dos ex ministros Jorge Berindoague y Carlos Sánchez Berzaín. “Estas acusaciones están determinadas dentro de las leyes bolivianas y no existen leyes penales comparables en Estados Unidos. 

Como resultado, el delito de ‘resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes’ no cumple con el requisito de doble criminalidad del artículo II (1) del Tratado” señala la nota diplomática del Departamento de Estado de EEUU que fue enviada a la Cancillería boliviana, cuya traducción no oficial fue facilitada por el Gobierno. 

 El artículo II del tratado bilateral de extradición señala que este trámite procede cuando una pena está insertada en la legislación de ambas partes. Para el abogado internacionalista Mijael Leytón, “el tratado es bastante claro en relación con este punto por lo que al Estado no le queda otra que ajustar la demanda aunque ese proceso puede ser bastante largo y tedioso”. 

Un ex embajador que pidió guardar su nombre en reserva dijo que el Estado boliviano puede solicitar la revisión del fallo de manera directa y no así mediante organismos internacionales como la CIDH porque “se trata de una cooperación bilateral” en la que no interviene un tercero. 

“Está claro que se deben ajustar los argumentos”. Longaric consideró también que “en Bolivia pensamos que todo tiene que ser a nuestro estilo pasando por alto las prácticas internacionales y siempre nos equivocamos”./Pagina Siete