Oficialismo y oposición apoyan acción popular en contra de YPFB

Autoridades tarijeñas, tanto del oficialismo como de la oposición, manifestaron su total respaldo a la acción constitucional popular presentada en pasados días por el exdiputado Fernando Barrientos ante el Tribunal Departamental de Justicia, en contra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), representada por Carlos Villegas Quiroga, presidente interino, con el objetivo de que se aclare la figura que demanda Tarija respecto al pago de regalías por licuables de la venta de gas a Brasil. 

La acción constitucional popular,  en su parte principal, solicita “se ordene que YPFB haga efectivo el pago de regalías al departamento de Tarija por la explotación de hidrocarburos en su territorio desde la gestión 2007, de acuerdo al mandato de la Constitución Política del Estado, la Ley de Hidrocarburos y en base al precio asumido en contrato y pago adicional por la calidad del gas establecido desde la gestión 2007 por  addendum Nº 4, suscrito entre YPFB (Bolivia) y Petrobras (Brasil)”.

Al respecto, el vicepresidente del Comité Cívico de Tarija, Mario Cavero, a tiempo de expresar su respaldo, afirmó que la acción popular es una medida que está enmarcada en la Constitución Política del Estado (CPE), y que la misma obedece al reclamo legítimo de un derecho que corresponde al departamento por ser productor de hidrocarburos.

Explicó que dicha acción, en caso de proceder, podrá legalmente transparentar el ingreso de recursos que tiene Tarija. Esto irá paralelo a la acción asumida por Cavero, quien hace semanas entregó una carta al Ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, en manos propias, en la que se le pedía que el Gobierno trate el tema del pago de licuables y regalías, misma que hasta la fecha no tiene respuesta alguna.

“La acción (popular) obedece a la defensa legal, también está la vía cívica, que podría convertirse en movilizaciones, instancia a la que no quisiéramos llegar”, advirtió Cavero, mencionando que el Gobierno debe tener la capacidad para escuchar a las regiones, ya que estos son problemas que emergen de la falta de atención a derechos constitucionales establecidos, como es el pago de regalías por licuables.

Cavero propuso que paralelamente a que se esperen resultados del Tribunal Departamental de Justicia, sería importante que el gobernador interino, Lino Condori, de manera más ágil, exija al Gobierno se aclare la situación de los hidrocarburos en Tarija, y la deuda histórica por los licuables, ya que existen nuevas demandas y recursos, como la del sector indígena, que en los siguientes días se dará a conocer

APOYO OFICIALISTA 

El diputado Luis Alfaro (MAS) saludó la acción interpuesta por Barrientos, al momento de inferir que apoya cualquier acción que impulsen exautoridades o ciudadanos,  que se valgan de los recursos legales establecidos en la CPE para defender los intereses del departamento.

Asimismo, manifestó que es importante que más allá de estas actuaciones grupales o individuales, Tarija retome la defensa de los recursos valiéndose de la institucionalidad, mostrando un rostro unido y no de división. “Ojalá se retome la instancia de institucionalidad que le hace tanta falta a Tarija, ya que  representa mayor respaldo y fuerza en un tema delicado como es el de los hidrocarburos. Vamos a respaldar, como la iniciativa del licenciado Barrientos, cualquier otra para que se respete la ley, y se la cumpla, si así es procedente”, dijo.

Empero, subrayó que también es menester  que la Gobernación y la Asamblea Departamental asuman las acciones legales, así como lo debería hacer la Comisión Multisectorial que se creó para defender los intereses departamentales en el conflicto del campo Margarita, junto al Comité Cívico. “Espero que las instituciones vuelvan a unirse para plantear lo que le corresponde a Tarija”, concluyó.

APOYO PESE A DESCONFIANZA 

El asambleísta departamental Johnny Torres (Camino al Cambio), a tiempo de destacar la acción constitucional popular presentada en contra de YPFB por el pago de licuables, espera que la misma tenga resultados positivos en beneficio de los intereses departamentales.

Sin embargo, según Torres, “desgraciadamente” la justicia en Tarija, como a nivel nacional, -supuestamente – “esta comprada por el MAS”, por lo que lamentó que la misma presente a veces “resultados totalmente parcializados”.

Asimismo, el asambleísta recordó que hace cinco meses interpusieron una acción popular como bancada por el conflicto del campo Margarita, los licuables y la falta de rendición de cuentas de las regalías por parte del Gobierno, misma que fue rechazada “in limine”, incluso, sin lugar a discutirlo en base a fundamentos en una audiencia. Lo mismo ocurrió, según dijo, con la acción interpuesta por el Comité Cívico.

Bajo este contexto y a tiempo de indicar que espera que a Barrientos, “le vaya mejor”, Torres remarcó que con la gente que se tiene en el poder judicial resulta dudoso confiar en la justicia, así estén en su derecho de pedir al Gobierno respuestas, debido, según el asambleísta, a que esta instancia estuviere “tomada por las células de abogados del MAS”.

El conducto por el que pasan estas acciones legales, según explicó, consiste en que el Tribunal Departamental de Justicia, primeramente recibe la acción, luego sortea a dos vocales, los mismos admiten el recurso, se va a audiencia, y es ahí donde se falla sobre tablas si procede o no el recurso.

LA EXPLICACIÓN DE BARRIENTOS 

Barrientos asegura que la Ley de Hidrocarburos, en su artículo 56, señala que el precio del gas natural a los mercados externos serán ajustados por la calidad del gas, por lo que desde el 2007 le corresponde a nuestro departamento el 11% de los recursos que YPFB ya recibió de los 100 millones de dólares. 

“Por la gestión 2007 y hasta la fecha, Tarija no recibió ni un solo centavo de ese dinero por tal situación consideramos que se ha violentado el patrimonio público departamental”, subrayó Barrientos.

El exdiputado manifestó, de manera taxativa, que a Tarija le corresponde el pago por licuables de un monto aproximado de 11 a 18 millones de dólares anualmente desde la gestión 2007 hasta 2019. “Existe un temor de dependencia por parte de las autoridades de turno, por tal razón no se inician las acciones pertinentes con el fin de reclamar lo que le corresponde a Tarija”, lamentó.

Barrientos anticipó a los medios de comunicación que hoy se podría conocer si se admitió el recurso de acción popular presentado al Tribunal Departamental de Justicia, enmarcado en algo que por ley debería ser aceptada.

SOCIEDAD TARIJA – YPFB

El anhelo de la institucionalidad tarijeña, a la que se sumaron alcaldes de las principales capitales y autoridades departamentales, sigue firme como el primer día, demandando al Gobierno consolidar la propuesta de crear una sociedad entre YPFB y Tarija en el proceso de industrialización de los hidrocarburos.

El último que se pronunció sobre este tema fue el alcalde de Tarija y la provincia Cercado, Oscar Montes Barzón, quien señaló que de concretarse este anhelo, el departamento percibirá millonarias ganancias que a lo posterior simbolizará el desarrollo de la región. 

Para Montes, la formalización de la sociedad YPFB – Tarija aseguraría para el departamento una fuente de ingresos económicos millonarios, tomando en cuenta los emprendimientos que actualmente la estatal petrolera desarrolla en el sur del país.

“Esperemos que estos emprendimientos que haga Yacimientos (YPFB) se los maneje de manera idónea, de manera transparente, porque son proyectos de alta rentabilidad y entonces quien sea socia de esos emprendimientos, va a tener asegurado una fuente de ingresos muy importante para los próximos veinte o treinta años”, explicó.

Empero, para el burgomaestre tarijeño, la concreción de este anhelo institucional de Tarija podrá consolidarse a través de la unión de las autoridades políticas del departamento y el impulso que podría activar el Comité Cívico agotando las instancias para afinar esta demanda, que lo único que busca es el desarrollo de Tarija a través de recursos naturales como el gas, que es actualmente la principal fuente económica del país./El País