Los suplentes toman oficinas de disidentes

Concejo. Acudieron con notarios de fe pública. Se anuncian despidos

Acompañados por abogados, funcionarios de bienes patrimoniales y una notaria, los concejales suplentes procedieron ayer por la tarde a la apertura de las oficinas de los siete concejales suspendidos, deschapando los candados y archivando sus efectos personales. El concejal Romel Porcel, de Santa Cruz Para Todos (SPT), explicó que la medida responde a una determinación asumida durante la última sesión y es producto de la necesidad de tener condiciones de trabajo.

Con el desalojo y posesión de las oficinas por parte de los suplentes se sembró incertidumbre en muchos funcionarios que fueron contratados por los ‘disidentes’. Esto debido a que el concejal Romel confirmó que procederán a la evaluación y despido de secretarias, choferes y asistentes. 

“Cuando los titulares asumieron pidieron gente de su confianza para trabajar. Nosotros pedimos lo mismo. Debemos recordar que estas personas no accedieron por concurso de méritos, sino que tienen puestos políticos”, argumentó Porcel.

Con este hecho se ponen en riesgo más de 20 puestos laborales. En reunión muchos de los funcionarios optaron por esperar para ver si continuarán en sus respectivas funciones. “No sabemos qué vamos a hacer. Por ahora nos toca esperar y qué decidan”, comunicó una de ellos.

Por su parte, el concejal suspendido Oscar Vargas calificó este hecho como ilegal, porque el proceso legal aún está abierto. “El hecho de invadir, deschapar y tomar pertenencias son actos dolosos con consecuencias penales”, afirmó. Del mismo modo cuestionó la toma de las oficinas sin anticipación. “No sé cuál es el apuro”, dijo. 

IDÍLIO legal
POA. El primer indicio de división entre ejecutivo y legislativo municipal se produjo el 27 de febrero, cuando el Concejo rechazó el informe de gestión del Ejecutivo, lo que causó que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas congelara las cuentas municipales. 

Suspensión. El 19 de marzo el Concejo hizo lectura del proceso contra la presidenta del legislativo, Desirée Bravo, por parte del Ministerio Pública y siete concejales votan a favor de suspenderla. En la oportunidad hubo abstención de tres ediles del MAS. 

Restitución. Cuatro meses después la concejala Bravo fue restituida. El 21 de julio los ‘disidentes’ fueron acusados de “incumplimiento de deberes”. A partir de entonces se desencadenó una contienda legal, que en agosto habilitó a los suplentes./El Deber