Terminó la inspección realizada por la Comisión Departamental de Hidrocarburos a los campos gasíferos de Margarita y San Alberto, ubicados en lel Chaco tarijeño, donde concluyeron exigir de manera inmediata que las empresas petroleras que operan en estos sectores tributen y se registren en Tarija, para que así el departamento se beneficie del pago de impuestos y la contratación de personal local. En la inspección participaron la Brigada Parlamentaria, Comisión de Derechos Humanos y de Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), la Central Obrera Departamental (COD), la Federación de Trabajadores Petroleros del Chaco, Comités Cívicos, Comité Defensores del Chaco, Ministerio de Trabajo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los sindicatos de desocupados.
Miguel Justiniano, presidente del Comité Defensores del Chaco, dio a conocer un extenso pliego de peticiones que en los próximos días las empresas petroleras están obligadas a cumplir.
Justiniano dijo Repsol deberá cumplir con el pliego hasta el 28 de septiembre, y Petrobras hasta el 12 de octubre, que llegan a ser 15 días hábiles, caso contrario podrían iniciarse medidas de presión.
Entre los principales puntos del pliego está la mejora de la escala salarial que debe superar los 2.800 bolivianos mensuales que gana un ayudante. A esto se suma la solicitud sobre la contratación de mano de obra calificada y no calificada. Un 85% del personal deberá ser de Tarija, tal como establece la ley departamental que fue aprobada recientemente en la ALDT.
Según asesora legal de la Federación de Trabajadores Petroleros del Chaco, Rosa Colpari, también se pide un informe del estado de los trabajadores contaminados por mercurio en San Alberto, el pasado 2009.
LAS CONCLUSIONES
EN MARGARITA
Justiniano, al hacer lectura del acta concluyente, informó que el cumplimiento del pliego de peticiones de los sectores de los trabajadores y de la comisión departamental de hidrocarburos es de carácter obligatorio.
Se demanda la presentación de los contratos de la empresa Repsol y las empresas subcontratadas. Exigen la contratación del personal de mano de obra calificada y no calificada con prioridad de la zona y del departamento de Tarija.
Emplaza que la escala salarial debe ser de acuerdo a la realidad social y del rubro petrolero. Comprometen firmar un convenio salarial colectivo con todas las empresas que operan en el campo Margarita, con participación de la COD y el Ministerio de Trabajo. Exigen el cumplimiento de las leyes sociales y laborales.
Exigen que los contratos laborales deban ser “visados” en Tarija a través de la Jefatura Departamental de Trabajo. Las autoridades del Estado deberán abrir una inspectoría de trabajo en la provincia O’Connor.
Advierten que las empresas que vulneren derechos laborales no serán tomadas en cuenta en actividades petroleras del departamento a futuro. Solicitan una explicación del ¿por qué? de la tercerización de los contratos petroleros.
Las empresas petroleras deben establecer domicilio legal en el departamento de Tarija (en la región productora). Exigen la conciliación de cuentas de la primera fase y todas las subcontratistas por parte de Repsol. Piden la elaboración de más proyectos que beneficien a las comunidades afectadas por el impacto ambiental.
Solicitan informe para determinar la afectación en la extracción de áridos y otros daños medioambientales. También deberán investigar y procesar a falsos dirigentes que cometen actos irregulares con el cobro de diezmo a los trabajadores. Obligarán la contratación de los servicios en Tarija.
PUNTOS A CUMPLIR
Dentro de las conclusiones también está la revisión del contrato de operación de la empresa Repsol del bloque, por parte de la Asamblea Plurinacional, además de la promulgación del decreto de recuperación del paquete accionario del 25% de Margarita a favor del Estado.
Además, hay reclamos de la empresa Falcón que presta servicios de seguridad y catering. Éste no cumple con los requisitos legales en su contrato y se le da 72 horas de plazo para que presente la documentación a la Jefatura Departamental Ministerio de Trabajo.
Todas las empresas petroleras y Subsidiarias deberán cumplir con la conminatoria del instructivo número 181/12, su inscripción y registro obligatorio en la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo y la presentación trimestral de sus registros, planillas del personal que presta servicios, además si vulneran la normativa boliviana, no deben ser consideradas para una nueva contratación.
Además, se exige la revisión de los contratos de las empresas: Técnicas Reunidas, Bolinter, Inesco, Káiser, Vialco, IST, G4S, La Cacerola, Génesis y otras.
Requieren que la presentación de los proyectos petroleros deba realizarse en la capital del departamento y en la región a ejecutarse. Se solicita a la empresa operadora que la contratación de personal sea de la “contratista” y no de las “subcontratistas” en cumplimiento al Decreto Supremo 521, prohibición de tercerización.
Demandan que se respete la sindicalización y organización de los trabajadores. Solicitan emitir una resolución ministerial de Hidrocarburos para que las petroleras puedan situar su domicilio legal en el departamento.
Finalmente, el pliego solicita a YPFB que Repsol presente el listado de empresas contratadas, la lista de trabajadores con nombre, cargo, procedencia y aval.
LAS CONCLUSIONES
EN SAN ALBERTO
En el bloque del campo San Alberto, exigen que la contratación de empresas de servicios y la mano de obra calificada y no calificad sea de la región y del departamento, con salario digno. Solicitan que la presentación de proyectos petroleros deba realizarse en la zona de influencia directa y en la capital del departamento.
Piden que se respete el derecho de sindicalización y a organización de los trabajadores. El Ministerio de Hidrocarburos deberá emitir una resolución para que las empresas petroleras establezcan su domicilio legal en el departamento de Tarija.
YPFB deberá pedir a Petrobras que presente el listado de empresas contratados en San Alberto e Itaú, además de la lista de los trabajadores mediante la siguiente característica: nombre, cargo, procedencia y aval.
La recepción de denuncias de las actividades petroleras será recepcionada en oficinas de YPFB en Villa Montes para después poner en conocimiento a las instancias que correspondan. Las empresas que violen y vulneren el sistema normativo Boliviano no deben ser tomadas en cuenta para nuevas contrataciones.
Petrobras debe cumplir con el pago de servicios y salarios en el lugar de trabajo y no en Santa Cruz. Asimismo, debe remitir informe actualizado sobre la contaminación con mercurio de trabajadores en la gestión 2009.
Demandan al Estado recuperar el 25% de Margarita
Miguel Justiniano, presidente del Comité Defensores del Chaco, reveló que otra de las demandas que surgió de la inspección a los campos gasíferos fue la solicitud a los ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la recuperación del 25% de las acciones del campo Margarita hacia el Estado. Las acciones actualmente están en manos de la petrolera Pan American Energy.
Señaló que a petición de la Asociación de Multiservicios de la Provincia O’Connor se insertó en informe final la recuperación a favor del Estado del 25 % de las acciones de Margarita.
Justiniano, explicó que esto simplemente sería el cumplimiento a un Decreto Supremo ya anunciado por el Gobierno meses atrás, que da cuenta sobre la recuperación mayoritaria (Nacionalización) de los contratos en el campo Margarita.
Dijo que este decreto consiste en “ponerse al día” con la reversión de las acciones que tiene en sus manos la petrolera Pan American Energy, empresa que opera en Margarita con el porcentaje accionario mencionado.
DENUNCIAS
Campo Margarita
Un representante de Villa Montes denunció la extracción desmedida de áridos del río Pilcomayo, por lo que se pedirá una fiscalización con carácter técnico al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por supuesta aceleración del arrastre del sedimento.
Paúl Fernández, trabajador de la empresa G4S, denunció el incumplimiento del pago del bono de aeropuerto desde el mes de noviembre de 2011 y también montos reducidos para alimentación y lavado de ropa de 20 bolivianos por día.
Campo San Alberto
Freddy Murguía denunció la falta de pago del bono de alimentación por parte de la empresa Conduto.
Juan Carlos Murguía, denunció la falta de celeridad de los exámenes posocupacionales por parte de las empresas que capacitan.
La Defensoría del Pueblo del Chaco, denunció el daño ambiental en la comunidad de Santa Rosa por la empresa Conduto. Solicitó un peritaje ambiental ante las instancias correspondientes de la planchada del pozo Itaú X4./El País
Justiniano dijo Repsol deberá cumplir con el pliego hasta el 28 de septiembre, y Petrobras hasta el 12 de octubre, que llegan a ser 15 días hábiles, caso contrario podrían iniciarse medidas de presión.
Entre los principales puntos del pliego está la mejora de la escala salarial que debe superar los 2.800 bolivianos mensuales que gana un ayudante. A esto se suma la solicitud sobre la contratación de mano de obra calificada y no calificada. Un 85% del personal deberá ser de Tarija, tal como establece la ley departamental que fue aprobada recientemente en la ALDT.
Según asesora legal de la Federación de Trabajadores Petroleros del Chaco, Rosa Colpari, también se pide un informe del estado de los trabajadores contaminados por mercurio en San Alberto, el pasado 2009.
LAS CONCLUSIONES
EN MARGARITA
Justiniano, al hacer lectura del acta concluyente, informó que el cumplimiento del pliego de peticiones de los sectores de los trabajadores y de la comisión departamental de hidrocarburos es de carácter obligatorio.
Se demanda la presentación de los contratos de la empresa Repsol y las empresas subcontratadas. Exigen la contratación del personal de mano de obra calificada y no calificada con prioridad de la zona y del departamento de Tarija.
Emplaza que la escala salarial debe ser de acuerdo a la realidad social y del rubro petrolero. Comprometen firmar un convenio salarial colectivo con todas las empresas que operan en el campo Margarita, con participación de la COD y el Ministerio de Trabajo. Exigen el cumplimiento de las leyes sociales y laborales.
Exigen que los contratos laborales deban ser “visados” en Tarija a través de la Jefatura Departamental de Trabajo. Las autoridades del Estado deberán abrir una inspectoría de trabajo en la provincia O’Connor.
Advierten que las empresas que vulneren derechos laborales no serán tomadas en cuenta en actividades petroleras del departamento a futuro. Solicitan una explicación del ¿por qué? de la tercerización de los contratos petroleros.
Las empresas petroleras deben establecer domicilio legal en el departamento de Tarija (en la región productora). Exigen la conciliación de cuentas de la primera fase y todas las subcontratistas por parte de Repsol. Piden la elaboración de más proyectos que beneficien a las comunidades afectadas por el impacto ambiental.
Solicitan informe para determinar la afectación en la extracción de áridos y otros daños medioambientales. También deberán investigar y procesar a falsos dirigentes que cometen actos irregulares con el cobro de diezmo a los trabajadores. Obligarán la contratación de los servicios en Tarija.
PUNTOS A CUMPLIR
Dentro de las conclusiones también está la revisión del contrato de operación de la empresa Repsol del bloque, por parte de la Asamblea Plurinacional, además de la promulgación del decreto de recuperación del paquete accionario del 25% de Margarita a favor del Estado.
Además, hay reclamos de la empresa Falcón que presta servicios de seguridad y catering. Éste no cumple con los requisitos legales en su contrato y se le da 72 horas de plazo para que presente la documentación a la Jefatura Departamental Ministerio de Trabajo.
Todas las empresas petroleras y Subsidiarias deberán cumplir con la conminatoria del instructivo número 181/12, su inscripción y registro obligatorio en la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo y la presentación trimestral de sus registros, planillas del personal que presta servicios, además si vulneran la normativa boliviana, no deben ser consideradas para una nueva contratación.
Además, se exige la revisión de los contratos de las empresas: Técnicas Reunidas, Bolinter, Inesco, Káiser, Vialco, IST, G4S, La Cacerola, Génesis y otras.
Requieren que la presentación de los proyectos petroleros deba realizarse en la capital del departamento y en la región a ejecutarse. Se solicita a la empresa operadora que la contratación de personal sea de la “contratista” y no de las “subcontratistas” en cumplimiento al Decreto Supremo 521, prohibición de tercerización.
Demandan que se respete la sindicalización y organización de los trabajadores. Solicitan emitir una resolución ministerial de Hidrocarburos para que las petroleras puedan situar su domicilio legal en el departamento.
Finalmente, el pliego solicita a YPFB que Repsol presente el listado de empresas contratadas, la lista de trabajadores con nombre, cargo, procedencia y aval.
LAS CONCLUSIONES
EN SAN ALBERTO
En el bloque del campo San Alberto, exigen que la contratación de empresas de servicios y la mano de obra calificada y no calificad sea de la región y del departamento, con salario digno. Solicitan que la presentación de proyectos petroleros deba realizarse en la zona de influencia directa y en la capital del departamento.
Piden que se respete el derecho de sindicalización y a organización de los trabajadores. El Ministerio de Hidrocarburos deberá emitir una resolución para que las empresas petroleras establezcan su domicilio legal en el departamento de Tarija.
YPFB deberá pedir a Petrobras que presente el listado de empresas contratados en San Alberto e Itaú, además de la lista de los trabajadores mediante la siguiente característica: nombre, cargo, procedencia y aval.
La recepción de denuncias de las actividades petroleras será recepcionada en oficinas de YPFB en Villa Montes para después poner en conocimiento a las instancias que correspondan. Las empresas que violen y vulneren el sistema normativo Boliviano no deben ser tomadas en cuenta para nuevas contrataciones.
Petrobras debe cumplir con el pago de servicios y salarios en el lugar de trabajo y no en Santa Cruz. Asimismo, debe remitir informe actualizado sobre la contaminación con mercurio de trabajadores en la gestión 2009.
Demandan al Estado recuperar el 25% de Margarita
Miguel Justiniano, presidente del Comité Defensores del Chaco, reveló que otra de las demandas que surgió de la inspección a los campos gasíferos fue la solicitud a los ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la recuperación del 25% de las acciones del campo Margarita hacia el Estado. Las acciones actualmente están en manos de la petrolera Pan American Energy.
Señaló que a petición de la Asociación de Multiservicios de la Provincia O’Connor se insertó en informe final la recuperación a favor del Estado del 25 % de las acciones de Margarita.
Justiniano, explicó que esto simplemente sería el cumplimiento a un Decreto Supremo ya anunciado por el Gobierno meses atrás, que da cuenta sobre la recuperación mayoritaria (Nacionalización) de los contratos en el campo Margarita.
Dijo que este decreto consiste en “ponerse al día” con la reversión de las acciones que tiene en sus manos la petrolera Pan American Energy, empresa que opera en Margarita con el porcentaje accionario mencionado.
DENUNCIAS
Campo Margarita
Un representante de Villa Montes denunció la extracción desmedida de áridos del río Pilcomayo, por lo que se pedirá una fiscalización con carácter técnico al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por supuesta aceleración del arrastre del sedimento.
Paúl Fernández, trabajador de la empresa G4S, denunció el incumplimiento del pago del bono de aeropuerto desde el mes de noviembre de 2011 y también montos reducidos para alimentación y lavado de ropa de 20 bolivianos por día.
Campo San Alberto
Freddy Murguía denunció la falta de pago del bono de alimentación por parte de la empresa Conduto.
Juan Carlos Murguía, denunció la falta de celeridad de los exámenes posocupacionales por parte de las empresas que capacitan.
La Defensoría del Pueblo del Chaco, denunció el daño ambiental en la comunidad de Santa Rosa por la empresa Conduto. Solicitó un peritaje ambiental ante las instancias correspondientes de la planchada del pozo Itaú X4./El País
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