La dirigencia de los originarios que rechazan la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) aclaró que no se opone a la consulta enmarcada en la Constitución Política del Estado y las normas internacionales respecto de los derechos de los pueblos indígenas, sino a la que el Gobierno hace en esta reserva natural bajo el paraguas de la Ley 222 y que presuntamente es ilegal.
El técnico de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Lázaro Tacó, aseguró que la consulta que impulsa el Ejecutivo “atenta contra toda normativa”.
“No nos oponemos a la consulta como tal, pero esta consulta, así como está, la estamos rechazando porque está fuera de las normas establecidas por ley”, señaló Tacó.
El dirigente indígena explicó que la Ley 222, promulgada por el presidente Evo Morales Ayma en febrero pasado, “divide y desconoce a las organizaciones originarias y organiza dirigencias paralelas con el propósito de que sean reconocidas las decisiones que asume el Gobierno central y no así los derechos de los pueblos indígenas”.
“Tampoco es libre, cómo puede ser libre si (los del Gobierno) nos presionan y nos amenazan. Si es informada deberían mostrarnos los resultados del estudio de impacto ambiental, todo lo que nos favorece y nos conviene, pero el presidente Morales quiere construir una carretera sea como sea, por encima de nuestros derechos”, dijo Tacó.
Entre tanto, el dirigente indígena Youcy Fabricano aseguró que “las brigadas del Gobierno están llevando adelante un irregular proceso de consulta al interior del Parque Nacional Isiboro Sécure, excluyendo a familias de la consulta o contabilizando comunidades que no existen”.
“En la comunidad de Puerto San Lorenzo ha entrado una comisión y ha hecho la consulta a dos familias, y van a decir que ya han hecho la consulta”, agregó el dirigente en declaraciones a la Agencia de Noticias Fides./Pagina Siete


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