Gobierno tomó al menos ocho acciones en contra de la prensa

Ven que el Ejecutivo avanza en una estrategia de controlar y amedrentar a los medios críticos. Desde el Gobierno no se está de acuerdo con esa perspectiva.

“Estamos sometidos por algunos periodistas y medios de comunicación a un terrorismo mediático”, dijo el presidente Evo Morales en su discurso de asunción el 22 de enero de 2006. 
Esa alusión marca el inicio de una relación compleja entre el Ejecutivo y los medios masivos. Desde esa fecha, el Gobierno tomó al menos ocho acciones contra el trabajo que efectúa la prensa.
El tema cobró relevancia debido al proceso interpuesto por el Ministerio de la Presidencia contra la Agencia de Noticias Fides, El Diario y Página Siete por el presunto delito de “difusión e incitación al racismo” y “distorsionar” un discurso del presidente Morales.
Ése fue el último hecho, pero hay otros. Página Siete realizó una revisión hemerográfica de periódicos desde 2006 y entrevistas para identificar las acciones. A modo general se puede señalar que hay un bloque relacionado con disposiciones, leyes o proyectos normativos que coartan la libertad de expresión. 
Otro grupo de acciones se relaciona con ataques del Gobierno a medios y periodistas. El tercero se refiere al inicio de procesos legales o amenazas de hacerlo.
En el grupo de las normas está la intención de modificar la Ley de Imprenta. En 2008, el presidente propuso eliminar el secreto de imprenta y el lunes, el diputado del Movimiento Al Socialismo Galo Bonifaz dijo que está abierta la posibilidad de modificar la normativa en cumplimiento al pedido de la Cumbre Social de enero.
En este bloque también figuran las bases de un proyecto de ley de 2006 presentado por el entonces diputado masista Iván Canelas, quien luego fue ministro de Comunicación. El legislador planteó procesos para autorregular el trabajo periodístico y la creación de un observatorio de medios.
Las restricciones establecidas en la Ley de Régimen Electoral en la difusión de información y la cobertura hacia los postulantes a cargos del Órgano Judicial (2010) también han afectado el ejercicio periodístico, al igual que la Ley contra el Racismo, que determina sanciones a los medios que difundan ideas racistas.
Otra medida que se enmarca en el bloque de las normas es la Ley de Telecomunicaciones de 2011 que reduce la distribución de las frecuencias para medios privados a partir de 2016.
Respecto al segundo grupo, referido a los ataques a la prensa, el Gobierno ha cuestionado públicamente y en diversas oportunidades a los medios de comunicación. Pero también se ha estrellado directamente contra periodistas. Uno de los casos fue en 2008, cuando el Presidente interpeló en una conferencia a un reportero del periódico La Prensa.
En otra conferencia, Morales también cuestionó a un periodista de Página Siete interrogándolo si era chileno debido a una pregunta que había realizado. 
En el bloque de las acciones legales contra los medios figura una disposición de 2008 lanzada por la entonces Superintendencia de Telecomunicaciones en la que se advertía con sancionar a los medios que difundan información que dañe o alarme a la población 
El último caso es el proceso que involucra a ANF, El Diario y Página Siete por la vía penal. 
Lecturas e interpretaciones 
El ex vocero del Gobierno Álex Contreras considera que la denuncia contra los tres medios es parte de una “estrategia” del Ejecutivo para “tener el control de los mensajes” que se emiten, con miras a la aprobación de una ley que “reemplace a la Ley de Imprenta”. 
“Por esa razón, y de manera sistemática, se ha ido no solamente vulnerando los derechos de los comunicadores y periodistas, sino también que se ha hablado (...), por ejemplo, que los medios de comunicación en el país son la mejor oposición al Gobierno”, asegura. 
En ese sentido, recuerda que los periodistas fueron calificados por el Presidente como enemigos, pollos de granja, vuvuzelas sudafricanas, entre otras apreciaciones. 
Miguel Manzanera, director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sostiene que estas acciones se deben a que el Gobierno está embarcado en una estrategia para tener el poder total. 
“El vicepresidente (Álvaro) García Linera ya lo anunció, que lo ideal para el Gobierno es el poder total. No solamente el poder Ejecutivo, sino también el Legislativo, el Judicial, el Electoral y ahora estarían en esa estrategia de tratar de captar el poder comunicacional”, asegura. 
En cambio, Idón Chivi, director de Estudios del Ministerio de Comunicación, rechaza que haya una estrategia del Ejecutivo para controlar o amedrentar a los medios de comunicación o a los periodistas. 
Sostiene que prueba de ello es que hay medios que llegaron “a extremos ya insospechados en la falta a la verdad, en un libertinaje de expresión”.

Puntos de Vista

Juan León Director de la ANP El ejercicio de la prensa libre es una piedra en el zapato para gobiernos autoritarios, totalitarios, dictatoriales. A ninguno de éstos les gusta el control fiscalizador de la prensa, que exige el respeto de las normas y de los derechos constitucionales. Esa tendencia se hace más grave aún cuando ese tipo de gobiernos tiene cosas que ocultar: violación a derechos humanos o corrupción, que por su naturaleza son posibles sólo cuando el control total del poder garantiza impunidad total. En el caso de regímenes de ese tipo, que pretenden proyectar una imagen de democracia y de respeto a leyes, la estrategia es anular la capacidad de fiscalización que ejerce la prensa.

Alex contreras Ex vocero del Gobierno Este atentado que se está cometiendo contra tres medios de comunicación es parte de una estrategia para controlar los medios, a través de una nueva ley. Si el Gobierno no lo hace ahora (sancionar esa ley), dudo que lo pueda hacer al año, porque ya será preelectoral y lógicamente la opinión de la ciudadanía interesa muchísimo en una etapa así. El Gobierno no actúa solo. Debemos mirar lo que está ocurriendo en Ecuador, Venezuela y Argentina, donde la relación Gobierno – medios es patética. Cómo gobiernos con un gran apoyo de la ciudadanía atentan contra la libertad de información, pero no sólo atentan a los medios, sino también a la ciudadanía, al pueblo./Pagina Siete