Falta más de un tercio de la tierra por sanear en el país

Los datos del INRA muestran que se sanearon 62,8 millones de hectáreas, de un total de 106,7 millones. Aún quedan por sanear 41,2% de hectáreas en el país.

En 1996, Bolivia se embarcó en un proceso de saneamiento de tierras que no logró su meta. Tras cumplirse el plazo de diez años, en 2006, el Gobierno amplió el plazo por siete gestiones más para culminar esa labor. No obstante, aparentemente a un año de cumplir ese vencimiento, es probable que el país no alcance ese cometido. 

El tema cobra relevancia porque uno de los objetivos que fijó el presidente Evo Morales para 2025 es la “autosuficiencia alimentaria, con soberanía”. Según expertos, culminar el saneamiento es fundamental para el desarrollo rural.

Hasta julio del presente año, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) saneó 62,8 millones de hectáreas (ha), lo que representa el 58,8% de superficie que debe pasar por ese procedimiento, según el informe Reconducción Comunitaria de la Revolución Agraria Enero - Julio 2012, colgado en la web de esa entidad.

Hay coincidencia en que durante el período que regenta el partido oficialista en el Gobierno hubo avances notorios en este trabajo, con respecto al período anterior.

Datos oficiales muestran que entre 1996-2005 se sanearon 9,3 millones de hectáreas con una inversión de 85,1 millones de dólares. Mientras que desde 2006 hasta julio de este año se realizó ese trabajo en 53,4 millones de ha, con una ejecución de $us 84,2 millones.

No obstante, pese al gran avance y el ritmo que se registra, no es suficiente para cumplir la meta. El total de tierras que deben pasar por ese proceso asciende a 106,7 millones de ha. Restando lo que se avanzó, aún quedan por intervenir 43,9 millones de ha (41,2%).

Ante este panorama, Rodolfo Machaca, secretario de Tierra y Territorio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y Juan Guarayo, mallku de la Comisión de Tierra Territorio del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), consideran que no se alcanzará la meta hasta octubre de 2013 y cada cual pide que se amplíe el plazo de este proceso. Al respecto, el viceministro de Tierras, Jorge Barahona, sostiene que es “evidente” que hay cierta posibilidad de que el saneamiento no concluya hasta 2013. Esto, afirma, debido al ritmo del proceso y a la falta de recursos. Pero sostiene que con “recursos suficientes se podría redoblar esfuerzos, logística y personal” para tratar de alcanzar el objetivo.

Este proceso experimentó distintas dificultades desde que comenzó, en la década de los 90. El director de Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, explica que durante los primeros años una gran limitante fue la voluntad política de los gobiernos de turno.

A ello, añade que la falta de experiencia previa en este tipo de procesos y la tercerización de “buena parte del trabajo” a empresas privadas nacionales y extranjeras generaron dificultades y conflictos. En el primer caso, porque hubo retrasos hasta encontrar la metodología ideal y precisa para aplicar el saneamiento; y, en el segundo, porque durante los primeros años las compañías dieron prioridad a un enfoque empresarial antes que de servicio a la población rural.

¿Cuáles son los problemas que se registraron desde 2006 a la fecha? El director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado en Santa Cruz (CIPCA), Eulogio Núñez, identifica que tienen que ver con la falta de recursos suficientes para el proceso y la frágil institucionalidad, que se expresó en los constantes cambios de autoridades del ramo. En la actualidad también se registran problemas entre organizaciones que están involucradas en el proceso. La CSUTCB, por ejemplo, sostiene que los más beneficiados con el saneamiento fueron los indígenas a través de la titulación de las TCO.

Machaca asegura que deben auditarse estas propiedades porque presuntamente no están respondiendo a su naturaleza y cita al TIPNIS como ejemplo. “Se decía que era un lugar virgen”, sostiene. Al respecto, Guarayo responde que antes deberían auditarse las tierras que están en manos de extranjeros. “A ver, que haga auditoría primero a ellos”.

Más allá de las dificultades, Barahona afirma que “la cuestión es avanzar” y dar seguridad jurídica sobre la tierra, y esto debe ir ligado a la cadena productiva para poder llegar al desarrollo productivo y “concluir con lo que es el desarrollo rural de manera integral”./Pagina Siete