El actual director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Cochabamba, Coronel Henry Terrazas, fue quien hizo la compra de masking y otros elementos hace un año, cuando se registró la violenta represión policial a la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Chaparina (Beni). Pero dice que desconocía el Plan de Operaciones TIPNIS.
Conforme a las fotografías del requerimiento logístico, una factura y un recibo publicadas por Página Siete el martes, Terrazas fue quien el mismo 25 de septiembre firma como responsable de la compra y la recepción de 20 tenazas y decenas de cinta adhesiva masking. La autoridad confirmó que lo hizo.
“Hemos tenido que cumplir con esta misión que viene directamente de las decisiones de nuestro Comando General”, dijo explicando que hace un año él estaba en calidad de alumno de la Escuela Superior de Policías, haciendo un curso para ascender al grado de Coronel Diplomado en Estudios Superiores Policiales que actualmente ostenta. Agregó que fue comisionado como cualquier otro miembro de la institución.
Conforme a las fotografías del requerimiento logístico, una factura y un recibo publicadas por Página Siete el martes, Terrazas fue quien el mismo 25 de septiembre firma como responsable de la compra y la recepción de 20 tenazas y decenas de cinta adhesiva masking. La autoridad confirmó que lo hizo.
“Hemos tenido que cumplir con esta misión que viene directamente de las decisiones de nuestro Comando General”, dijo explicando que hace un año él estaba en calidad de alumno de la Escuela Superior de Policías, haciendo un curso para ascender al grado de Coronel Diplomado en Estudios Superiores Policiales que actualmente ostenta. Agregó que fue comisionado como cualquier otro miembro de la institución.
Los requerimientos fueron realizados para el denominado Plan de Operaciones TIPNIS, pero Terrazas asegura que desconocía en qué consistía el mismo, ni para qué se hizo la compra de tenazas y masking.
Sólo argumentó que fue un requerimiento de “niveles superiores” y que en su condición de alumno debía apoyar con la administración de algunos recursos logísticos.
Consultado sobre si era el fin reprimir a los marchistas y utilizar el masking para amordazarlos, expresó que todo eso debe estar en las instancias de investigación.
“Si bien existen algunos elementos que puedan servir de apoyo a las operaciones policiales, pues esos entiendo que no eran los fines”, manifestó, reiterando que todo eso debe estar en el Plan que su persona no conoce.
El actual director de Seguridad Ciudadana mantiene en reserva de dónde recibió la orden para realizar la compra. Se limitó a decir que eso viene por disposiciones superiores.
Sólo argumentó que fue un requerimiento de “niveles superiores” y que en su condición de alumno debía apoyar con la administración de algunos recursos logísticos.
Consultado sobre si era el fin reprimir a los marchistas y utilizar el masking para amordazarlos, expresó que todo eso debe estar en las instancias de investigación.
“Si bien existen algunos elementos que puedan servir de apoyo a las operaciones policiales, pues esos entiendo que no eran los fines”, manifestó, reiterando que todo eso debe estar en el Plan que su persona no conoce.
El actual director de Seguridad Ciudadana mantiene en reserva de dónde recibió la orden para realizar la compra. Se limitó a decir que eso viene por disposiciones superiores.
“Son temas que los debe aclarar el Comando General. Yo reitero, era un policía más, un elemento más del componente policial. Entonces quiénes deben aclarar y quién debe responder seguramente ciertos cuestionamientos tiene que ser mi institución”, concluyó.
La VIII marcha que partió de Trinidad el 15 de agosto de 2011 logró que el Gobierno declare la intangibilidad del TIPNIS. Pero esa decisión fue revertida con la Ley 222 de Consulta Previa que pretende la aceptación de la carretera./Opinión
La VIII marcha que partió de Trinidad el 15 de agosto de 2011 logró que el Gobierno declare la intangibilidad del TIPNIS. Pero esa decisión fue revertida con la Ley 222 de Consulta Previa que pretende la aceptación de la carretera./Opinión
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