Crisis. Inmigrantes y personal médico salieron a las calles para rechazar la exclusión de los sin papeles de la salud pública. Siete regiones se disponen a incumplir la medida
Cientos de personas protestaron en el centro de Madrid contra la anulación de la tarjeta sanitaria de los inmigrantes que no cuentan con permiso de residencia en España, una decisión del gobernante Partido Popular que calificaron de ‘apartheid sanitario’ y de ‘xenófoba’.
El acto se celebró en rechazo a la entrada en vigor de esa medida desde ayer, que afecta a más de 150.000 inmigrantes irregulares en España, y que está incluida en un decreto de medidas urgentes de ahorro del Gobierno para preservar el futuro de la sanidad pública.
Una treintena de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos, agrupadas en la Red por el Derecho a tener Derechos, convocaron esa concentración frente al hospital madrileño Gregorio Marañón.
Los asistentes, muchos de ellos extranjeros que residen en España, corearon proclamas como “ningún ser humano es ilegal” o “Partido Popular, Ku Klux Klan”, al tiempo que pidieron la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
A la protesta se sumaron políticos de la oposición al Partido Popular, como la secretaria ejecutiva de Cooperación e Inmigración del Partido Socialista, Marisol Pérez, que demandó al Ejecutivo que ponga fin a ese ‘apartheid sanitario’, que tachó de “cruel e inhumano”.
El Ministerio de Sanidad anuló ayer la tarjeta sanitaria de los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social en España y de los españoles que nunca trabajaron y con ingresos mayores a 100.000 euros ($us 125.000) al año.
Los extranjeros sin papeles solo tendrán asistencia sanitaria de urgencia por accidente o enfermedad grave y en el embarazo, parto y posparto, a excepción de menores de 18 años que recibirán los mismos servicios que el resto de españoles.
Desde Médicos del Mundo, un portavoz, Mario Pérez, exigió al Ejecutivo la derogación del decreto porque, señaló, vulnera el derecho a la salud y colapsará las urgencias.
No hay datos oficiales sobre las personas que residen en España sin permiso, aunque el cruce del número de extranjeros del Instituto Nacional de Estadística con los que no figuran en los registros del Ministerio español de Empleo arroja una cifra de ciudadanos ‘sin papeles’ de 459.946 personas.
De estas, unas 153.469 son inmigrantes no comunitarios indocumentados, los más perjudicados por esta medida, al pertenecer a un colectivo vulnerable y con escasos recursos, y el resto son extranjeros en situación irregular de países de la Unión Europea.
Varias organizaciones de médicos han iniciado una campaña de objeción de conciencia para no obedecer el decreto, a la que ya se sumaron unos 1.800 profesionales sanitarios.
Además, siete de los 17 gobiernos regionales del país (Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León, Navarra, Andalucía o Asturias) ya anunciaron que continuarán atendiendo a las personas indocumentadas.
Malestar frente a la subida de impuesto
Consumidores y ciudadanos españoles acogieron ayer con descontento y resignación el primer día de la subida del IVA, aunque muchos reconocen que adelantaron las compras para evitar un mayor gasto, sobre todo en productos de material escolar y óptica.
Ayer entró en vigor en España la subida del tipo general del impuesto al valor añadido (IVA) del 18% al 21%, y del tipo reducido del 8% al 10%, en tanto que el superreducido se mantiene en el 4%.
El objetivo de la subida de ese impuesto que grava el consumo, decretada por el Gobierno del conservador Partido Popular, es recaudar 2.300 millones de euros adicionales en 2012, 10.134 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014.
Según el Ejecutivo, esta medida ayudará a conseguir los objetivos de déficit acordados con la Unión Europea, que quedaron fijados en el 6,3% del PIB para este año, el 4,5% en 2013 y el 2,8% en 2014.
Algunos expertos consultados por EFE consideran que la subida del IVA elevará la inflación y provocará una depresión aún mayor del consumo, si bien el Estado conseguirá en buena medida recaudar lo previsto con el incremento de este impuesto al valor añadido.
/El Deber
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