Debate: Quienes son los verdaderos beneficiarios de la renta hidrocarburifera

Mauricio Lea Plaza

Por este medio se generó una polémica con el Sr. Omar Yujra Santos,(por Hidrcarburos Bolivia) que por el manejo de la información reservada que tiene supongo que es funcionario del Gobierno Nacional, polémica que puede volverse bizantina si no la ordenamos conceptualmente y se superan las dudas generadas por medias verdades dichas.

Por eso considero imprescindible aclarar los siguientes conceptos relacionados con la renta petrolera:

•    Beneficiarios: Son los ciudadanos bolivianos que reciben algún beneficio directo o indirecto de la renta de los hidrocarburos. Por ejemplo, los adultos mayores son beneficiarios del IDH a través de la Renta Dignidad, como los indígenas y campesinos del Fondo Indígena del IDH, o los comunarios de un proyecto departamental productivo financiado por regalías. 

•    Destinatarios: Son las entidades o instituciones que por norma canalizan y administran los recursos de la renta hidrocarburífera, o sea, Gobiernos Municipales, Gobiernos Departamentales, TGN, Universidades, etc. 

En consecuencia, los beneficiarios finales de la renta hidrocarburífera deberían ser en teoría todos los bolivianos que reciben recursos a través de políticas públicas ya sean éstas nacionales, departamentales o municipales. Consiguientemente, no son las entidades departamentales o municipales las beneficiarias de la renta, sino a quienes canalizan efectivamente esos recursos.

Por tanto, los recursos que el TGN recibe como destinatario, se distribuyen de acuerdo a políticas nacionales sectoriales o compensatorias y a normas nacionales. Lo curioso es que el TGN no solo dispuso de los recursos que le corresponden por ley sino también que echó mano a los que corresponden a otras entidades como los gobiernos departamentales y municipales, tal el caso de la Renta Dignidad, del Fondo de Educación Cívica, etc.. Si vemos el cuadro N° 1 que nos presenta el Sr. Yujra, observaremos que el 2005, entre los gobiernos departamentales y municipales participaban del 49,9% del IDH, sin embargo el 2012 participan solo con el 45,4%. Igualmente, el cuadro N° 2 nos muestra que ocurre lo mismo con el total de la renta, ya que disminuye la participación de 59,3% a 52,4%. Eso se llama confiscación ilegal de recursos, ya que la Ley de Hidrocarburos no cambió. A confesión de parte relevo de prueba.

A propósito sigo con la duda por la incoherencia entre los cuadros que se presentan y su relación con la distribución que establece la Ley de Hidrocarburos y sus Decretos Reglamentarios.

Respecto a la distribución del Presupuesto General del Estado por entidades, se muestran cifras que solo corresponden al uso de la Coparticipación Tributaria de la que el TGN recibe el 75%. Pero, si vemos el total del PGE 2012, resulta que el Gobierno Nacional termina manejando y administrando el 84,6% de los gastos como se muestra en el gráfico siguiente.

En conclusión, convengamos que la renta petrolera tiene como beneficiario al pueblo boliviano en general y a ciertos sectores sociales en particular y una porción muy importante de ella (48%) está destinada al TGN. Asimismo, los gobiernos departamentales y municipales, más que incrementar su participación en la renta hidrocarburífera, la han visto disminuida por las políticas centralistas y confiscatorias del Gobierno Nacional, así como han visto disminuida su participación en los recursos del PGE.

Por ello, resulta urgente poner en discusión si el Pacto Fiscal debe ser entre regiones o si debemos ser consecuentes con la constitución de un Estado Autonómico que transfiera los recursos nacionales a los departamentos, municipios y autonomías indígenas para que se atiendan las necesidades ciudadanas./tomado de hidrocarburosbolivia.com