Costas se declara perseguido político ante relator de la ONU

Visita. Cidob, oenegés y periodistas acusan al Gobierno por ataques

El gobernador cruceño, Rubén Costas, se declaró perseguido político por el Gobierno de Evo Morales durante un encuentro que sostuvo con el relator especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere, que se encuentra en esta capital desde ayer.

Horas más tarde, el enviado de la ONU también recibió denuncias de periodistas, oenegés e indígenas que se sienten afectados por el accionar del Gobierno, especialmente en lo referido a los ataques a la libertad de expresión y por el tema Tipnis.

Durante la reunión en la Gobernación, Costas explicó a Ruteere la situación del país desde la óptica cruceña, resaltando la lucha contra la pobreza emprendida en su gestión.

Durante la cita, llevada a cabo en el despacho de la Gobernación, pasadas las 18:00, Costas indicó que no podía dejar de manifestar que es “un perseguido político”, producto de la xenofobia y la discriminación de personeros del Gobierno, y que tiene un hermano exiliado (Humberto Costas) desde hace dos años. Agregó que es amedrentado con 21 juicios en su contra y que en el país se pretende que no quede vestigios de la oposición.

A las 21:00, en el salón Tarope del hotel Camino Real, Ruteere se encontró con periodistas, integrantes de oenegés y miembros de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) no reconocidos por el Gobierno, quienes también expusieron los problemas que atraviesan por el accionar del Gobierno.

Franz Araúz, ejecutivo de los periodistas independientes, entregó al relator una denuncia formal por la querella presentada desde esferas gubernamentales contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los periódicos El Diario y Página Siete, además de una copia de la ley antirracismo y el libro por la libertad de expresión.

A su turno, el director del Cejis, Leonardo Tamburini, expuso ante el relator lo que consideró el hostigamiento, persecución y descalificación pública que sufren varias oenegés por parte del Gobierno, especialmente desde que apoyaron a los indígenas que marcharon por el Tipnis. /El Deber