Quizá lo más destacable de la sesión de la Asamblea Legislativa Departamental de ayer sea que el Plan Operativo Anual (POA) de la Gobernación para 2013 se aprobó en plazo, que no es cosa menor dados los antecedentes de los últimos reformulados, sin embargo, Fortunato Llanos del Movimiento Al Socialismo, advirtió que será observado por el Ministerio de Economía por no limitarse a aprobar lo entregado por la Gobernación.
Un POA calificado de “cemento” y “continuista” se aprobó, pero dejó numerosos interrogantes en el ambiente.
¿Para qué sirve la Asamblea Departamental?
La pregunta fluyó ayer durante la sesión mediante la cual se debía aprobar el POA 2013, por un monto de 4.019.632.848 millones de bolivianos pero que ante la sorpresa de muchos, no recogía recursos para asignar a la mayoría de leyes aprobada en la gestión 2012. Zulema Saracho señaló que de las 50 leyes, apenas se contemplaban dos.
Berta Barrientos, del Movimiento Al Socialismo, lamentó que sólo pudo encontrar el programa destinado a combatir el mal de chagas, ley aprobada en la Asamblea, pero no el resto. Jhonny Torres, del Movimiento Nacional Revolucionario calificó de “ninguneo” la propuesta realizada por la Gobernación. Ni la Ley de desayuno escolar, propuesta por Marcelo Poma (MAS), o del Transporte escolar, propuesta por Mary Polo (CC-MNR) ni la de Lucha contra el Cáncer, entre otras, aparecen en el documento.
El debate ha llegado hasta el punto en el que se intenta incluir en otra Ley, la de Presupuestos, el hecho de que se cumplan las leyes. José Amás, de Poder Autonómico Nacional (PAN) dijo gráficamente “para que vamos a decorar la Ley si no la van a cumplir”.
¿El procedimiento de aprobación del POA es el adecuado?
Hace tiempo que el procedimiento viene siendo criticado por las diferentes bancadas. Sara Cuevas, de Camino Al Cambio, criticó que se ha vuelto a entregar sin tiempo para analizar y Máxima Sánchez, presidenta de la Comisión de Hacienda, añadió que ni siquiera los ejecutivos seccionales (sólo dos) participaron de la sesión de socialización. “La elaboración se hace puerta cerrada” criticaba Jhonny Torres.
El procedimiento de aprobación del POA, por ejemplo, adolece de un ponente que defienda la propuesta de la Gobernación en la Asamblea, pese a que esta aprobó un instructivo que insta a los secretarios a acudir al hemiciclo a explicar sus proyectos, sin embargo, como de costumbre, no se cumple y se impone el voto consigna.
De esa manera quedaron sin respuesta preguntas de densa magnitud, como la formulada por Sara Cuevas. ¿Cómo es posible que se prevea una reducción en el capítulo de ingresos por regalías e hidrocarburos (de 2.600 millones en 2012 a 2.318 en 2013) con Margarita produciendo por triplicado y con nuevos contratos firmados con Argentina? Ningún analista internacional prevé una caída del precio del petróleo en 2013 y los contratos con Argentina y Brasil están blindados, es decir, pagan aunque no compran.
¿Cuándo se puede aportar al POA?
De un POA “continuista” y de “cemento”, fue calificado el Plan Operativo Anual remitido por el Gobernador Lino Condori. Nuevamente fue Berta Barrientos, del MAS, quien señaló que no encontraba muchas diferencias respecto al de “gestiones anteriores”, más allá de las esperables de parte de la oposición. También Fortunato Llanos, del MAS, defendió sin mucha convicción que “los caminos también contribuyen al desarrollo productivo”.
Cincuenta millones para la carretera Iscayachi final Copacabana, Oncológico, Avenida Ecológica y otros, nada que no haya estado previsto en el debate político hasta hoy. Más bien se echaron en falta algunos conclusiones de las cumbres, como los diez pozos de la cumbre del agua o los recursos departamentales para la ruta al Chaco y otros caminos, que demandó el panista Milton Varas, o recursos para Emtagas en las provincias, ya que cuenta con 11 millones, excluyendo al Chaco cuando, según Atilio Arroyo (CC-MNR), necesitaría 150.
Y entre todo, una duda, ¿cómo se puede alegar que no hay plata cuando luego sobran 1.300 millones, como los contemplados en ésta formulación de 2013?
El procedimiento de aprobación del POA no deja margen a los partidos para enriquecerlo, las cantidades consignadas por unidades ejecutoras o secciones no se discuten, porque no hay tiempo, y la Ley modificatoria, como pasará en otras gestiones, se convierte en una suerte de “sugerencias” a incluir en el primer reformulado de febrero. La propuesta de la comisión contaba con cinco; incluir el saldo real de caja y banco y presentarlo en febrero de 2013, implementar con criterios técnicos una nueva distribución de recursos por regiones, incluir las disposiciones legales aprobadas en la Asamblea, congelar el gasto de funcionamiento y garantizar los recursos para los proyectos no recurrentes de los ejecutivos seccionales.
Todas, salvó la de presentar el primer reformulado con los recursos reales sobrantes en caja y banco, se rechazaron sistemáticamente.
Lo que sí se pudo aprobar fue un artículo que insta a la Gobernación a fiscalizar de manera fehaciente los recursos que llegan desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en concepto de regalías e informar a la Asamblea mensualmente. ¿Se cumplirá la Ley? Fortunato Llanos ya advirtió que el ministerio lo observará.
La Gobernación, ¿líder en generación de empleo?
De entre las cifras destacadas del documento elaborado por la Gobernación para la gestión 2013 llama particularmente la atención lo destinado al gasto corriente.
Los gastos de funcionamiento siguen en su escalada imparable desde que Lino Condori gestiona la Gobernación, en esta ocasión ya alcanza el 13.40 por ciento, cercanos al 15 por ciento máximo que indica la Ley y muy lejos del 7 por ciento que se registraba cuando los ingresos no eran “ni de lejos” los actuales, esgrimió Sara Cuevas.
Ésta vez serán 360 millones de bolivianos los indicados en esa partida, 180 serán manejados únicamente por la Administración Central, mientras unidades como el Servicio Departamental de Gestión Social contará con 39 millones para toda su gestión y el Servicio Departamental de Caminos con 42. El Sedeca además contará con 50 millones de bolivianos para culminar la carretera Iscayachi – final Copacabana y otros tantos para la ruta al Chaco.
Con 360 millones de bolivianos, por ejemplo, se podrían contratar más de 40 mil brigadistas barriales durante todo un año. 40 mil habitantes de un departamento que sobrepasa apenas los 500 mil.
Teniendo en cuenta, como señaló Sara Cuevas, que esto es en administración directa, sin contar consultores o contratados por proyectos. Cabe señalar que las unidades ejecutoras también consignan gasto en personal. Cuevas cuestionó la idoneidad de depender casi exclusivamente de la Gobernación para garantizar la generación de empleo y proyectos de desarrollo que permitan a las empresas trabajar en el Departamento./El Nacional
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