Comité identifica a 3 instituciones como cómplices de avasallamientos

El Comité de Defensa Social de la Propiedad Pública y Privada tuvo su primera reunión la noche del miércoles 12 de septiembre. La misma que inició con 10 personas, quienes conforman dicha organización, pero terminó reuniendo a un total de 21 ciudadanos, entre propietarios de terrenos y habitantes de asentamientos. Se advirtió la presencia de personas de la ciudad, pero también del área rural.

La reunión duró cerca de tres horas y sirvió para identificar la problemática que afecta a los asistentes. Un hecho que llamó la atención es que se reconoció a tres instituciones como cómplices, por acción y omisión, de los avasallamientos de tierras: la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Catastro y la oficina de Registro de Derechos Reales.

Al final, se acordó buscar reuniones con instituciones como la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve),  Central Obrera Departamental (COD) y Federación de Campesinos, para exponer los objetivos de esa nueva organización y de manera conjunta hallar una solución al problema del avasallamiento de tierras y la necesidad de vivienda.

Tres instituciones en la mira

El Comité considera que la DOT, Derechos Reales y Catastro han facilitado el avasallamiento de tierras en Tarija. ¿Cómo? Retrasando el trámite de aprobación de planos y registros de propiedad de los terrenos, aprobando procesos de usucapión ilegales, facilitando información sobre litigios judiciales sobre algunos terrenos ó perdiendo o entrepapelando los documentos en trámite.

“En esas instituciones saben la situación legal de los terrenos, conocen el trámite de las propiedades, saben en qué terrenos existen pugnas entre dos o más personas. Entonces son esos terrenos los más fáciles de ocupar o avasallar”, dijo uno de los directivos.

Como ejemplo mencionaron el caso de Cira Serrano, que por observaciones de la DOT a los planos de su terreno, sus trámites estuvieron paralizados por más de ocho meses, afectando también el registro en Derechos Reales.

Pero la complicidad va más allá. Ilda Morales, de la comunidad de Obrajes, aseguró que los topógrafos y arquitectos de la Alcaldía son quienes también realizan las mediciones a favor de los asentados o avasalladores.

“La Alcaldía dice que no puede hacer nada para precautelar la propiedad privada, entonces ¿por qué abren calles para los asentamientos?—dijo Calixto, otro de los asistentes–¿cómo les agilizan sus planos?  Y nosotros que somos propietarios tardamos hasta años en lograr tener nuestros documentos en orden”, denunció.

Un mercado negro de tierras

A la reunión también asistieron asentados afectados por presiones y extorsión. Anita, que vive en Pampa Galana, aseguró que allí se venden terrenos como propiedad privada. Aseveró que ahora se dan cuotas desde 100 hasta 1.000 dólares, y si los asentados no pagan son amenazados y extorsionados por los dirigentes.

Pero, además, se develó que las personas de escasos recursos son usadas para avasallar otros terrenos y “fundar” asentamientos. Como ejemplo mencionaron el asentamiento de Rancho Sud, donde se identificó a asentados que ya estaban ubicados en 26 de Agosto o Pampa Galana, pero como no podían pagar las cuotas los llevaron a ocupar otros lugares.

“Se está haciendo creer que el Presidente Evo Morales, antes de las elecciones, va a legalizar todos los asentamientos del país—dijo Tamer Medina—y con eso llevan (los dirigentes) a las personas pobres a organizar otros asentamientos”.

Ante esa situación, el Comité decidió abrir un registro de personas que no tienen vivienda. Esto con el objetivo de organizarlas y canalizar sus demandas a través de programas relacionados a la vivienda social. “De esta manera se evitará que estas personas caigan en manos de las redes mafiosas que lucran con la necesidad de una vivienda—dijo Luis Fernando Ortiz—el reto es identificar quiénes realmente necesitan la tierra y quiénes se hacen ricos con la pobreza de otros”.

Conclusiones

Tras varias horas de debate y de exponer experiencias, los miembros del Comité de Defensa Social de la Propiedad Pública determinaron conminar a la Fiscalía y Policía Boliviana asumir su rol de garantizar la propiedad privada.

“A partir de la fecha, hecho que se encuentre en flagrancia será denunciado para que la Fiscalía y Policía actúen y se cautele a quienes dirijan el avasallamiento”.

Así también se buscará reuniones con la Fejuve, COD y Federación de Campesinos, para exponer la base social del Comité. Pero, además, con autoridades como el Alcalde Oscar Montes.

“Él tiene que conocer los hechos irregulares que se dan al interior de la DOT, debe conocer esa corrupción que se organizó en favor de los avasalladores”.

Finalmente se acordó que el Comité se reunirá todos los miércoles a horas 19:30. La siguiente labor será identificar los problemas que pueden tener una pronta solución./El Nacional