Caso Chaparina-Piden a Chacón identificar a quien autorizó salida de aviones

Dos representantes políticos señalan que las declaraciones de la ex ministra de Defensa ante la Fiscalía pueden ayudar a dar con los autores intelectuales del hecho.

Una de las preguntas clave que deberá responder la ex ministra de Defensa Cecilia Chacón, si es convocada por la Fiscalía, es quién ordenó la movilización de aviones hasta Chaparina, según parlamentarios de la oposición.
El martes, el Ministerio Público abrió la posibilidad de convocar a declarar como testigo a la ex autoridad departamental después de que ésta publicó una carta en la que hace referencia a la represión a la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS.
El secretario político del MSM, Edwin Herrera, afirmó ayer que Chacón debería responder “si conoce quién urdió el plan de represión a los indígenas, quién o quiénes elaboraron el plan TIPNIS, cómo se elaboró y cómo fue finalmente ejecutado, y cuál fue su papel en la gestión de aviones, incluso de aviones que estaban bajo administración de Estados Unidos”.
Tomás Monasterio, de Convergencia Nacional (CN), afirmó que la ex autoridad gubernamental deberá responder “quién ordenó el despliegue de aviones y si hubo una orden superior. Sus respuestas pueden ser determinantes para conocer quiénes fueron los autores intelectuales de la represión”.
Chacón, en su carta colgada en su cuenta de Facebook, afirmó que se siente “agredida” por el nombramiento del ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti como embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. “Son más de 11 meses que veo pasar días tristes. Porque los errores no se rectifican, sino que se reafirman. Porque los compañeros que están dentro del Gobierno y son testigos de cómo estos pasos nos alejan del rumbo callan. Porque con dolor los veo defender lo indefendible”, escribió Chacón.
El 25 de septiembre de 2011, indígenas que marcharon en defensa del TIPNIS fueron violentamente reprimidos por la Policía, entonces Llorenti era el ministro de Gobierno y Chacón de Defensa. El operativo policial, que tenía el objetivo de dispersar a la columna y devolver a sus regiones a los marchistas, fracasó debido a la oposición de organizaciones civiles que respaldaban la caminata de los indígenas. Realizaron bloqueos en San Borja y en Rurrenabaque para evitar el paso de los buses policiales que transportaban a los indígenas detenidos, y también bloquearon los aeropuertos para evitar la llegada de aviones que debían llevar a los nativos hasta sus regiones.
Tras el fracaso, la VIII marcha se rearticuló y fortalecida con el apoyo ciudadano llegó a la ciudad de La Paz y arrancó del Gobierno la Ley 180, de protección del parque Isiboro Sécure.
A un año de ese hecho violento, la Fiscalía no avanzó en las investigaciones para dar con los autores intelectuales de la represión. En julio de 2012, la Fiscalía de La Paz excluyó a Llorenti del caso Chaparina y luego fue designado como embajador ante la ONU./Pagina Siete