Carlos Lauría: «Buscan hegemonía mediática»

En Venezuela, Ecuador y Bolivia, los gobiernos de izquierda profundizan su ofensiva contra la prensa. El director del CPJ alerta que la acusación de que los medios y periodistas forman parte de la oposición es una coartada para restringir la información sobre los temas que no están resueltos

En Venezuela, medios estatales y oficialistas hacen campaña contra medios y periodistas críticos del Gobierno de Hugo Chávez. En Ecuador, Rafael Correa ha puesto en marcha juicios contra periódicos, canales y radios independientes. En Bolivia, Evo Morales impulsa leyes que criminalizan la labor de la prensa y, ahora, abre un juicio penal contra tres medios de comunicación por supuesta incitación al racismo y la discriminación.

Para analizar esta tendencia que se da entre los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), hablamos con Carlos Lauría, director regional del Consejo Internacional para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York (Estados Unidos).

- ¿Qué interpretación hace de la decisión de Evo Morales de iniciar un juicio penal contra tres medios en Bolivia por un supuesto caso de racismo?

- No es apropiado que el Gobierno de Morales haya presentado una demanda penal contra medios que han informado sobre comentarios formulados por el propio presidente. Aquí, lo que han causado controversia son las declaraciones del mandatario. 

El Ejecutivo entiende que la información ha sido tergiversada, pero la realidad es que la utilización de una demanda penal por racismo está absolutamente fuera de lugar y debe ser desestimada. 

Más allá del éxito que esta pueda lograr, la demanda puede tener un efecto inhibidor muy concreto en la cobertura de un tema de interés público. Volvemos a reiterar nuestra preocupación por algunos artículos de la ley contra el racismo que tienen un lenguaje tan amplio que puede promover la autocensura y el miedo. Este es el primer caso en que se hace efectiva la regulación para penalizar un hecho periodístico. 

- Las organizaciones de la prensa en Bolivia van a presentar una demanda por inconstitucionalidad de esta normativa y amenazan con recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Hay alguna instancia internacional para llamar la atención al Estado en esta materia?

- Para recurrir al sistema interamericano, primero deben agotarse las instancias judiciales internas. Esperamos que el Gobierno de Morales reflexione y reaccione ante este reclamo generalizado sobre este caso. 

- La situación no es menos grave en otros países de la región, particularmente Venezuela y Ecuador, donde se observa la acción gubernamental contra la prensa. ¿Cómo ve estos casos? 

- En Venezuela hay una decisión adoptada por el Gobierno desde el año 2002, cuando se produce el intento fallido de golpe de Estado contra Hugo Chávez. 

Los medios, en ese caso, cumplieron un rol por demás controvertido cuando medios audiovisuales pasaban dibujos animados mientras ocurrían las manifestaciones en las calles que reclamaban por la restitución del presidente Chávez. En ese momento, cuando los partidos políticos tradicionales se habían retirado por su falta de credibilidad, los medios se lanzaron a la arena política. 

Ahora, el Gobierno de Chávez actuó con revanchismo. Allí se dio cuenta de que el aparato mediático estatal que tenía en ese entonces era muy flaco para contrarrestar la influencia de los medios privados, en especial en televisión. 

Con la intención de controlar la disidencia y con una estrategia de hegemonía comunicacional, el Gobierno comenzó a invertir fuertemente en los medios del Estado y en una década forjó una vasta red de medios estatales escritos, radiales y digitales. Estos medios, fundamentalmente, hacen propaganda y dan a conocer los actos oficiales del presidente Chávez. 

Pero no solo eso. Además, se utilizan como plataforma de agravios permanentes a opositores y a periodistas críticos. Incluso, desde algunos de estos programas se promueven investigaciones contra periodistas. Esto afecta la libertad de expresión.

- Hay posiciones encontradas sobre el rol de los medios en el actual proceso democrático. ¿Son víctimas o victimarios de la gobernabilidad democrática?

- Creo que el argumento utilizado por algunos gobiernos elegidos por el voto popular en sentido de que los medios son una élite no elegida y que constituyen un bloque opositor es, en muchos casos, una coartada para embestir a medios que presentan puntos de vista opuestos al actual régimen. El tema de la ética y la actitud que tienen los medios en muchos casos es un tema aparte que debe analizarse también. En este contexto, hay que ver qué se hace en los medios y señalar si hay insultos o agravios. 

Sin embargo, en muchos casos esto sirve como coartada para gobiernos que, a través del voto popular, han debilitado las instituciones y cooptado otros poderes como es el caso de Venezuela. Allí se ha roto con la independencia de poderes y se ha socavado la independencia judicial, generando un debilitamiento que también afecta a la prensa, lo que afecta al sistema democrático. 

En estos países hay un clima de hostilidad permanente hacia la prensa y se están utilizando mecanismos institucionales para afectar su labor en la democracia. Esto lleva a una información restringida sobre temas que preocupan a los venezolanos como es la inseguridad, la situación social, la crisis carcelaria o las restricciones energéticas.  

- En Ecuador, el Gobierno de Rafael Correa da asilo político a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, en nombre de la libertad de expresión mientras impulsa juicios contra medios y periodistas ecuatorianos. ¿Hay una contradicción?

- Esta es una jugada política del Gobierno de Correa. En Ecuador embiste constantemente contra la prensa desde 2007 con leyes restrictivas, cierre de emisoras, interrupción en las cadenas de información, juicios civiles y penales por difamación y no solamente el caso de El Universo como quiere hacer ver el Ejecutivo. Hay un vasto espectro de restricciones y ataques que han sido documentados ampliamente por organizaciones internacionales y locales y que han afectado la libertad de expresión. La decisión de dar asilo político a Assange intenta limpiar la imagen de un Gobierno que ha sufrido negativamente por estos ataques contra la prensa. 

Es una ironía para una administración que está minando el sistema interamericano de derechos humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión como lo está haciendo Ecuador y Venezuela concretamente para evitar que se emitan informes sobre lo que está pasando en esos países.

- ¿Hay alguna salida? ¿Qué pueden hacer los medios, los periodistas y la sociedad civil para contrarrestar estas arremetidas?

- Creo que los medios están en una coyuntura difícil porque estas decisiones tienen consecuencias sobre la labor de la prensa. La presión y la intimidación promueven la autocensura, pero igual hay muchos periodistas que siguen haciendo su trabajo y es importante que sigan haciéndolo.

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Venezuela, el caso más crítico

Carlos Lauría es el director regional del Comité Internacional de Protección de los Periodistas. Está encargado de monitorear los casos de abusos contra periodistas en América Latina.

Una de sus últimas investigaciones se ha concentrado en el caso de Venezuela. “Muchos medios del Estado en América Latina son utilizados para propaganda política, pero el Gobierno venezolano ha construido una supremacía mediática sin precedentes que emplea para atacar a los críticos, periodistas independientes y ocultar temas como el crimen y la inflación”, concluye el estudio. 

Destaca un caso llamativo. “Unas pocas respuestas a un crucigrama fueron pronto interpretadas como una supuesta conspiración para asesinar al hermano mayor de Hugo Chávez. Publicado el 9 de mayo en el diario independiente Últimas Noticias, de Caracas, el crucigrama incluía las palabras ‘asesinar’, ‘ráfagas’ y ‘Adán’, el nombre del hermano de Chávez, y llevó a Miguel Pérez Pirela, conductor del programa ‘Cayendo y Corriendo’ en el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV),  a señalar que matemáticos y semiólogos lo habían estudiado, captado mensajes codificados y llegado a la conclusión de que se trataba de un intento de magnicidio”, afirma el informe de la CPJ.

“Un día después del programa, integrantes del organismo nacional de Inteligencia (SEBIN) visitaron las oficinas del diario para buscar información sobre el autor del crucigrama. Neptali Segovia, un profesor de inglés que ha producido las palabras cruzadas para el diario durante más de 15 años, afirmó que la acusación no tenía asidero y se presentó de forma espontánea ante la justicia para ser interrogado por el servicio de Inteligencia”, destaca./El Deber