Bermejo-Hallan indicios de responsabilidad en compra de terreno para botadero

El ciudadano Gustavo Flores manifestó que tiene en su poder el informe de auditoría realizado por la Contraloría General del Estado (CGE) con relación a la compra del terreno en el sector de El Toro, destinado al botadero de basura. Flores mencionó que en marzo de 2010 se realizó la solicitud a la CGE la auditorÍa para cuatro proyectos ejecutados por el Gobierno Municipal durante la gestión de Delfor Burgos: Contratación y ejecución de la obra “construcción 67 cuadras de pavimento rígido en la ciudad de Bermejo”, Contratación de la obra “ampliación y refacción de unidades educativas en el área rural de Bermejo”, Compra de terreno para aseo urbano en la comunidad el toro de Bermejo y Uso de recursos de inversión para pago de servicios personales por la gestión 2009 y 2010.

Flores indica que después de dos años de solicitar este informe, el Contralor General del Estado en junio del 2012 se presenta públicamente el informe final relacionado a la adquisición de terreno en la comunidad El Toro de Gilberto Hinojosa Vargas por un monto de  54.000 dólares y la adquisición del terreno en la comunidad de Porcelana de Ernesto Ruiz Gutiérrez por un monto de 23.657 dólares. 

“Ambos terrenos rústicos con destino al botadero de basura para Bermejo, no siguieron los procedimientos adecuados para su adquisición e implementación; por lo tanto, el Gobierno Municipal de Bermejo ha realizado la adquisición de dos terrenos uno en la comunidad El Toro y Porcelana, que ninguno está cumpliendo para el fin previsto”, dijo Flores. 

“Esta situación causa perjuicio al Municipio, toda vez que los terrenos adquiridos no están siendo utilizados y se encuentran abandonado sin cumplir ninguna función en beneficio de la población de Bermejo”, agregó.

El artículo 28 de la Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamentales, establece que: Todo servidor público responderá de los resultados emergente del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo”, precisando además que: “La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión”.

En consecuencia, el informe circunstanciado de hechos presume indicios de responsabilidad penal en contra de servidores y exservidores públicos.
Flores añadió que el 6 de junio, el contralor general del Estado presenta la denuncia ante la Fiscalía del Distrito de Tarija, la que fue remitida junto con la prueba documental, al fiscal anticorrupción Raúl Águila Peñaranda./El País