Autoridades evaden responsabilidad para frenar los avasallamientos

En la ciudad de Tarija la proliferación de asentamientos ilegales y avasallamientos, han generado temor e incertidumbre en propietarios de terrenos privados y comunales. Esto ante la mirada pasiva de instituciones como la Alcaldía, Policía Boliviana, Fiscalía de Distrito y Corte Superior de Justicia, que evaden su responsabilidad, cada uno con sus argumentos, para frenar los avasallamientos violentos y proteger la propiedad privada que es reconocida por la Constitución Política del Estado.

Ante esa situación la sociedad civil, a través de organizaciones como la Central Obrera Departamental (COD) y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), busca organizarse para marchar y evitar más toma violenta de tierras.

Avasallamientos violentos

El último caso se registró el domingo 23 de septiembre en la comunidad de Obrajes Sud. Donde una treintena de personas, a punta de pedradas y petardos, se asentaron en un terreno de 22 hectáreas, no sin antes agredir a Antonio Morales, un hombre de 78 años que obtuvo las tierras por herencia de su abuelo.

La fiscal Gruschenca Romero, de la División Especial, explicó que los conflictos por terrenos corresponden al orden privado, donde el Ministerio Público no tiene tuición al respecto y que deben ser debatidos en los juzgados de Partido Civil.

“Es un delito de orden privado que el Ministerio Público no tiene la facultad para ingresar en este tipo de delitos, a no ser que sea de allanamiento—indicó—esto significa que de por medio exista amenazas, abusos, engaños y donde exista un bien inmueble  que despojare de su posesión o derecho real”.

Añadió que las denuncias están siendo mal planteadas y mal asesoradas por los abogados de las familias afectadas, dejando en claro que existe una figura legal de despojo, para lo cual actúa un juez que dicta el allanamiento donde está presente un representante del Ministerio Público.

El juez de Materia Civil, Julio Alé, de igual forma reconoció que los abogados asesoran mal a sus clientes, en el caso de avasallamiento. Explicó que algunos prefieren irse por la vía penal, que tiene un fallo más tajante y posiblemente rápido, mientras que el civil es donde se valida la documentación y donde ingresan muchos casos por interdicto.

“La Fiscalíaactúa a simple denuncia en materia penal y  en materia civil el Ministerio Público no interviene para nada—dijo Ale—tenemos varias demandas de interdictos para recobrar la posesión, acciones reivindicatorias o de derecho legal, éstas son acciones a preservar la propiedad y el derecho propietario”.

Consultado sobre algunos asentamientos, el juez prefirió guardar silencio, explicando que son temas delicados donde no puede dar más criterios al respecto.

Pasan la responsabilidad  a Fiscalía y Policía

El ejecutivo dela Central ObreraDepartamental (COD), grupos civiles y la propia Alcaldía, pasó la responsabilidad al Ministerio Público y a la Policía Boliviana para que asuma acciones de defensa de los predios privados, caso contrario se anuncia la conformación de una instancia para evitar que se sigan invadiendo terrenos.

El representante dela COD, Rubén Ramallo, cuestionó a las autoridades por no reaccionar ante los conflictos de terrenos, dejando que la proliferación de asentamiento continúe.

“Dónde estála Policía,la Fiscalía, creo que hay que salir a las calles y demostrar a las autoridades que no cualquiera puede hacer avasallamientos en el campo u otras zonas—dijo Ramallo—sinceramente reprochamos esta situación, las autoridades deben ponerle coto a este tema”.

El presidente del Consejo Municipal, Rodrigo Paz, reconoció que se están trabajando ordenanzas más fuertes para frenar el tema de los asentamientos, pidiendo el apoyo dela Fiscalíay la propia Policía, que son el brazo operador para frenar los ingresos a terrenos.

“Debemos actuar jurídicamente y hacer fuerza coercitiva—indicó Paz—queremos reforzar una ordenanza de ley para determinar el alcance de los terrenos”.

EL APUNTE

Denuncian conformación de organizaciones criminales

Tamer Medina, en su calidad de asesor del Comité de Defensa dela Propiedad Privaday Pública, conformada por propietarios de terrenos, denunció que existen organizaciones criminales por detrás de los asentamientos que buscan tomar terrenos por la fuerza.

El ingreso de estas personas es no sólo a terrenos en conflicto legal, sino también a terrenos privados.

“Hay una especie de organización criminal que está operando en distintos lugares, más que todo en la ciudad de Tarija—dijo Medina—además existen vinculación entre personas de asentamientos y algunos funcionarios”.

En las próximas horas, Medina presentarán una denuncia formal con nombres y apellidos para que sean procesados penalmente./El Nacional