Tarija es, según el Instituto Nacional de Estadística, la tercera ciudad del país donde más se incrementó el número de viviendas en la última década. De acuerdo a la información del Comité en Defensa de la Propiedad Pública y Privada, también es la ciudad donde más asentamientos se han conformado en ese tiempo.
El boom del gas no se tradujo en nuevas oportunidades laborales o de desarrollo, como reconocen los gestores públicos, sin embargo, si tuvo el impacto demográfico esperado. El “efecto llamada” que conceptualizaron analistas como Iván Arias o Carlos Cordero pobló las ciudades, pero no se cumplió el “sueño americano”.
Desde hace una década se vienen registrando ocupaciones de terrenos públicos o privados, a través de la fuerza o de la omisión pública, que ha resuelto de modo precario el acuciante problema de no contar con un techo propio.
En Tarija se registran cuatro grandes zonas de asentados; Las Barrancas, Torrecillas, Pampa Galana y Aranjuez, donde según las fuentes se contabilizan entre 17 y 40 barrios.
El presidente dela Coordinadorade Asentamientos Humanos de Tarija, Porfirio León, señala que son 17 los barrios reconocidos que cumplen las normativas internas (certificado de no posesión de otros terrenos, registros y participación en la vida orgánica). Según la directora de Desarrollo Urbano, María Antonieta Rueda, el número podría ascender hasta 40, si se tiene en cuenta tanto asentamientos como “urbanizaciones ilegales”, que responden a compras de grandes extensiones de terreno privado en las que se autogestiona un particular plan de ordenamiento a espaldas de la normativa municipal.
En los últimos años, cuando ya se empezó a trabajar en serio sobre la Ley de Derecho Propietario, una de las promesas electorales del presidente Evo Morales en 2006 y que ha tardado más de seis años en promulgar, pequeños asentamientos han proliferado por insólitos lugares. En la última peregrinación a Chaguaya, un conglomerado de carpas azules marcaba el final de la cuesta del Gallinazo y no pocos turistas hospedados en Los Parrales se sorprendieron al ver la rápida edificación que proliferaba al otro lado del río.
Para Ramiro Burgos, dirigente del Movimiento de Gente Sin Techo (MGST), esta ha sido la única vía que ha permitido a la gente de escasos recursos acceder a un techo propio. Burgos señala que desde su organización se han impulsado varias compras sociales en este sentido, ante la inacción de las autoridades.
Para Tamer Medina, asesor del Comité en Defensa de la Propiedad, los asentamientos han sido permitidos por instituciones públicas, como la Dirección de Ordenamiento Territorial, el Catastro y Derechos Reales, junto a la complicidad de la Policía Boliviana, para favorecer a unas “mafias” organizadas para lucrar con los terrenos. Medina, quien reconoce la necesidad de la gente sin recursos, considera que estos están acaudillados por dirigentes que se aprovechan de ellos.
Un problema no resuelto
La escalada de precios de la vivienda en los últimos años parece no tener fin. Sin embargo, este problema ha estado ausente en las agendas de las instituciones (alcaldía y Gobernación) quienes no han desarrollado ningún plan o ley que frene estas dos problemáticas tan paralelas.
El único programa conocido, el Plan de Vivienda Social que fundamentalmente fue implementado por el Estado en el área rural ha sido un “notorio fracaso”, según Burgos. Además, el plan sólo apoyaba la construcción, y si bien los responsables de la Cámara Departamental de la Construcción culpan al elevado precio de los materiales de construcción por el mercado imperfecto boliviano del precio final, el incremento del costo del suelo es responsable de casi un 20 por ciento del incremento del valor de la vivienda.
María Antonieta Rueda señala que el Municipio únicamente puede disponer de suelo público para equipamientos y áreas verdes por lo que se descartaría implementar programas como los “Planes de Vivienda Protegida” que se desarrollan en países como Chile o España, en el que se dispone suelo público a coste cero y los compradores se organizan para construir y urbanizar el barrio.
El Plan de Ordenamiento Territorial también limita la construcción en altura, reservándola sólo a zonas etiquetadas como comerciales. La construcción en altura, además de optimizar el precio de suelo, al repercutirlo en varios departamentos, también contribuye a conformar una ciudad más compacta, optimizando el gasto público en servicios públicos ya que evita tender kilómetros de alcantarillado, cable de luz o asfalto.
El lío acompaña la tragedia de los asentamientos
De las cuatro grandes zonas de asentamiento de Tarija, sólo el sector de Torrecillas escapa a la polémica.
En Pampa Galana, donde según el asambleísta Marcelo Poma se registran más de 12 barrios, las dos grandes organizaciones, Tarijeños en Progreso y el Movimiento 1º de Abril mantienen un enfrentamiento con el propietario, Luis Fernando Ortiz.
En la zona de Las Barrancas, la familia Moreno,la Alcaldía, y los cerca de 14 barrios reconocidos, se disputan la propiedad desde agosto de 2006.
En Aranjuez, la batalla es al máximo, con dos grupos profundamente enfrentados y que han dirimido sus diferencias a dinamitazos.
Otros espacios públicos ocupados, como el politécnico o el reservado para el coliseo, han contado con una mayor oposición popular./El Nacional
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