Los gobiernos de Uruguay y Brasil prohibieron la venta de estos artefactos, por considerar que van en contra de la legislación vigente que resguarda a las empresas formalmente establecidas y bajo el argumento de que su venta constituye una competencia desleal y un atentado contra la Ley General de Telecomunicaciones.
Las empresas de operaciones de televisión por cable en el país, informaron que, además de denuncias y peticiones formuladas a las autoridades del país, también solicitaron a las empresas internacionales dueñas de las señales de televisión que se modifique la codificación y protección de los canales para evitar la piratería de esas frecuencias.
Según informó Pedro Solares Calderón, gerente de Regulación de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Cochabamba (COMTECO) y miembro del Comité Técnico de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia (FECOTEL), en 2013 los usuarios que ilegalmente reciben señales con antenas parabólicas podrían quedarse sin servicio.
“Nos comunicaron que en octubre próximo se podría cambiar de sistema y que las antenas así como los receptores satelitales comercializados de manera ilegal ya no podrían captar los canales de televisión satelital. Estamos en la expectativa que esto se haga realidad, lo cual sería un duro golpe a la piratería”, afirmó Solares.
Recientemente, en Uruguay se dio una determinación drástica respaldada por un Decreto Presidencial para la prohibición de la venta ilegal de antenas parabólicas. De esa manera, el gobierno del país uruguayo dio un fuerte respaldo a los operadores de cable que ofrecen el servicio de manera legal y que cumplen con sus obligaciones tributarias.
Esa prohibición abarca no sólo la venta de los decodificadores en territorio uruguayo, sino que también cubre su circulación con la intención de comercializarlos en otros países de la región, de la misma forma vienen realizando en Brasil que, desde principios del presente año, también prohibió la venta de los mismos equipos en aquel país, bajo el argumento de que su venta constituía una competencia desleal y un atentado contra la Ley de Telecomunicaciones./ANF


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