Albarracín: No se puede asumir defensa de derechos humanos con una mano y con la otra violarlos

El ex Defensor del Pueblo dijo que si en el currículum vitae de Sacha Llorenti, actual Embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha incluido que fue presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ahora tendrá que poner que fue expulsado de esta institución. 

Waldo Albarracín, ex Defensor del Pueblo y ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, afirmó este miércoles que la expulsión de Sacha Llorenti de la APDHB es un mensaje para que los comprometidos en la defensa de los derechos humanos no vulneren estos preceptos cuando estén en función de Gobierno.

Albarracín informó que si en el currículum vitae de Llorenti, actual Embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha incluido que fue presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ahora tendrá que poner que fue expulsado de esta institución.

“La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos quiere dar un mensaje al país y es que quienes más obligados están a respetar los derechos humanos son los activistas de derechos humanos. No se puede lanzar mensajes, no se puede asumir tareas de defensa de los derechos humamos con una mano y con la otra violar derechos, tienen que haber una coherencia. El activista de los derechos humanos así esté en funciones estatales gubernamentales, no puede dejar de ser defensor de los derechos humanos”, sostuvo la ex autoridad.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia es una entidad civil que busca el ejercicio y vigencia plena de los derechos humanos en todos los sectores dentro del territorio nacional, independiente de toda filiación política y religiosa conformada por voluntarios. Se constituyó el 10 de diciembre de 1976, con domicilio en la ciudad de La Paz, obteniendo su personería jurídica correspondiente y creando diferentes filiales en los distintos departamentos y ciudades del país.

Sacha Llorenti, ex ministro de Gobierno, cuestionado por sectores indígenas, sociales y políticos por tener una presunta responsabilidad en el desbloqueo policial de la carretera a Caranavi, operativo en el que fallecieron dos jóvenes y de la violenta represión policial a los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Chaparina el 25 de septiembre de 2011. No obstante, la Fiscalía determinó excluirlos de ambos procesos de investigación./ANF