Acuerdo en el PEU-P, otra fractura en el MAS

La Comisiónnegociadora dela Gobernacióny los dirigentes del Plan de Empleo Urgente y Productivo (PEUP) alcanzaron un principio de acuerdo mediante el cual se levantaron las medidas de presión que desde el pasado lunes mantenían bloqueada ala Gobernación.

El Secretario de Hacienda, Grover Pereira, señaló que se logró garantizar una quincena más de trabajo para las funcionarias, las cuales demandaban una ampliación del presupuesto que consolidará sus puestos de trabajo hasta el final de la gestión. Pereira señaló que el monto a desembolsar será de poco más de un millón de bolivianos.

Marina Hoyos, dirigente del PEUP, señaló que los puntos que no se acordaron serán tratados en una mesa técnica posterior, entre ellos, la ampliación de otra quincena que les permita llegar con trabajo hasta fin de año, el registro único de trabajadoras (actualmente afiliadas a seis sindicatos diferentes) y el análisis en profundidad del funcionamiento del programa. Norman Lazarte, también dirigente del PEUP, agradeció la conformación de una mesa técnica permanente para tratar el tema.

El programa, dotado con más de 35 millones bolivianos anuales, según las previsiones del PEUP se habría agotado en noviembre, por lo que decidieron movilizarse para pedir más recursos.

Nueva fractura entre los afines al MAS

En los días de movilización, se ha generado un agrio debate sobre el correcto funcionamiento de los recursos por parte de la organización del PEU-P.

La dirigente Marina Hoyos, quien en el transcurso del conflicto pidió la renuncia del secretario ejecutivo Roberto Ruiz, y denunció que la organización fue utilizada para presionar ala Asamblea, ayer añadió que “todas pusimos 50 bolivianos para el Congreso del MAS, que le pregunten al profesor Eulalio Sánchez, que pidió el 5 por ciento”.

Desdela Federación SindicalÚnica de Comunidades Campesinas de Tarija, su dirigente, Pánfilo Guzmán ha lanzado críticas al programa, al considerar que el trabajo que se realiza no es productivo y que debería reformularse. También las asambleístas del oficialismo, Berta Aramayo y Epifania Espinoza criticaron la gestión y pidieron abiertamente una auditoría.

Guzmán también cargó contra el bono de 4.500 bolivianos que el sector gremial está pidiendo, al considerar que el único trabajo productivo es el de los campesinos, por lo que el bono no sería equiparable al Prosol, “más bien contribuyen al contrabando” señaló respecto a la función de los gremiales.

Mientras, el gobernador Lino Condori eludió emitir declaraciones a la prensa al respecto del programa./El Nacional