Apenas 13 de cada 100 cochabambinos respaldan financiamiento.
Los partidos políticos no gozan de la confianza de la población y una mayoría considera que no deberían recuperar el financiamiento para sus campañas electorales.
De acuerdo con la última encuesta de IPSOS para Página Siete, 55% de los pobladores del eje central de Bolivia opina que las fuerzas políticas que participen en los comicios futuros no deben recibir ninguna clase de recurso estatal para gastarlo en actos proselitistas.
Los partidos no reciben dinero público desde que, en 2008, se aprobó una ley que eliminó el subsidio estatal. La iniciativa fue promovida por el Movimiento Al Socialismo.
801 personas, todas ellas mayores de edad, participaron en la encuesta de IPSOS. El trabajo de campo se realizó entre el 14 y el 25 de julio en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Las cuatro urbes concentran la cuarta parte de la población del país.
El estudio de opinión pública consideró todas las variables socioeconómicas y grupos etarios. Se utilizaron cuestionarios estructurados con algunas de las respuestas abiertas.
En la elección presidencial de 2009 y en la regional de 2010, ningún partido político, agrupación ciudadana o pueblo indígena recibió financiamiento para su campaña política.
Esta subvención o apoyo se otorgó en Bolivia desde la década del 90. La intención era posibilitar que las fuerzas políticas pequeñas puedan efectuar campaña y aminorar las asimetrías con los partidos grandes.
Evo Morales criticó este financiamiento durante sus años como diputado nacional.
El Movimiento Al Socialismo devolvió a la extinta Corte Nacional Electoral los recursos que recibió en las elecciones de 2004 y 2005.
El debate sobre el financiamiento estatal de los gastos de campaña fue reabierto por el Tribunal Supremo Electoral, que prepara un paquete de normas y reglamentos para los siguientes procesos eleccionarios.
La nueva Ley de Régimen Electoral no incluye ninguna clase de subvención de actos proselitistas, sin embargo el tema será discutido en la futura norma de organizaciones políticas que la Asamblea Legislativa Plurinacional trabajará durante los próximos meses./Pagina Siete


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