Tarija-Venta de celdas un exitoso negocio en Morros Blancos

Las cárceles son todo un mundo, donde el objetivo central es pagar por un delito; sin embargo ya adentro la misión es sobrevivir. Al interior de los penales algunos reos pasan cursos de capacitación en alguna rama técnica, otros deprimidos esperan el paso de los años en aparente tranquilidad, empero muchos otros continúan dedicándose a la agresión o “negocio”. Tener celda y garantizar la seguridad de tu vida son dos cosas que te saldrán carísimas si un día llegas al penal de Morros Blancos.

Como en todas las cárceles bolivianas, Morros Blancos se constituye, para algunos reos, en un centro de negocios. Una de las formas más factibles es alquilar o vender a los nuevos integrantes espacios para habitar, transgrediendo la norma. Dos reos entrevistados por El País aseguraron que el alquiler de un espacio oscila entre 400 bolivianos a 100 dólares. Pero eso no es todo también se debe pagar derecho de piso y una garantía que lleva el nombre de “seguridad” para que tu vida no corra ningún riesgo.

Todos estos negocios son conocidos por las autoridades y a pesar de ello se han posicionado en el penal. Los esfuerzos de la Gobernación, de los encargados de la cárcel o de Régimen Penitenciario han sido vanos. La  venta de celdas es un secreto a voces que crece al interior de Morros Blancos. “Me pidieron dinero primero para garantizarme una celda aceptable y luego para mantenerme con vida”, denuncia un ex reo que salió en libertad hace un mes. 

La directora departamental de Régimen Penitenciario, Ruth Albarracín, admitió el problema y explicó que el tiempo más difícil para un reo son sus primeros 15 días, tiempo que tarda en ambientarse. En este periodo los reos más antiguos buscan a los recién ingresados, que acorde a afinidad, eligen la celda a la cual se integrarán y negocian el precio, pues por el hacinamiento en la cárcel de Morros Blancos, conviven hasta cinco reos por celda. Según el reo que decidió brindarnos entrevista, el derecho de piso y el de seguridad oscilan entre 100 a 1000 dólares o más. “Siempre depende de la riqueza del nuevo preso”, reveló. 

Albarracín explicó que en Tarija existen casos de venta y alquiler de celdas, pero en menor cantidad que en otros centros penitenciarios del país. Asegura que el problema se trata a través del Concejo Penitenciario y la Policía. “El problema es común en todas las cárceles y los encargados de la seguridad son los responsables de regular la situación”, dijo.

Reveló que ha recibido varias denuncias de este tipo y manifestó que la organización es propia de los reos. Albarracín dice que la Policía del recinto carcelario asume acciones para evitar la proliferación de estos actos, cuyas víctimas hasta hoy se mantienen en el anonimato.
“Se trata de controlar el delito a través del Concejo Penitenciario e implementar mecanismos para lograr una convivencia pacífica dentro de los muros. Según las denuncias cobran desde 400 bolivianos por mes”, afirma. 

¿Pero qué pasa cuando hay atrasos en el pago del alquiler de celdas? Sin duda las denuncias surgen cuando los reos son víctimas de violencia por no pagar. A menudo sufren agresiones físicas que incluso derivan en su muerte. 

Sobre el destino del dinero de los alquileres que se cobran, se desconoce su finalidad, pero lo seguro es que no se usa en mejorar la condición general de habitabilidad como ocurre en cárceles más grandes de otros departamentos, sino es usado para el beneficio individual de los reos que tienen el poder sobre el recinto.

Hasta el mes de julio se tenían 485 reos, hoy se contabilizan 450, que viven en hacinamiento y en palabras simples “los presos se las ingenian para habitar durante el tiempo de su reclusión”, empero la ley prevé que por falta de celdas, el director del establecimiento a través del Concejo Penitenciario puede aprobar construcciones de nuevas celdas, con la condición de que el reo que construya una celda deberá dejar a otro reo convivir en el mismo recinto y si éste queda en libertad la celda pasará a manos del Estado.

Respecto al enmallado donde yacen los procesados por corrupción pública, la directora aclaró que estos ciudadanos construyeron sus celdas acorde a sus posibilidades, sin embargo aseguró que velan por que no exista ostentación, como ocurre en otras cárceles nacionales, “supervisan y evitan esta inequidad”, dijo y añadió que lo mismo ocurre con los encarcelados por delitos de narcotráfico, a quienes no se les permite lujos. Albarracín invitó a verificar esta situación a El País. 

Según afirma, hace un mes aproximadamente que las extorsiones están mermando por que la Policía ha tomado acciones para evitar estos actos. Un reo reveló a El País que cuando ingresó tuvo que pagar  mil dólares para proteger su vida. 

Pero Albarracín asegura que existe la predisposición, pese a la precariedad, de que no incrementen estas irregularidades que vienen aparejadas de extorsiones a reos pudientes, cobros de alquileres y derechos de piso, u otros cobros como el denominado de “seguridad”, en el que los reos cobran a una persona, ya sea para protegerla o para no hacerle daño, toda vez que los reos que dirigen estas redes escogen bien a sus víctimas.

Según Albarracín  es menester incluir las figuras tratadas dentro de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, para mejorar la administración penitenciaria, ya que es evidente la crisis del sistema penitenciario pues para la directora el principal problema es “la falta de infraestructura y equipamiento para controlar la internación de los privados de libertad”.

Dijo que para esto espera la llegada del director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, quien estará en el departamento la siguiente semana. 

Consultada sobre si se identificó a quiénes presiden estas actividades que generan ingresos de manera ilícita, Albarracín expresó que por cuestiones de seguridad no puede dar a conocer los nombres, sobre todo al tratarse de personas privadas de libertad, “cualquier cosa que yo diga o identifique, causaría problemas”, concluyó.

Al respecto El País consultó al gobernador del Penal de Morros Blancos, My. Nilo Torrejón, quien confirmó el negocio y dijo que al interior del penal los reos poseen organizaciones herméticas, que se vuelven muy reservadas. 

Para Torrejón un factor que origina estos cobros, es que no hay separación de pabellones por tipificación de delitos, es decir que un presunto violador o un presunto asesino, conviven con los demás reos siendo lo aconsejable para su reinserción un tratamiento especializado.

Torrejón sostuvo que no está permitido vender celdas dentro del penal y coincidió que se trata de un secreto a voces pero que no puede ser denunciado por los reos. “Si denuncian los sacan de la celda, donde viven”, dijo y añadió  que prácticamente quien ingresa a esta cárcel, debe encontrar la manera de sobrevivir.

DATO
En Tarija la pasada semana se celebró una reunión con el Concejo Penitenciario, en la que se autorizó una medida de 3 x 4 para las celdas que sean construidas de ahora en adelante, a solicitud de la población presidiaria. 

Esa medida se estableció debido a que en pasadas gestiones no hubo control y algunos sobrepasaron el tamaño. 

Iniciará saneamiento de terrenos para ampliar el penal de Morros Blancos

La directora departamental de Régimen Penitenciario, Ruth Albarracín, informó el viernes que en un plazo de 20 días recibirá un poder notarial del Ministerio de Gobierno que permitirá aprobar los planos del terreno con el Gobierno Municipal de Cercado para iniciar el proyecto de refacción y ampliación del penal Morros Blancos.

Albarracín enfatizó que existe la predisposición por parte de la dirección nacional de trabajar sobre este tema, por lo que dijo que ya está en marcha la autorización legal a la regional Tarija, para definir con el municipio el tema de planificación del terreno y para que con ello, la Gobernación pueda ejecutar los trabajos comprometidos.

Por su parte el director de infraestructuras de la Gobernación, Eduardo Miranda, señaló que con esa aprobación, el ejecutivo departamental tendrá todo predispuesto para licitar este proyecto y ejecutarlo.

Asimismo, advirtió que “los recursos están en riesgo de destinarse a otros proyectos si por lo menos en 2 meses más no se define esta situación”.

Por otro parte, Miranda explicó que otro de los factores que ha generado preocupación para la ejecución de ese proyecto de ampliación del penal de Morros Blancos es el rechazo de los vecinos de esa región.

“La gente cree que la construcción del penal en ese sitio es inseguro, pero en realidad, es mucho más inseguro tener el edificio como esta en Morros Blancos, es un riesgo”, afirmó el director de infraestructura de la Gobernación./El País