Retrasan una semana tratamiento de posible suspensión de asambleístas

Otra semana que pasa y el tema de los asambleístas que se encuentran con acusación formal en la justicia ordinaria todavía no fue agendado para tratarlo en el pleno del Órgano Legislativo Departamental, a pesar de que el informe de la Comisión de Constitución fue presentada el 23 de julio. La presidenta en ejercicio de la Asamblea, Guadalupe Jurado, señaló que el tema será tratado la semana próxima en el pleno y que no se pudo programarlo para esta semana “ya que se tenían pendientes algunos proyectos de ley”. “Se tratan los temas en orden en el que van ingresando a la directiva y por ese motivo todavía no se habría fijado fecha”, justificó.

La directiva se reunirá para priorizar el tema y agendarlo la semana próxima, dijo Guadalupe Jurado, al momento de ratificarse en su postura de que se debe respetar el cumplimiento de la Ley Marco de Autonomías, es decir, que se deba suspender a las autoridades que se encuentran con acusación formal.
Sobre la situación del asambleísta Sergio Reyes, quien se encontraba con acusación formal, pero tras la conciliación de partes en el proceso en su contra, la acusación quedaría sin efecto, Jurado dijo no conocer al respecto y que la directiva de la Asamblea no recibió ninguna nota informando sobre la situación jurídica del legislador.
Los asambleístas Neyda Antelo y Ramiro Burgos, ambos con acusación formal en la justicia ordinaria, deberán esperar que el pleno de la Asamblea decida su situación, si es que permanecen en sus funciones o son suspendidos.
En base a los dos informes presentados a la directiva de la Asamblea, los treinta legisladores debatirán y decidirán el destino de ellos, el informe por mayoría sugiere el respeto a la Constitución Política del Estado, respetando el artículo que señala que toda autoridad será suspendida con sentencia ejecutoriada, y el informe por minoría sugiere el respeto a la Ley Marco de Autonomías que señala que se podrá suspender a una autoridad cuando ésta se encuentre con acusación formal./El País