Protesta. Los directores de ANF y el periódico Página Siete rechazaron dar a conocer los nombres de los periodistas que elaboraron las notas sobre el discurso de Evo en Tiwanaku
La Agencia de Noticias Fides (ANF) y el periódico Página Siete quitaron ayer competencia a la fiscal encargada de la investigación sobre supuesta incitación al racismo que pesa sobre estos medios y reafirmaron su posición de que el caso debe ventilarse en los Tribunales de Imprenta y no en la vía ordinaria como pretende el Gobierno.
El requerimiento fiscal a los tres medios de comunicación denunciados por el Gobierno (ANF, Página Siete y El Diario) pide identificar los nombres de las personas que elaboraron las notas sobre el polémico discurso del presidente Evo Morales, el 15 de agosto, chocó con la negativa de estos y dos de sus directores asumieron la responsabilidad de las publicaciones.
El premio nacional de periodismo y director de la ANF José Gramunt de Moragas emitió un comunicado público, a través de esta agencia, en el que señala que no reconoce competencia alguna en este caso a la vía ordinaria.
“Aclaro que la presente misiva no implica reconocimiento de competencia alguna, sino tan solo el cumplimiento de lo requerido por su autoridad”, respondió Gramunt de Moragas, fundador y director de la ANF desde hace 49 años.
Del mismo modo, el director del periódico Página Siete, Raúl Peñaranda, también en un comunicado público, se declaró “responsable legal” de la nota publicada el 16 de agosto sobre el discurso presidencial en Tiwanaku.
“Peñaranda le negó competencia a la mencionada fiscal para analizar el tema y dijo que, en todo caso, el asunto debería ventilarse bajo la Ley de Imprenta”, refiere la nota.
Según el director, Página Siete no ha cometido “falta y menos aún, delito” en la mencionada nota publicada y que, en todo caso, el proceso debería ser visto por un jurado de imprenta, que es lo que prevé la ley. “No puede un periodista, por un tema de imprenta, ser acusado penalmente, ello es contrario a la ley”, dijo.
La fiscal del caso, Susana Rodríguez Soria, solicitó a los tres medios que identifiquen al “representante legal y/o responsables y editores de la nota publicada en fecha 15 de agosto”.
La autoridad aclaró que no existe ninguna querella y que en sus manos está una ‘denuncia’ presentada por el Ministerio de la Presidencia, explicando que después de las investigaciones ella dará las conclusiones sobre esta pesquisa, ya que la acusación se circunscribe en el marco de la Ley contra el Racismo.
Asimismo, dijo que convocará a la parte denunciante, que en este caso es el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pero aclaró que puede ser a través de su representante, el director jurídico de esa cartera de Estado, Juan Marcelo Zurita Pabón.
"Este caso es uno más. Por ahora no tengo informe del investigador sobre los requerimientos para que esos medios identifiquen a sus representantes legales", dijo la fiscal a los periodistas.
Piden videos a canales de televisión
La fiscal Susana Rodríguez pidió a tres canales de televisión que entreguen los videos del polémico discurso. Las redes convocadas son Unitel, ATB y Bolivia TV (canal 7), cuyos directivos deben entregar los videos que emitieron ese día.
La representante explicó que estos medios tienen un plazo para el cumplimiento del requerimiento fiscal, pero no dijo cuándo vence ese plazo ni se refirió a las consecuencias si hay una negativa de los mismos.
El Gobierno demandó a una agencia y a dos diarios por el supuesto delito de ‘difusión e incitación al racismo o la discriminación’. Además, les atribuyó intenciones que van desde generar "un enfrentamiento y consecuentemente un odio racial y discriminación entre bolivianos", hasta poner "en peligro la unidad del Estado plurinacional", según la ANF.
LAS FRASES
«La presente misiva no implica reconocimiento de competencia alguna, sino tan solo el cumplimiento de lo requerido por su autoridad»
José Gramunt de Moragas | ANF
«No puede un periodista, por un tema de imprenta, ser acusado penalmente. Ello es contrario a la ley»
Raúl Peñaranda | Página Siete
«Por ahora no tengo informe sobre los requerimientos para que esos medios identifiquen a sus representantes legales»
Susana Rodríguez | Fiscal paceña
/El Deber
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