El ex ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, que firmó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos el pasado 1 de mayo de 2006, reiteró hoy que el gobierno de Evo Morales incumple la aplicación de dicha disposición al reconocer, mediante un comunicado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que desde mayo de 2007, cuando entraron en vigencia los contratos petroleros suscritos en el gobierno de Morales, las petroleras sólo tributan el 50% y no el 82% dispuesto al nacionalizarse el gas. Soliz Rada, al referirse a la respuesta de YPFB, dijo que ésta “admite que no se ha avanzado en la creación de una YPFB trasnparente y capaz de responder a los intereses nacionales.
Prueba de ello, es que YPFB no ha sido capaz de financiar sus operaciones en las bolsas de valores y obtener financiamientos adecuados para sus proyectos de inversión, sin someterse a las petroleras”.
Añadió que, “más allá de la retórica, lo evidente es que Bolivia no tiene Plantas Separadoras de Líquidois en el Chaco y Río Grande, las que debieron estar funcionando antes de exportar más gas a Brasil y Argentina, hecho que está ocasionando millonarias pérdidas”.
En junio de 2006, Evo Morales y Soliz Rada acordaron en Argentina que la Planta Separadora del Gran Chaco debía estar en operación plena antes de incrementar los volúmenes de exportación de gas a ese país, hecho que no ha ocurrido. Se acordó también que dicha planta se construiría con financiamiento argentino. El envío de gas rico a Argentina sólo beneficia a Repsol YPF, propietaria de la planta refinadora de Campo Durán, en Salta, donde extrae el GLP y gasolinas naturales que le llegan gratuitamente junto al gas metano que se bombea desde Margarita, un megacampo operado también por Repsol en Tarija, Bolivia. “Bolivia debe continuar exportando GLP, diesel y gasolinas, en tanto que mantiene el interinato en la presidencia de YPFB, no ha difundido los hallazgos de las auditorías petroleras encomendadas por el decreto de nacionalización y ha sido incapaz de avanzar en la construcción del Gasoducto Boliviano al Occidente (GABO), a fin de conectar con gas a los megacampos del sur con el Salar de Uyuni, la minería del occidente de Bolivia y las ciudades de El Alto y La Paz”, recordó la ex autoridad, en cuya gestión de realizaron las auditorías petroleras que encontraron evidencias de fraude contable e incumplimiento de compromisos de inversión de las principales transnacionales que continúan controlando los megacampos gasíferos de Bolivia, como Petrobras y Repsol. YPFB, en respuesta dio cifras de ingresos por exportación de gas y petróleo atribuyéndolos al decreto de nacionalización. Dichas cifras, sin embargo, corresponden únicamente a la aplicación de la Ley 3058 y a los contratos de operación suscritos en octubre de 2006, dado que, según Soliz, ya no se aplica el decreto nacionalizador de mayo de 2006./El País
Añadió que, “más allá de la retórica, lo evidente es que Bolivia no tiene Plantas Separadoras de Líquidois en el Chaco y Río Grande, las que debieron estar funcionando antes de exportar más gas a Brasil y Argentina, hecho que está ocasionando millonarias pérdidas”.
En junio de 2006, Evo Morales y Soliz Rada acordaron en Argentina que la Planta Separadora del Gran Chaco debía estar en operación plena antes de incrementar los volúmenes de exportación de gas a ese país, hecho que no ha ocurrido. Se acordó también que dicha planta se construiría con financiamiento argentino. El envío de gas rico a Argentina sólo beneficia a Repsol YPF, propietaria de la planta refinadora de Campo Durán, en Salta, donde extrae el GLP y gasolinas naturales que le llegan gratuitamente junto al gas metano que se bombea desde Margarita, un megacampo operado también por Repsol en Tarija, Bolivia. “Bolivia debe continuar exportando GLP, diesel y gasolinas, en tanto que mantiene el interinato en la presidencia de YPFB, no ha difundido los hallazgos de las auditorías petroleras encomendadas por el decreto de nacionalización y ha sido incapaz de avanzar en la construcción del Gasoducto Boliviano al Occidente (GABO), a fin de conectar con gas a los megacampos del sur con el Salar de Uyuni, la minería del occidente de Bolivia y las ciudades de El Alto y La Paz”, recordó la ex autoridad, en cuya gestión de realizaron las auditorías petroleras que encontraron evidencias de fraude contable e incumplimiento de compromisos de inversión de las principales transnacionales que continúan controlando los megacampos gasíferos de Bolivia, como Petrobras y Repsol. YPFB, en respuesta dio cifras de ingresos por exportación de gas y petróleo atribuyéndolos al decreto de nacionalización. Dichas cifras, sin embargo, corresponden únicamente a la aplicación de la Ley 3058 y a los contratos de operación suscritos en octubre de 2006, dado que, según Soliz, ya no se aplica el decreto nacionalizador de mayo de 2006./El País


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