Los peritos designados para realizar pericia en la presa El Molino, se excusaron de realizar la inspección, argumentando vínculos de amistad con los imputados en el caso.
El fiscal Ariel Torres, director funcional de la investigación, indicó que ahora aguardan la determinación del juez para ver si acepta o no la excusa de los profesionales, considerando los argumentos planteados por los mismos.
Torres recordó que hace meses atrás, el ministerio público solicitó la realización de una pericia en el ámbito técnico y estructural de la presa El Molino, de manera que personal especializado en ese tipo de construcciones ejecute un estudio y determine las características, estructuras, falencias y demás cuestiones referidas a la obra y que tengan que ver con el hecho ilícito que se está investigando.
No obstante, el fiscal indicó que los peritos habrían formulado una serie de argumentos para no realizar la inspección, señalando, por ejemplo, que carecían de criterios técnicos sobre el tipo de obras y que además se trataba de un trabajo demasiada amplia.
“Pese a ello, el ministerio público ha decidido mantener la ejecución de esta pericia por parte de los mismos profesionales que han formulado esta negativa, lo cual ha motivado a su vez que los peritos recurran al Juez Instructor mediante la vía de la excusa, en este caso se alegado que se tiene ciertos vínculos con alguna de las partes y que producto de ello, no estarían en la condición jurídica de continuar realizando el trabajo”, señaló.
Indicó que ahora el caso está en manos del Juez Instructor, quien debe definir cuál será la situación de los peritos, es decir si se los aparta o no de la pericia; en caso de apartarlos se buscará la posibilidad de contratar otros profesionales para que realicen el trabajo.
“El estudio imprescindible el estudio, es una cuestión técnica que debe ser dilucidada; pero en definitiva si no se lo hace en la etapa preparatoria se lo tiene que hacer en juicio, pero de que se lo tiene que hacer, se lo tiene que hacer”, remarcó.
El fiscal indicó que una vez que se dilucide la situación de la pericia de la obra, el ministerio público tomará una determinación en cuanto al caso.
El caso de la presa El Molino se refiere a la suscripción de dos contratos modificatorios que autoridades de la ex Prefectura firmaron con la empresa contratista Asociación Accidental Tarija, con los que se provocó daño económico al Estado y consiguiente enriquecimiento ilícito de los contratistas. Con los contratos modificatorios se incrementaron costos y volúmenes de obra innecesarios, se alteraron planillas de avance de obras, se sobredimensionaron precios unitarios, incluyendo el de excavación, que sufrió una subida de hasta el 300%.
El proyecto inició el 19 de julio de 2007, con una inversión aproximada de 70,7 millones de bolivianos.
La presa está ubicada en la comunidad de Carolina, en el cantón de Iscayachi, municipio de El Puente, segunda sección de la provincia Méndez.
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