Ministro promete más presencia en San Matías

Autoridades y pobladores reclaman más atención para esta zona fronteriza, que lleva años de abandono. El ministro Romero promete una estación integral 

El asesinato de tres ciudadanos bolivianos en un domicilio y el linchamiento de los presuntos autores a manos de una turba son interpretados en San Matías como el precio que hay que pagar por la inoperancia de las autoridades y por el abandono de parte del Estado, que apenas sienta presencia en esta parte de la frontera de más de 350 kilómetros con Brasil.

En San Matías pocos se sienten seguros y muchos protestan contra las autoridades. Durante el día la actividad es frenética, pero por las noches, hasta las 22:00, las calles se vacían, pues los vecinos se refugian en la seguridad de su hogar por temor a la delincuencia.

Solo hay 10 policías para patrullar, para investigar y para realizar los trámites de Tránsito, en una población de 12.000 personas. 

Hay dos funcionarios de Migración que obviamente no dan abasto para cubrir 10 puertos fronterizos, por lo que muchos delincuentes ingresan a territorio boliviano sin restricciones.

Respecto a los trámites judiciales, la ciudadanía debe peregrinar 350 km a San Ignacio para ser atendidos en asuntos judiciales, pues los jueces no quieren trabajar en esa zona.

El fiscal David Veizaga, que renunció hace cinco días a su cargo ‘por asuntos familiares’, afirma que para cualquier persona es difícil trabajar en esa localidad. 

Con el doble linchamiento y la falta de garantías, los policías también analizaron la posibilidad de abandonar su puesto y replegarse a Santa Cruz, pero el alcalde matieño, Carlos Velarde, consideró un despropósito dicha posibilidad.

“Estamos pagando el precio de la inseguridad por el abandono de las autoridades departamentales y nacionales. El precio es la muerte de tres personas inocentes, estamos a expensas de que cualquier extranjero que entre cometa cualquier delito. Estamos olvidados. Tenemos 10 policías para 12.000 personas, un funcionario de Migración para atender la demanda de los migrantes, carecemos de una institución policial con todas sus dependencias; realmente no hay las condiciones”, dijo el burgomaestre, que temprano, por la mañana, habló de convocar un cabildo el fin de semana, a fin de analizar esta situación.

No obstante, el cabildo quedó descartado, pues en horas de la tarde se hizo presente en territorio matieño el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La autoridad hizo un recorrido por la calle donde una multitud quemó vivos a dos brasileños acusados de un triple asesinato y después de verificar las condiciones en las que quedó el puesto policial, anunció que expondrá ante el presidente Evo Morales las necesidades de esa zona fronteriza.

Romero prometió canalizar recursos para la edificación de una estación integral, en la que desarrollen sus actividades la Policía, la Fiscalía y los órganos de justicia.

“El alcalde dijo que hay un terreno, veremos la posibilidad de edificar una estación integral, nos va a presentar un proyecto y esperamos responder rápidamente para dotarlo de una infraestructura que albergue mayor presencia policial, a la Fiscalía, un juzgado y algunas instancias de defensoría. Adicionalmente, vamos a trabajar con Migración, y daremos un mayor apoyo a las actividades económicas y sociales”, dijo. También habló de la necesidad de articular un consejo de seguridad ciudadana con políticas de frontera, en el que participen los municipios y la Gobernación.

Según Romero, inmediatamente se refaccionará el comando de la policía. “No tenemos problemas de correr con esos gastos, pero generalmente compartimos esas responsabilidades con el comando departamental”, indicó la autoridad.

Sobre el linchamiento, dijo que le sorprendió el hecho de que los dos brasileños con antecedentes delictivos hubieran entrado al país de forma irregular. Para él, la labor policial fue eficiente, pues en pocas horas arrestó a los autores del triple crimen, que con su accionar no solo agredieron a las víctimas sino a todo el pueblo y provocaron la reacción social que se tornó injusta con la Policía./El Deber