El Decreto Supremo 1302 de erradicación de la violencia, el maltrato y el abuso escolar, promulgado por el Presidente Evo Morales, fue rechazado por la Federación Departamental del Magisterio Urbano, que no descarta con asumir medidas, para evitar su aplicación. El miércoles 1 de agosto el Primer Mandatario de Estado promulgo el D.S. 1302, el que tendría el objetivo de erradicar la violencia, el maltrato y el abuso que atente contra la seguridad física, psicológica y sexual contra los niños, niñas y adolescentes que asisten a los establecimientos educativos en el país.
El ejecutivo del magisterio tarijeño calificó la norma como una medida errónea por parte del gobierno nacional, que generará malestar al sector magisterial de todo el departamento y el país en general.
“Esta es una medida errónea, que lo único que está haciendo es crear malestar en las bases del magisterio departamental, nacional y no compartimos la decisión, por cuanto vamos hacer una representación nacional para que este decreto sea revisado”, sostuvo.
Indicó que el magisterio no descarta con asumir medidas de presión para evitar su aplicación, porque la norma va en contra de los derechos de los maestros y de la misma normativa nacional.
“Da la impresión que según los versión del gobierno, de que quienes ejercen violencia son los maestros y queremos decirle nosotros al gobierno, que no somos los maestros lo que ejercemos violencia; la violencia inclusive se práctica desde el mismo gobierno nacional cuando se reprime a los maestros, o quienes no están con la política del actual gobierno”, cuestionó.
Pero además, recordó que existe la normativa legal vigente que penaliza cualquier acción de violencia contra la niñez, tal el caso, dijo, del Código del Niño Niña y Adolescencia que norma y sanciona a quienes ejerzan algún tipo de violencia contra los menores de edad, no solo en las unidades educativas, sino también en la familia y la sociedad.
El DS 1302 contempla cuatro Artículos: "el primer Artículo tiene como objeto establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, del maltrato y abuso, que atenten contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de los niños, niñas y adolescentes. El Artículo 2 dice que se deben seguir mecanismos de denuncia y seguimiento en la acción penal.
Artículo 3 establece que los miembros del plantel educativo que sean imputados por el Ministerio Público serán suspendidos de manera inmediata de sus funciones, hasta la conclusión del juicio y sin goce de haberes.
Finalmente, el Artículo 4 establece que además de la acción penal que deben seguir las autoridades educativas ante las denuncias interpuestas, se deberá establecer planes preventivos para garantizar una educación sin violencia conjuntamente con los municipios, defensorías de la niñez y las instituciones dedicadas a la protección de los derechos de los menores y jóvenes estudiantes./Agencia Plus

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