El diario “Los Tiempos” de Cochabamba afirmó este domingo en un editorial que la demandada entablada por el Gobierno contra la Agencia de Noticias Fides, “Página Siete” y “El Diario”, anunciada el viernes pasado, “debería estar destinada al fracaso si no hubiera un justificado temor a la actuación del Ministerio Público, cuya subordinación al Órgano Ejecutivo y, particularmente, al Ministro de la Presidencia, es notable desde el ascenso al poder del MAS”.
Bajo el título de “En defensa de la libertad de información”, el matutino de Cochabamba recuerda también que están vigentes la Ley de Imprenta y los tribunal de autorregulación, como los tribunales de ética, para juzgar los delitos de los que se acusa a la prensa y a los periodistas.
A continuación el texto del editorial:
La vida muestra que las casualidades no son tantas. Así, el 21 de agosto (a 41 años del golpe militar dirigido por el entonces coronel Hugo Banzer Suárez) el Ministerio de la Presidencia presentó ante la Fiscalía de La Paz una querella en contra de la Agencia de Noticia Fides (ANF) y los periódicos Página Siete y El Diario, por la presunta comisión del delito de “difusión e incitación al racismo” y “distorsionar” un discurso del presidente Evo Morales, lo que generaría “un enfrentamiento y consecuentemente un odio racial y discriminación entre bolivianos”. De acuerdo a un funcionario de ese Ministerio, esas “publicaciones son un delito de orden público, por lo que no corresponde que (el caso) sea procesado por el tribunal de imprenta".
Desde cualquier enfoque que no esté distorsionado por la presión del poder, se trata de una demanda que debería estar destinada al fracaso si no hubiera un justificado temor a la actuación del Ministerio Público, cuya subordinación al Órgano Ejecutivo y, particularmente, al Ministro de la Presidencia, es notable desde el ascenso al poder del MAS.
De acuerdo a la Constitución Política del Estado, los principios de veracidad y responsabilidad que deben guiar la información “se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley” (Art. 107/II). La ley es la Ley de Imprenta, que establece cuáles son los delitos en que pueden incurrir los medios y el procedimiento para demostrarlos y sancionarlos. Más aún, norma que los funcionarios públicos están obligados a querellarse en contra de los medios sólo mediante ella, pues, seguramente, los legisladores, al sancionarla, estaban conscientes del poder que estos tienen sobre la administración penal mientras ejercen funciones, como ahora se puede observar.
En cuanto a las normas de autorregulación, hay, para los medios escritos, dos tribunales de ética que han dado muestras de rigor en el tratamiento de las denuncias: el Consejo Nacional de Ética y el Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
Por lo señalado, se puede desprender que la intención del Ministerio de la Presidencia es obviar estos procedimientos y forzando figuras jurídicas, llevar el caso a los tribunales ordinarios. No en vano, en días previos el Ministro de Gobierno declaró la necesidad de “sentar un precedente” en este campo. Es decir, lo que se busca en amedrentar a los medios.
Como hemos sostenido permanentemente en Los Tiempos, quien se siente ofendido, calumniado o maltratado por los medios de comunicación tiene todo el derecho de defenderse, pues estamos conscientes de que no hay peor daño a cualquier actividad que la impunidad, pero hacerlo, por un lado, mediante los instrumentos regulatorios y autorreguladores que norman la actividad periodística, y, por el otro, sin pretender coartar la libertad de información.
Por último, además de expresar nuestra plena solidaridad con los medios acosados, corresponde reiterar que es tan claro el ordenamiento jurídico en el país que salirse de él, dadas las condiciones internas e internacionales, no sólo es un error, sino un acto de amedrentamiento. /ANF
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