El ministro de Gobierno, Carlos Romero realiza un balance de los primeros seis meses de su gestión, cómo se afrontaron los conflictos sociales y su propuesta de seguridad ciudadana que incluye reformas en distintos ámbitos institucionales.
¿Cómo evalúa sus primeros seis meses de gestión?
A partir del razonamiento del vicepresidente Álvaro García Linera, de que la producción de excedente económico genera una disputa nos obliga a pensar en nuevos ámbitos y también en nuevas formas de conflictividad social.
En la Constitución los mandatos del desarrollo económico y social están anunciados, pero estos todavía no son cumplidos.
Para algunos sectores que están ligados con el aparato productivo, este excedente ha generado confrontación, por eso se dieron conflictos entre mineros sindicalizados y cooperativistas, y empresas.
Las pugnas con relación al control de determinados yacimientos mineros y otros recursos recursos naturales crecieron, inclusive cuestionado el papel del Estado, por eso creo que este primer semestre lo dedicamos a resolver estos conflictos, y todos por la vía del diálogo.
¿Cuál fue la base para resolver estos conflictos?
Hemos agotado muchos mecanismos de concertación, yo creo que en la mayoría de los casos exitosamente, tal vez el tema pendiente en el que no pudimos involucrarnos porque había una sobreposición de temas fue Mallku Quta y fue el único que derivó en la pérdida de una vida humana. Desde ese punto de vista, creo que la gestión ha sido positiva en el sentido de la resolución de conflictos.
Reconocemos que hay una debilidad en la estrategia de prevención de conflictos sobre la que tenemos que trabajar.
¿La seguridad ciudadana?
Se ha especulado en sentido que los conflictos no nos permitieron desarrollar nuestra gestión pública en materia de seguridad ciudadana, pero encaramos estas tareas desde un principio, y tal vez no se han visibilizado, porque los conflictos sociales se han impuesto en los medios de comunicación por su impacto.
Debe destacarse que ha disminuido la cantidad de conflictos sociales con relación al mismo periodo en 2011. La magnitud de los mismos tal vez se ha intensificado, pero en materia de seguridad ciudadana no descuidamos nuestras tareas, hemos trabajado significativamente.
Nuestro trabajo se fundamenta en los mandatos de las dos cumbres de seguridad ciudadana, y sobre todo en la de Tarija.
Creo que en esta temática lo importante es que hemos empezado construyendo una visión de lo que significa la seguridad ciudadana.
En 2008, hubo un debate que se inició con la redacción de la reformulación de la Constitución y continúa con los estatutos autonómicos departamentales y toca la distribución de competencias de los nuevos órganos del Estado.
En ese tiempo aún se consideraba que la seguridad ciudadana sería un mecanismo coercitivo esencial-mente.
Las cumbres sobre seguridad ciudadana, con la participación de municipios y gobernaciones, cambiaron el enfoque de seguridad ciudadana vinculando el concepto al respeto de los derechos humanos. Fue asignado un enfoque integral y eso también cambia el rol de la Policía, que ahora debe interactuar con la sociedad para lograr un sentido de organización ligada a la comunidad . Pero, además, es una institución garante de los derechos humanos.
¿Cuáles son las leyes de apoyo a la de Seguridad Ciudadana?
Se trabajó una agenda, se han aprobado cuatro leyes en la Asamblea Legislativa de las 12 que hemos identificado como agenda mínima.
Dos leyes han sido propuestas por el Ministerio de Gobierno: Ley de Control y Expendio de Bebidas Alcohólicas y la Ley de Sistema de Seguridad Ciudadana.
Las otras han sido propuestas por la Asamblea Legislativa: Ley del Ministerio Público y a la Ley de Trata y Tráfico de Personas, esta última por sus contenidos y su esquema tiene una relación directa con el sistema de seguridad ciudadana
¿La Policía está en la capacidad de asumir estos retos?
La crisis en la Policía se acumuló durante muchos años, las reformas que se han pretendido aplicar fracasaron en la mayoría de los casos, por los problemas estructurales de la institución.
Creo que hay una concentración de poder en los niveles de mando de la Policía, que son parte de la estructura de una institución que tiene una disciplina de mando, pero a veces se distorsiona el ejercicio de poder de manera discrecional para beneficio particular o de grupo, en algunos niveles de mando.
Esta conducta discrecional genera corrupción y malestar interno.
El trato autoritario recibe como respuesta la falta de respeto y las conductas corruptas desmotivan al personal que siente que la institución no está bien organizada.
Esto trasciende a la opinión pública y la Policía se va deslegitimizando. Hay un plazo de 90 días desde la promulgación de la Ley de Seguridad Ciudadana para realizar el plan de reingeniería de la Policía y ponerlo en marcha. Al margen de esto, esperamos establecer nuevos sistemas como el patrullaje aéreo, con la adquisición de helicópteros, además de dotar de GPS al transporte masivo interdepartamental.
¿ El maltrato infantil tendrá una política específica?
Es un tema que también tiene que ver con el consumo de bebidas alcohólicas. El espíritu de la Ley está dedicado a proteger a tres grupos: niños, mujeres y población joven.
Una solución será las Estaciones Policiales Integrales donde estén las defensorías de la niñez, los sistemas legales integrales y brinden un auxilio inmediato a los niños o mujeres agredidos.
“Hemos agotado muchos mecanismos de concertación, yo creo que en la mayoría de los casos, exitosamente. Quedó pendiente Mallku Quta”.
“Se especuló que los conflictos no nos permitieron desarrollar nuestra gestión pública, en materia de seguridad ciudadana, pero encaramos las tareas”.
“Nos hemos planteado resolver estos conflictos, en lo fundamental por la vía del diálogo”.
“Esperamos establecer nuevos sistemas, como el patrullaje aéreo y GPS al transporte interdepartamental”.
Carlos Romero / MINISTRO DE GOBIERNO
/La Prensa
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