Fiscalía requiere nombres de periodistas para procesarlos

La Asociación Nacional de la Prensa anunció que denunciará al Gobierno en todos los foros internacionales por los procesos penales instaurados a tres medios.

La fiscal Susana Rodríguez inició el proceso de investigación a Página Siete, El Diario y la Agencia de Noticias Fides (ANF). Con ese propósito remitió ayer una serie de requerimientos para conocer los nombres de representantes legales, responsables y editores que fueron denunciados por el Ministerio de la Presidencia, acusados por el presunto delito “de incitación al racismo”. La fiscal requirió en un memorial “las generales de ley de su representante legal y/o responsables y editores de la nota publicada”, datos que deben ser presentados en el plazo de 48 horas, reportó la ANF. El 21 de agosto pasado, el Ministerio de la Presidencia presentó una denuncia contra los tres medios de comunicación ante el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de “difusión e incitación al racismo”. Según las autoridades, el proceso debe ser por la vía penal. “Se hizo la comunicación al juez para que conozca lo que se está investigando en este caso. Hemos remitido algunos requerimientos para poder individualizar a las personas que hubieran participado en el hecho”, declaró la fiscal a la red ATB y señaló que requirió a las instancias que corresponde las “grabaciones de los videos originales (del discurso del presidente Morales)”. El 15 de agosto, el Jefe de Estado se refirió en Tiwanaku a las condiciones de producción en el occidente. En esa ocasión, entre otros, respecto del oriente dijo: “(...) pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”.  La afirmación dio paso a titulares que el Gobierno considera que tuvieron la intención de generar “odio racial” y “dividir al país” entre oriente y occidente. Las autoridades nacionales han rechazado que el proceso, si es que existiera alguna responsabilidad, se ventile a través de los tribunales de imprenta.  ANF detalla que Rodríguez fundamenta su requerimiento en tres artículos del Código Penal: desobediencia a la autoridad, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y encubrimiento; en dos artículos del Procedimiento Penal: cooperación directa e informes, y en uno de la Ley Orgánica del Ministerio Público: deber de cooperación. El secretario del Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, del gobernante MAS, señaló que las investigaciones de la Fiscalía necesariamente deberán concluir con la imputación de los sospechosos o el rechazo a la denuncia y que de las pesquisas “nacen nombres y se saben los nombres de quienes han cometido los presuntos delitos”. Su colega Lucio Marca (MAS) acotó que en seis meses se determinará la verdad jurídica.  “Puede ser una decisión política orientada desde la institución o sólo puede ser un error de una persona que trabaja en la institución que dirige malintencionadamente estas informaciones”, manifestó el asambleísta./Pagina Siete