Fiscalía puede definir tribunal de imprenta para tres medios

Las organizaciones de prensa del país se movilizan 

El Gobierno dejó en manos de la Fiscalía de La Paz la posibilidad de que la querella presentada en contra de tres medios de comunicación, Página Siete, Agencia Fides y El Diario, se ventile en tribunales de imprenta y no en la justicia ordinaria.

El ministro de Gobierno,  Carlos Romero, explicó que la fiscal Susana Rodríguez puede declararse incompetente y derivar el caso a un tribunal de imprenta, tal como demandan los sectores periodísticos.

A esta declaración se sumó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, que explicó que lo que se presentó ante la Fiscalía fue una denuncia y no una querella. Dijo que debe ser esta instancia la encargada de evaluar lo que se publicó y revisar si corresponde aplicar la Ley Contra el Racismo.

Paralelamente, la fiscal Rodríguez refirió que para iniciar la investigación que solicita el Gobierno se debe individualizar a los autores, porque el memorial presentado denuncia a tres medios y aclaró que solo las personas pueden ser imputadas y no así las organizaciones.

Pero los medios acusados, Página Siete, Agencia Fides y El Diario, sostienen la posición de que las notas son emitidas por estos canales y que no existen responsables individualizados como pretende el  Ejecutivo.

“Entonces me van a tener que encerrar a mi porque soy el director de la agencia”, fue la contundente respuesta del padre José Gramunt de Moragas, cuando se enteró de que debe informar sobre quién elaboró la nota que cuestiona el Gobierno.

Según Navarro, lo que impulsa al Gobierno en este proceso es que el titular “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por flojera”, provocó reacciones negativas en contra del presidente y alentó la discriminación racial.

También recordó que un  periodista de Santa Cruz ya hizo uso de esta normativa legal, la discriminación racial, en contra del alcalde cruceño Percy Fernández.

Para el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, no es incompatible iniciar un proceso penal contra un periodista o contra un medio. “Por qué tendría que ser incompatible que un gobierno pueda apelar a instrumentos jurídicos para ventilar un proceso por lo que cree que es correcto hacerlo. No es incompatible”, agregó.

Desde distintas regiones, las organizaciones que aglutinan a los trabajadores de la prensa, emitieron comunicados llamando a una movilización general. En Santa Cruz, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (Fstpsc) convocó “una vigilia en protesta y repudio” contra la demanda del Gobierno a partir de las 19:00 y mañana a la marcha “a horas 9:30 en defensa del derecho a informar, repudiar y rechazar la demanda contra estos tres medios”, señala la convocatoria.

Periodistas en Sucre, Potosí y Beni marcharon ayer en repudio a este nuevo intento del Gobierno de acallar el trabajo de los comunicadores y rechazaron cualquier intento de censurar esta labor.

Inciertos los juicios contra Veja

Mientras los opositores que estuvieron una semana en Brasil denunciaban que no había  ningún proceso judicial en contra de la revista Veja que publicó acusaciones en contra del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, este dijo lo contrario y aseguró que existen dos procesos contra esa revista.

“Hay dos procesos contra Veja, uno del Estado contra la revista por haber mellado la dignidad del Estado y otro personal. Estamos esperando que nuestro embajador Jerjes Justiniano pueda hacer avanzar estos procesos con el equipo de abogados que se está contratando en el Brasil”, refirió el dignatario. El embajador viajará a ese país la siguiente semana.

Pero los diputados Luis Felipe Dorado, Adrian Oliva y Álex Orozco, todos de CN, visitaron Brasilia y San Pablo, donde verificaron que el Gobierno no inicio ningún proceso penal contra la revista. “Vemos que en el Brasil sí existe justicia y libertad de expresión, solo se criminaliza a la prensa boliviana que no es esclava de la línea editorial del Gobierno”, dijo ayer el diputado Orozco./El Deber