Experto dice que un cártel necesita de protección armada, judicial y política

Requisitos para que “narcos” operen en un país

Foto ref: Ministro Romero acompaña erradicacion de cocales ilegales

Un experto en la lucha contra el tráfico de drogas explicó que un cártel del narcotráfico (organización criminal que se dedica a la comercialización de estupefacientes y armas) necesita de protección armada, judicial y política para poder operar en un país.

De acuerdo con la información proporcionada por el experto, que pidió mantener en reserva su identidad, los cárteles necesitan de estas tres condiciones básicas para realizar grandes inversiones de dinero y controlar un determinado territorio en el país donde operan con el fin de desarrollar sus actividades ilícitas sin mayor obstáculo ni riesgo.

La palabra “cártel” empezó a cobrar fuerza en los últimos días en Bolivia debido a una denuncia que realizó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sobre una presunta actividad de cárteles colombianos y mexicanos que tendrían vínculos directos con personas particulares y policías de Santa Cruz.

Esta denuncia coincide con las que realizó el senador de la opositora Convergencia Nacional, Roger Pinto, a quien se lo procesa, entre otras cosas, por decir que había gente del gobierno vinculada a cárteles del narcotráfico; incluso, por versión del propio legislador y sus compañeros de bancada, se entregó al presidente Evo Morales las pruebas de lo afirmado para que sea él quien instruya una investigación.

El 6 de junio la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, afirmó que en Bolivia operan cárteles de narcotráfico de su país y expresó el apoyo de su gobierno para realizar una lucha antidroga de manera conjunta con la administración de Evo Morales.

Esta afirmación de la jefa de la diplomacia colombiana causó indignación en las autoridades bolivianas. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que el 30 de mayo entregó a la Fiscalía de La Paz documentos de inteligencia sobre la presunta presencia de cárteles colombianos y mexicanos en Bolivia, calificó como “vocera” de la DEA (Agencia Antidroga de los Estados Unidos, en sus siglas en inglés) a la canciller Holguín.

Quintana explicó que el Gobierno investiga el tema, pero no detectó “de manera sólida” la presencia de cárteles de narcotráfico en el país, aunque dijo que hay presencia extranjera implicada en ese tráfico ilícito.

En enero de este año, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, sostuvo que informes determinaron que no hay cárteles del narcotráfico en Bolivia, pero añadió que se detectó la presencia de “emisarios” de esas organizaciones delictivas enviados con la pretensión de colectar droga en el territorio nacional.

Ayer, el senador del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos, aseveró que no sólo existiría vínculos de policías con “narcos” sino también de fiscales. Algo similar dijo el exviceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, incluso reveló que algunos militares también estarían comprometidos con el narcotráfico.

Hoy, el fiscal general del Estado, Mario Uribe, en un breve contacto con los periodistas en la ciudad de La Paz, admitió que conocía de varias denuncias sobre la presunta presencia de cárteles del narcotráfico en Bolivia, pero no dio mayores detalles.

Más antecedentes

El senador Roger Pinto aseguró el 10 de marzo de 2011 que existía un informe con indicios que advertían sobre las actividades irregulares del “narcogeneral” René Sanabria y que el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el presidente Evo Morales conocían del hecho.

En fecha 8 de abril del mismo año, el senador por Convergencia Nacional, Bernard Gutiérrez, entregó al presidente Evo Morales las supuestas pruebas de nexo del exministro Sacha Llorenti con el general René Sanabria, exjefe de la policía antidroga, quien fue capturado y acusado por narcotráfico el 27 de enero de 2011 en Panamá luego de un trabajo de inteligencia de la fuerza antidroga estadounidense en combinación con carabineros de Chile.

El 22 de mayo de 2012, el senador Pinto, en declaraciones a Erbol, señaló que en el legajo de documentos entregados al Jefe de Estado, donde se detallan los presuntos vínculos, se citan los nombres del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la directora de ADEMAF en el Beni, Jessica Jordan.

El 28 del mismo mes, Roger Pinto se refugia en la delegación diplomática de Brasil en La Paz y solicita asilo político argumentando ser víctima de “persecución política” por el gobierno del MAS. El 8 de junio, el gobierno brasileño de otorga el asilo en claro cuestionamiento a las políticas de la administración de Evo Morales.

El 8 de julio la revista brasileña Veja, en su reportaje “Bolivia, la República de la cocaína”, reveló sobre una “conexión directa entre el hombre de confianza de Evo Morales, ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, y un narcotraficante brasilero que actualmente cumple su pena en la penitenciaría de máxima seguridad de Catanduvas, en Paraná”.

Veja dio que tuvo acceso a informes producidos por una Unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana.

Al día siguiente, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, desestimó iniciar una investigación a Quintana y anunció un juicio a la revista brasileña./Erbol