España: los médicos atenderán inmigrantes

Los galenos ibéricos se declararon en rebeldía contra la medida del gobierno que elimina el acceso gratuito al sistema de saud a los inmigrantes irregulares

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La medida del gobierno español de eliminar el acceso gratuito a los inmigrantes irregulares generó una ola de indignación de los médicos de familia. Por este motivo, este martes se presentó un proyecto del Ejecutivo que habilitaría seguros de pago para que éstos puedan acceder a los médicos.

Unos 870 médicos han firmado un manifiesto que circula en Internet y que entre otras cosas plantea: “Mi lealtad hacia los pacientes no me permite faltar a mi deber ético y profesional y cometer un abandono”.

Firmando dicho manifiesto, los doctores pasan a formar parte de una red de “objetores de conciencia” creada en julio por la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (Semfyc, conformada por 19 mil quinientos profesionales) para oponerse a esta norma, que entrará en vigor el 1º de septiembre.

La medida de privar a los “sin papeles” del acceso gratuito a la salud pública forma parte de las draconianas medidas de austeridad de Mariano Rajoy, que apuntan a reducir el déficit público español de 8,9% del PIB en 2011 a menos del 3% en 2014.

Los inmigrantes irregulares sólo serán tratados de forma gratuita en los casos de urgencias, en la atención a embarazadas y en la asistencia amenores de 18 años. Sin embargo, los médicos de familia denunciaron que la medida “vulnera el código deontológico médico”, a la vez que afirmaron que no pueden dejar de atender a personas que han sido pacientes durante años.

Para el gobierno español, la medida representa un ahorro de mil millones de euros por año, junto con otra destinada a limitar el “turismo sanitario” de los europeos no residentes en España.

La medida de este martes aplicada por el Ministerio de Sanidad de reintegrar a los sin papeles al sistema público de salud aunque “a condición de que paguen” es una respuesta a la indignación de los médicos frente a la medida inicial.

Aunque aún no se precisó qué coste tendrán, el Ministerio anunció estar trabajando en la creación de “convenios” de pago que permitan, sobre todo a los no europeos, ser recibidos en el sistema público.  

Según informaciones del diario El País, la nueva medida obligaría a los inmigrantes ilegales a pagar 719,40 euros por año si son menores de 65 años y la suma podría llegar a € 1.864,80 para los mayores de esa edad.

Vladimir Paspuel, presidente de la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, afirmó que la noticia generó “suma sorpresa e indignación” y que “se va por las personas más vulnerables, que son las indocumentadas”. “Muchos de ellos no tienen trabajo o son explotados en trabajos muy precarios”, agregó.

Precisó que su asociación no estaría en contra de la aplicación de una cotización, aunque “esa cuota es muy alta”, y llamó al gobierno español y a los gobiernos de los países de origen de los inmigrantes en España a buscar un acuerdo “para no perjudicar a los más débiles”.

Y agregó: "Les pedimos a todos los gobiernos latinoamericanos que éste sea un tema que tratar, el tema de la crisis, el tema de la sanidad, en la Cumbre Iberoamericana de noviembre en Cádiz"./AFP