La promulgación de la Ley de Derecho de Propietario, en junio de 2012, y las declaraciones emitidas por la senadora del Movimiento al Socialismo (MAS) y presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, dieron esperanzas a los asentados de Pampa Galana y Las Barrancas que denuncian abusos de “los Poma-Gutiérrez” y de dirigentes como Dianet Flores.
La parlamentaria dijo con la nueva Ley de Derecho Propietario los asentados podrán conciliar el precio de los terrenos, donde habitan, directamente con los propietarios, dejando de lado a los “intermediarios” o “loteadores” que se camuflan como dirigentes.
“Eso va ser un alivio para nosotros, porque nos vamos a librar de esa gente que se aprovechó de nuestra necesidad de tener una vivienda”, dijo Maritza una de las primeras asentadas en Pampa Galana que, asegura, siempre tuvo la intención de negociar con los propietarios de las 300 hectáreas de terreno donde se ubicó, junto a otro centenar de familias.
Sin embargo, esa decisión tuvo consecuencias. “Me amenazaron delante de mis hijos, me dijeron que si una vez más me acerco a los dueños me iban a botar sin nada, sin derecho a recuperar mis aportes”, relató.
El grupo de asentados que se acercó a EL NACIONAL, aseguró que son más de 500 familias las que quieren obtener sus terrenos “a la buena”, es decir, comprar a los propietarios a un precio social. “Pero siempre nos mintieron, primero nos dijeron que no habían dueños, después que los dueños eran falsos, que sus papeles eran falsos. Al final nunca pudimos negociar bien y fuimos vistos como avasalladores”, dijo Rubén, otro de los asentados en Pampa Galana.
Los propietarios dispuestos a vender
EL NACIONAL accedió a la documentación que certifica la propiedad de 300 hectáreas de tierra ubicadas en Pampa Galana. Según el historial de esos terrenos, donde ahora se ubican las 1400 familias asentadas, fueron entregados mediante un Título Ejecutorial de Dotación otorgado por el Estado mediante el Título Ejecutorial Colectivo Nº020711 expedido el 10 de abril de 1.987 por el entonces Presidente de la República Víctor Paz Estensoro. Dicho documento fue verificado con un Certificado de Propiedad en mayo de 2007.
Los beneficiarios, en aquel entonces, eran Mariano Vega, Francisco Rivero, Avelino Vega, Luis Hoyos, Luis Cardozo, Rosa Ortega, Teodora V. vda de Fernández, Pío Hoyos, Guadalupe Rivera Vega, Ángel Hoyos y Manuel Montellanos.
Según se informó, de ese grupo sólo cuatro personas están con vida y que ya son de la tercera edad. Del resto, están los herederos que aseguran tener los papeles de Derecho Propietario en orden, los mismos que están reconocidos por el Instituto de Reforma Agraria (INRA).
Este medio logró contactarse con algunos de los supuestos propietarios de las 300 hectáreas en Pampa Galana. Inicialmente fueron reacios a brindar información, pues aseguran que en varias ocasiones fueron sujetos de amenazas y presión por parte de los dirigentes de ese asentamiento.
Alcira comentó que cuando se formó el asentamiento hubo un acuerdo. Era de abarcar sólo 80 hectáreas y que serían canceladas a un precio económico.
“Dianet no respetó ese acuerdo, sobrepasó las 80 hectáreas y no pagó nada. Y cuando los asentados se nos acercaron los dirigentes les mintieron—comentó—les dijeron que nuestros papeles eran falsos y hasta nos iniciaron procesos”.
Los propietarios de esas 300 hectáreas aseguran estar dispuestos a vender esos terrenos ya habitados, a un precio social y accesible. Siempre y cuando no hayan dirigentes intermediarios de por medio. “Ellos no dejan vivir en paz a nosotros como propietarios, ni a los asentados, sólo buscan un rédito económico a costa de la gente pobre”.
Al igual que los asentados, los propietarios están atentos al Reglamento de la Ley de Derecho Propietario, pues consideran que esa norma beneficiará a la persona humilde que realmente necesita una vivienda y “cortará las uñas” a quienes buscar hacer negocios con terrenos ajenos.
(NOTA DE APOYO)
En Las Barrancas tampoco valió el Derecho Propietario
REDACCIÓN CENTRAL/EL NACIONAL
En la zona de Las Barrancas también se registró un problema con los propietarios de un terreno que fue avasallado, según la denuncia, por Marcelo Poma, asambleísta del MAS.
El hecho ya está registrado en la Fiscalía de Distrito, que deberá iniciar una investigación.
Según la denuncia presentada el 9 de agosto, Basilia Collo, Paulina Guevara, Martha Leonor Ortega, Juan Flores, Hirene Fernández, María Cristina Trujillo, Agustina Ramos, Antonia Ortega, Alfonso Diego Bautista, Miguel Vacaflores, Eugenio Romero, Julio Almazán, Benedicta Santos, Francisca Zenteno, Rubén García y Andrea Luis Vicente, compraron un lote de 10.000 metros cuadrados, a los herederos de Juan Moreno Brown de Mealla. El mismo está ubicado en la zona de Las Barrancas y está debidamente registrado en Derecho Reales.
Pero esa documentación legal no impidió que el terreno sea tomado arbitrariamente. Los denunciantes aseguran que Marcelo Poma, David Poma y Tania Gutiérrez, arbitrariamente hicieron descargar material de construcción “sin permiso alguna y de forma clandestina”.
Según la denuncia, la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) intentó detener la obra clandestina, sin embargo, al conocer que la obra pertenecía a Marcelo Poma, omitieron aplicar cualquier sanción.
“Nos dijeron que nuestros papeles eran falsos, truchos y negaron a pagar por ese espacio que avasallaron”, dijo uno de los afectados.
El tema ahora está en la Fiscalía, esta semana se conocerá qué fiscal llevará el caso. Los afectados sólo esperan un proceso justo y “sin artimañas”./El Nacional


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