Asentados aseguran que pagaron Bs 256 mil por Pampa Galana

¿Cuánto dinero administran las directivas de los asentamientos? ¿Cuánto pagan por su pertenencia a estos barrios los asentados? ¿Qué pasa si uno o más asentados deciden adquirir su terreno? Documentos y testimonios recabados en un conocido asentamiento, Pampa Galana, describen un mundo de fluidas y constantes transacciones económicas así como duras presiones y coerción.

“Gestiones en La Paz”, “honorarios de asesores” o “cuotas” para pagos variados… Sobreprecios en los aportes para las piletas públicas y una larga lista de denuncias y reclamos presentaron habitantes de Pampa Galana en contra de diferentes dirigentes, principalmente Tania Gutiérrez y David Poma, dirigente y asesor, cuñado y cuñada, del Movimiento 1º de Abril, que ocupa un amplio sector irregular en los terrenos, pero también en contra de Dianet Flores, dirigente de Tarijeños en Progreso.

Claudia Porco, una asentada y miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS), develó pagos de hasta 5 mil bolivianos, al tiempo que denunciaba el arbitrario ingreso de familias al asentamiento “éramos 60 personas y ahora somos 140” reveló, a través de una carta, en enero de 2011.

Pero no era la única denuncia. Ya en 2008, Rodrigo M. Aguirre Flores y Gabriel Rojas Osinaga abrieron un proceso por un supuesto fraude cercano al cuarto de millón de bolivianos que habrían aportado las 800 personas que entonces se contabilizaban en Pampa Galana, desglosados de la siguiente manera:

- Bs 180 de ingreso por persona.- 144 mil bolivianos.

- Bs 20 de Honorarios para abogado.- 16 mil bolivianos.

- Bs 40 de Honorarios de arquitecto.- 32 mil bolivianos.

- Bs 20 de Aportación mensual al movimiento.- 16 mil bolivianos.

- Bs 60 para la credencial.- 48 mil bolivianos.

Todo sumaba un total de 256 mil bolivianos en los momentos en los que se conformó el movimiento.

Los recibos

EL NACIONAL accedió a algunos recibos que ponen al descubierto el cobro que se realizaba a las personas que buscaban la posibilidad de tener un terreno propio.

Hay recibos por montos que varía entre los 150 y 1.500 dólares. Uno de ellos asciende a 1.000 dólares, que fue cancelado por Walter Eduardo Irahola “a cuenta de inscripción”, dejando un saldo de 500 dólares. Es decir que por pertenecer al asentamiento de Pampa Galana, Irahola debía pagar 1.500 dólares.

Otro recibo es por 5.680 bolivianos, que fue cancelado por Ester Victoria Ruiz Zamora “por concepto de inscripción a la Organización Ciudadana Tarijeños en Progreso-Urbanización Pampa Galana”. En el recibo indica que quedó un aporte pendiente de 1.420 bolivianos que Ruiz debía cancelar hasta el 14 de diciembre de 2009.

Hay recibos por menos cantidad de dinero. Celia Edith Zamora, por ejemplo, pagó 1.000 bolivianos, en octubre de 2010, “por concepto de adelanto de inscripción y aportes a la Organización Social Tarijeños en Progreso”.

Como éstos, son varios los aportes que debían pagar los asentados de Pampa Galana, a quienes se les prometió terrenos “dignos y solidarios”.

EL NACIONAL buscó la contraparte con Dianet Flores. Inicialmente la sindicada se comprometió a recibir al equipo, a hacer un recorrido por el asentamiento de Pampa Galana y a que este medio reciba declaraciones de los vecinos. Flores en persona dijo estar dispuesta a recibir a los periodistas a cualquier hora y brindó incluso su número de celular. Sin embargo, cuando los periodistas de este medio se aprestaban a visitar la zona, la dirigente optó por postergar la cita, primero, y por no responder a las llamadas luego.

El régimen y los reemplazos

Cuando los problemas de Pampa Galana se evidenciaron ante la existencia de un propietario, y los dirigentes de los movimientos optaron por conformarse en asentamiento, discutiendo los papeles presentados y rechazando la opción de la compra social, acordada por los miembros originalmente, se incrementaron las exigencias para formar parte del movimiento de asentados.

La vida orgánica y las cuotas, así como una férrea disciplina interna, se impusieron de forma marcial. La participación en diferentes conflictos y medidas de presión para conseguir mejoras o amedrentar a quienes reclamaban la propiedad pasaron a ser de carácter obligatorio. Hasta 12 personas elevaron denuncias al mismo Presidente del Estado, Evo Morales, advirtiendo de las prácticas  de “los Poma- Gutiérrez”, quienes ejercen contra los pobres—según la denuncia de los afectados—“un sistemático actuar de expulsar a quien quiere comprar honestamente un terreno y transar con los propietarios, especialmente sacando del medio a los antiguos, para hacer ingresar a personas nuevas cobrando sumas de dinero bastante altas sólo por el derecho a ser miembro del asentamiento”./El Nacional