Asambleísta del MAS con sentencia no es suspendido

Ni la Fiscalía ni la Corte avisaron de esta sentencia a la Asamblea de La Paz.

Credito Foto: Eju.tv

Mientras el MAS pide la suspensión del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, quien tiene una acusación fiscal, en La Paz su asambleísta departamental Gabriel Pinto goza de “licencia indefinida” pese a que tiene una sentencia condenatoria de 30 años de prisión. La Ley Marco de Autonomías establece la suspensión de autoridades electas a sola acusación formal del Ministerio Público. 

En el Juzgado Quinto de Sentencia, en agosto de 2010, se dictó la sentencia a 30 años de prisión contra el asambleísta Pinto por la comisión de los delitos de secuestro y asesinato del alcalde de Ayo Ayo (La Paz) Benjamín Altamirano. El presidente del ente legislativo, Eloy Tuco (MAS), responsabilizó a la Fiscalía y al Tribunal Departamental de Justicia por no notificar a la Asamblea Legislativa departamental de que Pinto tiene sentencia condenatoria. También dijo que en mayo de 2011, la anterior directiva del ente legislativo se comunicó con la presidenta de la ex Corte Superior de Distrito, Aida Maldonado, y el entonces presidente del Tribunal Quinto de Sentencia, Fernando Torrelio, para pedir que envíen la notificación al Legislativo paceño, pero no hubo respuesta. Pinto tiene “licencia indefinida”, aprobada por la Asamblea Legislativa donde el MAS tiene mayoría, desde septiembre de 2010, es decir un año y nueve meses, aunque la “licencia indefinida” como tal no está establecida en el reglamento interno del órgano legislativo paceño. “A la fecha no ha llegado ningún documento para que podamos proceder a su suspensión. El Ministerio Público no nos ha hecho conocer”, se excusó Tuco. “La Asamblea (departamental) no puede actuar de oficio”; sin embargo, no hay ningún obstáculo legal que les impida solicitar la sentencia condenatoria. Tuco afirmó ayer que conoció que su colega tiene una sentencia por los medios y que no está evadiendo su responsabilidad para suspenderlo del cargo. También se conoció que Pinto solicitó en varias oportunidades retomar sus funciones. En el caso de Costas, el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, actuó con celeridad para emitir la acusación formal contra el gobernador opositor por el delito de malversación de fondos y el MAS presiona para suspenderlo. La Fiscalía cruceña notificó en menos de 15 días a la Asamblea Departamental que hay una acusación formal en contra de Costas, pero -por lo que dice Tuco- no sucedió lo mismo en el caso de Pinto, aunque éste ya tiene una sentencia condenatoria. La asambleísta de Unidad Nacional Claudia Bravo pidió mediante una carta que en 48 horas se dé cumplimiento a la Ley Marco de Autonomías, que en sus artículos 144 y 145 establece la suspensión de autoridades electas que tengan acusación. La Asamblea Legislativa paceña no descarta tratar este tema hoy./Pagina Siete