El Juzgado Primero de Instrucción Cautelar en lo Penal, presidido por el juez Walter Chumacero, sentenció a 4 años de prisión en el penal de Morros Blancos, al hermano del gobernador suspendido, Pablo Cossío, acusado de los delitos: enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, complicidad en incumplimiento de contrato y asociación delictuosa, por el caso de la piscina olímpica.
De acuerdo con el fiscal Gilbert Muñoz, director funcional de la investigación, este el primer caso en el departamento y en el país, que una persona, es sentenciada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Pablo Cossío Cortez fue acusado de recibir 2’800.000 bolivianos destinados a la construcción de la Piscina Olímpica, para influenciar en la obra que a la fecha se encuentra paralizada.
Tal como estaba previsto, al promediar las 15:30 del viernes 13 de julio, en el Juzgado Primero de Instrucción Cautelar fue instalado el juicio abreviado contra Pablo Cossío; el proceso duró aproximadamente 2 horas, al promediar las 17:00 el Juez Walter Chumacero luego de escuchar a las partes, dictó la sentencia, condenando a 4 años de prisión al imputado.
“El señor Pablo Cossío Cortez asumido la responsabilidad penal de tres delitos enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, complicidad en el incumplimiento de contrato para la construcción y ejecución de la piscina olímpica, y el tercer delito es la asociación delictuosa, es decir al haber formado junto con otras tres personas, vale decir el señor Sergio Donoso, Víctor Sánchez y Marcelo Saavedra un acuerdo para cometer el hecho enriquecimiento ilícito y el incumplimiento de contrato para la ejecución de la piscina olímpica”, explicó.
El fiscal indicó que la decisión del Juez, se sustentó en medios de pruebas testificales, documentales y pericias realizadas a lo largo de la investigación del caso.
“Esta sentencia pronunciada es muy importante para el ministerio público, porque es la primera vez que en el departamento de Tarija y me atrevo a decir en el país, de que existe una sentencia condenatoria de enriquecimiento ilícito de particulares con afectados a los bienes del Estado boliviano”, remarcó.
Indicó que inicialmente en la sentencia se estima que son 510.000 dólares americanos por el delito de enriquecimiento ilícito; posteriormente en un proceso posterior de reparación de daño económico, se establecerá otro daño por el delito de complicidad de incumplimiento de contrato para la ejecución de la obra.
El fiscal indicó que asimismo, se ha determinado la confiscación de los bienes muebles que fueron incautados de la empresa Comas, y también de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Sucre (Chuquisaca).
“El procedimiento establece que ha de estimarse y realizar una pericia para determinar el valor definitivo, y se ha de hacer valer esto en un proceso posterior que tiene la gobernación y la procuraduría del Estado para poder cuantificar la reparación del daño”, explicó.
Agrego que de los cuatro años de sentencia dictada, se descontará el tiempo que estuvo preso preventivamente en el centro penitenciario de Morros Blancos, cerca de dos años.
El fiscal aclaró que como ministerio público decidieron renunciar al termino de apelación restringida que es de 15 días, “nosotros hemos renunciado porque consideramos que no existe ninguna vulneración, porque la autoridad judicial ha dado curso a toda la solicitud realizada por el ministerio público con la sentencia condenatoria”.
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