Secreto militar, el golpe de 1980 sigue matando la memoria

El Gobierno y las FFAA dicen que los archivos de la dictadura ya fueron desclasificados; pero no hay rastros de los 26 desaparecidos 

Morir todos los días, desde hace 32 años. Ser fantasmas, ser fotografías en blanco y negro, un recuerdo gris que corta como cuchillo la tranquilidad de la familia, ser muertos sin sepulturas. De todo eso se trata la condena que purgan 26 mujeres y hombres desaparecidos en Bolivia por la dictadura del general Luis García Meza y por sus colaboradores. 

La herida que abrió la ‘bota’ en esas 26 familias sigue fresca y el secreto militar sobre el paradero de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Esther Tita Manzano Coronado y Juan Carlos Flores Bedregal, entre otros nombres, aporrea la memoria del país cada 17 de julio, cuando se cuenta un año más del golpe. Entre esa fecha y el 4 de agosto de 1981, periodo que duró el ‘garciamezismo’, se cuentan 94 asesinatos políticos, además de las desapariciones y miles de detenciones, torturas y exilios.

Pero para el Gobierno de hoy y para el Alto Mando de las FFAA ya no hay secretos, ya se desclaficiaron los archivos militares en 2010 y, según ambas instituciones, las puertas de los cuarteles han quedado abiertas de par en par para las pesquisas de la Fiscalía y de cualquiera que desee buscar, “en el marco de las normas militares” fijadas en la Carta Magna.

– A 32 años del golpe, Marcelo aún está desaparecido. Desde hace más de tres décadas, todos los días, el daño se sigue haciendo– protesta María Soledad Quiroga Trigo, hija de Quiroga Santa Cruz, el líder del Partido Socialista 1, que sacó el cuarto lugar en los comicios generales de junio de 1980, que enjuició al exdictador militar Hugo Banzer Suaréz y al que acribillaron unos paramilitares en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) de La Paz el día del golpe, para después llevar sus restos al gran cuartel de Miraflores.

–Queremos saber dónde están nuestros familiares, amigos y compañeros, tenemos derecho a que nos digan qué hicieron con ellos–, reclama impaciente Luis Alberto Aparicio Miranda, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) de Bolivia. Aparicio cuenta que se ha reunido con el presidente Evo Morales en Palacio el mes pasado y que le entregó en sus manos un proyecto de ley de creación de una comisión investigadora e independiente, bautizada como Comisión de la Verdad.

Asofamd y otras organizaciones han agotado el recurso de la denuncia pública. La familia Quiroga, en tres décadas de democracia, ha acudido a los tribunales del país e incluso, en 2010, planteó una demanda contra el Estado boliviano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin conseguir ningún resultado. 

–Los archivos militares de la época de la dictadura han sido desclasificados, es así que el 23 y 26 de febrero de 2010 ingresaron fiscales– asegura el general Tito Gandarillas, comandante de las FFAA, que añade que la documentación militar de 1980 fue remitida a un juez paceño, así como a la Fiscalía.

Rubén Saavedra, ministro de Defensa, cree que, en seis años el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha demostrado predisposición de desvelar el paradero de los desaparecidos por las dictaduras y niega que las FFAA presionen para evitar las investigaciones. –En 2009, el Ministerio de Defensa emitió la resolución ministerial 316 para facilitar el acceso a la información–, dice. 

A todo esto, García Meza, que desde marzo de 1995 cumple una condena de 30 años en Chonchocoro, y Luis Arce Gómez, exministro del Interior, encerrado en el mismo penal desde 2010, son presumiblemente los únicos que pueden revelar adónde fueron a dar sus desaparecidos. Sin embargo, hasta ahora, ninguno ha dicho nada útil para la investigación. El finado gral. Banzer tampoco dijo nada sobre el tema, pese a que Arce Gómez lo acusa de haber ordenado el asesinato de Quiroga Santa Cruz y de haber enterrado su cuerpo en su hacienda de San Javier.

–¡No diga macanas coronel! No estamos en EEUU para canjear información por perdón judicial–, cuenta que le dijo a Arce Gómez su abogado, Pablo Oswaldo Vaca, cuando asumió su defensa en 2010, después de que este declaró que tenía información sobre el paradero de los desaparecidos. Vaca cree que su cliente quizás tiene información útil para la investigación y, de ser así, dice él, debería revelar lo que sabe sin condiciones.

Como van las cosas, los afectados son pesimistas. Aparicio cree que el presidente no miente cuando dice que mandó a revisar los archivos militares y que no encontró nada. Mientras que la hija de Quiroga se aferra a la memoria de su padre y dice que ni la oscuridad de sus asesinos ni la desidia cómplice de las instituciones que no hacen los esfuerzos necesarios para hallar sus restos van a apagar su recuerdo.

Una vigilia maratónica clama resarcimiento

Sus carpas se han levantado en el paseo de El Prado de La Paz. Llevan algo más de 125 días y ya se han convertido en vecinos del edificio del Ministerio de Justicia, que está ubicado en la acera de enfrente. 

Se trata de la maratónica vigilia de una organización de luchadores contra las dictaduras militares en Bolivia, que comenzó el 13 de marzo y que se mantiene vigente debido a los cambios que el presidente Evo Morales hizo a la Ley 2640 de Resarcimiento Excepcional a las Víctimas de la Violencia Política de 2004.

Se trata de ciudadanos afectados por los golpes militares de René Barrientos Ortuño, Ovando Candia, Hugo Banzer Suárez, Natusch Busch y Luis García Meza.

Julio Llanos Rojas, presidente de la organización de Luchadores Sociales Contra las Dictaduras y por las Víctimas de la Violencia Política, interpreta que el DS 1211, que reglamenta la ley 2640, complica el trámite de resarcimiento a quienes fueron afectados por detenciones, torturas, exilios o desaparición o muerte de algún familiar.

–Esta ley se aprobó en el Gobierno de Carlos Mesa y desde entonces no le dan aplicación–, cuestionó Llanos, que también ha explicado que con la nueva reglamentación, definida por el Gobierno, para cobrar resarcimientos se piden requisitos como certificados de tortura, testigos de torturas y de violaciones, fecha de inicio de la persecución política y conclusión, pasaporte de exiliado, etc.

–Es prácticamente imposible conseguir esos documentos ahora, nunca los gobiernos golpistas dieron esos documentos por obvias razones–, argumenta el ejecutivo, que está rodeado de otros afectados de toda data.

Ahí está el pintor Eduardo Soto y su esposa. Él fue detenido y exiliado, compartió amistad con el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y ahora, que tiene 80 años, no tiene jubilación y tiene dificultades para calificar al beneficio del resarcimiento. 

El DS 1211 autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dotar de $us 3,6 millones del Tesoro General del Estado (TGE) para cubrir la compensación del 20% comprometido a las víctimas de épocas dictatoriales; sin embargo, los requisitos complican los trámites.

Desde el Viceministerio de Justicia se ha anunciado que se atenderán las peticiones de la vigilia, que hoy recuerda 32 años del golpe de García Meza sin solución a sus problemas.

El golpe 

05:00. Alzamiento militar en Trinidad. Proclaman la destitución de la presidenta Lidia Gueiler

06:30. En Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y en otras ciudades los militares toman sedes sindicales y prefecturas.

11:45. Arriban tres ambulancias de la CNSS a la sede de la COB en La Paz, con paramilitares que asesinan a dirigentes.

12:30. La presidenta Gueiler es obligada a presentar su renuncia. Militares y paramilitares toman Palacio Quemado. 

15:20. Los sindicatos mineros inician la resistencia y toman las minas. Tropas militares reprimen a los obreros.

Testimonios 

Julio César Sevilla

Detenido y torturado

Fui detenido por paramilitares el 17 de julio de 1980. Me arrestaron junto con mi esposa y nos trasladaron al Estado Mayor. Fuimos torturados. Antes de ser detenidos, en la sede de la COB, Marcelo Quiroga Santa Cruz, mi compañero, al advertir el asalto, me dijo que no ‘venda’ a mis compañeros. Luego, estando detenido en el Estado Mayor de las FFAA, vi cómo le prendieron fuego a unos libros y al cuerpo de Marcelo y a otros dos cadáveres. Esto sucedió en el patio. Quedé preso allí 9 meses.

Eduardo Soto

Dos veces exiliado

Unos días antes del golpe, un cruceño amigo mío, a quien conocí en el exilio en México, me dijo que abandone el país, que iba a haber un golpe orquestado por García Meza y Arce Gómez. Que había narcotraficantes y militares involucrados. Que me iban a matar a mí y a mis compañeros el día del golpe, previsto para julio. “Decile al Marcelito que se vaya también, el está frito”, me dijo. Yo advertí al compañero Quiroga Santa Cruz, pero él me dijo que eso era un ardid para intimidarnos. Yo me fui, él se quedó./El Deber