Los representantes de las instituciones lamentaron que las diferentes instituciones a quienes se les recomendó asumir acciones en el caso, como el ministerio público, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), la dirección distrital de educación de Padcaya y el Servicio Departamental de Educación, entre otras no hayan actuado oportunamente.
El caso se registró en agosto del 2011 en una unidad educativa del municipio de Padcaya, cuando una menor de 12 años denuncio al profesor Gerardo Cástulo Quiroga Farfán por abuso deshonesto agravado, por lo que fue recluido preventivamente en el Penal de Morros Blancos; posterior a ello y tras la presentación de una apelación la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia le concedió medidas sustitutivas con detención domiciliaria, y fue en esas condiciones que el 26 de junio, el acusado se dio a la fuga, según informe del Comando Departamental de la Policía.
La coordinadora de la Red de Lucha a Contra la Violencia Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes, Lourdes Aguilar denunció que a pesar de que existía un informe de la misma policía departamental, que indicaba que existían condiciones de inseguridad del inmueble donde habitaba el denunciado, ninguna autoridad de la justicia ordinaria habría asumió medidas para evitar la fuga.
Asimismo cuestionaron el accionar del Sedeges, que rechazo una pericia social a favor de la víctima solicitada por la Red, y emitió un informe a favor del imputado, el que fue utilizado para la modificación de la medida cautelar.
Las observaciones también fueron realizadas al accionar de la dirección distrital de Padcaya, que no inició ningún proceso administrativo contra del denunciado, y que por el contrario mantuvo al profesor como docente titular en otra unidad educativa del municipio.
“Lamentablemente un hecho más de violencia sexual no es sancionado como debería ser, es por eso que hacemos esta denuncia a la población y hacemos un llamado para que este tipo de abusos cese, por eso decimos basta a la impunidad”, sostuvo la coordinadora.
Por su parte el representante del defensor del pueblo, lamentó que todas las recomendaciones emitidas en el informe defensorial sobre el caso, no fueron tomadas en cuenta por las autoridades de educación y judiciales.
“Vemos que en estos casos cuando se trata de niños, niñas y adolescentes y en este caso especifico de una niña, el sistema judicial, los operadores de justicia no están actuando en la medida y magnitud de su responsabilidad institucional”, cuestionó Tablada.
El representante pidió a las autoridades judiciales establecer responsabilidades del caso a quien corresponda, ya que resultado de este caso, la menor de la comunidad de Playa Ancha de donde era, tuvo que salir de la misma porque, por influencia del acusado y del propio director distrital, se llegó a la re victimización de la niña.
“Hoy la familia vive en condiciones paupérrimas lejos de su comunidad”, indicó a tiempo de señalar que cree que existe un cierto grado de protección y encubrimiento al profesor acusado, ya que ni el distrital ni el departamental asumieron acciones contra el imputado.
“Aquí están fallando los operadores de justicia, por eso exigimos que se establezca las responsabilidades necesarias y suficientes para determinar la responsabilidad de los operadores de justicia”, cuestionó a tiempo de exigir a las instancias policiales y judiciales agotar los operativos para dar con el acusado y este sea sancionado por el delito que cometió./Agencia Plus
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