La Asamblea Departamental, así como suspendió al gobernador electo Mario Cossío Cortez, también debe suspender a los asambleístas sobre quienes pesa una acusación, eludir esta responsabilidad es incurrir en presunto delito de incumplimiento de deberes.
“El artículo 145 de la Ley de Autonomías es totalmente contundente, en caso de acusación el fiscal comunicará a la Asamblea Legislativa y ésta tiene un sólo camino, suspender.
Dispondrá la suspensión de las autoridades con acusación formal, es el único camino”. El criterio es del presidente del Colegio de Abogados, Lino Cárdenas Ortega, para quien es lógico y coherente proceder a la suspensión, la Asamblea no puede extraviarse en interpretaciones de la Constitución, no le corresponde.
El artículo 5 de la Ley del Tribunal Constitucional menciona que se presume la constitucionalidad de las normas en tanto aquel Tribunal no disponga lo contrario, explicó Cárdenas para quien la Asamblea al no suspender al asambleísta Alan Echart Sosa, incurrió en presunto delito.
Desde el punto de vista de la doctrina constitucional dominante, el Legislativo tiene una única posibilidad de interpretar las normas y lo hace cuando dicta una ley, para comparar si está dentro el marco de la Constitución.
En el caso de acusaciones y suspensiones la Asamblea debe cumplir el mandato de una norma nacional, la Ley Marco de Autonomías, no tiene esa facultad que creen tener algunos asambleístas de esperar la sentencia ejecutoriada o argüir que aquella es inconstitucional. Hace días la prensa informó que los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) Neyda Antelo Cortéz y Ramiro Burgos Morales y Sergio Reyes Canedo de Camino al Cambio (CC) tienen acusación, en la Asamblea con cierta cautela fue confirmada la información, aunque el tema todavía no se abordaría.
Independiente de quién se trate lo que la Asamblea tiene que hacer es proceder a la suspensión, insistió Cárdenas al agregar que en el caso de Echart se equivocó completamente, hubo distorsión de la norma e incumplimiento de deberes.
Cárdenas además dijo que la ley 2028, vigente antes de la Ley Marco de Autonomías, ya suspendió a funcionarios públicos como algunos alcaldes y asambleístas, la ley del Ministerio Público artículo 122 prevé suspender fiscales sin sentencia ejecutoriada.
“No estamos hablando de ninguna novedad, lo que ocurre es que los derechos constitucionales como los políticos, nunca son absolutos, si bien consagra derechos, admite limitaciones”. “Todos tenemos derecho a la libertad, pero se restringe si uno comete delito”./Nuevo Sur
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