Envían a la cárcel a funcionaria de AESA por corrupción en YPFB

La última aprehendida en el caso de supuesta corrupción en la adjudicación de la planta separadora de líquidos de Río Grande (Santa Cruz) de YPFB, Brenda Avilés, empleada de la empresa Astra Evangelista S.A. (AESA), fue enviada a la cárcel con detención preventiva. 

En la investigación por un supuesto acto de corrupción, que ya tiene con detención preventiva a Gerson Rojas, ex gerente nacional de la planta separadora de líquidos Río Grande de YPFB, se suma la de Brenda Ximena Avilés, empleada de la empresa argentina Astra Evangelista S.A (AESA), que luego de una cautelar de tres horas fue enviada ayer a Palmasola, acusada de obstruir la justicia.

La Fiscalía argumentó que la acusada, en su primera declaración como testigo, entró en contradicciones al señalar que su hermana Vanesa Avilés (supuesta secretaria de Rojas) no tenía bienes, mientras la comisión investigadora considera lo contrario.

Otro punto que hicieron notar fue el hecho de que Brenda indicó no conocer a nadie de YPFB, cuando sabía que su hermana (Vanesa) mantenía una relación amorosa con Rojas, empleado con un cargo ejecutivo en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Presentados los cargos y escuchada la defensa, la jueza, Romy Peredo determinó la detención preventiva de Avilés. Al respecto, Rodrigo Góngora, abogado defensor de la imputada, señaló que estudian apelar la medida y que consideran que su defendida tuvo toda la buena voluntad para colaborar en la investigación y que dejó bien claro que tiene una familia, un domicilio y un trabajo, por lo que no hay posibilidad de fuga o de obstruir la justicia, como lo indicó la Fiscalía para pedir la detención preventiva.

Sobre el paradero de Vanesa, buscada por la justicia, Góngora no brindó detalles y se limitó a indicar que desconoce donde se encuentra.

Al conocer el veredicto de la jueza, Ana Beatriz Méndez, madre de la cautelada, indicó que su hija es presionada porque su hermana no aparece y precisó que el actual trabajo (en AESA) de Brenda lo consiguió mediante un aviso de prensa y que no fue un favor de Rojas. También detalló que su hija Vanesa mantenía una relación amorosa con el funcionario de YPFB desde hace un año.

Mónica Ramírez, representante legal de YPFB, sostuvo que se está avanzando en la investigación, pero que aún falta mucho para resolver este caso.

Sobre la situación laboral de Avilés se pudo saber que trabajaba en AESA como supervisora de medio ambiente en la planta de Río Grande, desde septiembre de 2011 y que percibía un salario de Bs 11.000.

Mientras se realizaba la cautelar, la comisión de fiscales anticorrupción -integrada por Carlos Candia, Anuncio Piérola y Cándido Blanco- realizó el allanamiento de las oficinas de la gerencia nacional de plantas de separación de líquidos de YPFB en la que trabajaba Rojas.

Candia explicó que se buscan documentos y otras pruebas para conocer en detalle el accionar de Rojas, por lo que adelantó que van a continuar con estos procedimientos, a tiempo de citar a nuevos testigos de YPFB.

Detalles del caso 

Imputación. La Fiscalía acusa a Brenda Avilés de haberse beneficiado del uso indebido de influencias que habría ejercido Gerson Rojas, toda vez que dentro de los antecedentes que se tiene dicho imputado habría presuntamente beneficiado para que AESA sea adjudicataria del contrato de la construcción de la planta Río Grande por un monto aproximado de $us 159 millones.

Relación. Rodrigo Góngora, abogado de Vanesa Avilés, sostuvo que su defendida realizaba una pasantía en YPFB.

Bienes. La madre de la cautelada señaló que sus hijas no tienen una casa propia y que en la que viven están alquilando por $us 800 al mes.

Situación. Miguel Aparicio, abogado de Agustín Ugarte, exdirector de proyectos de Gran Chaco, indicó que su defendido se encuentra en La Paz y que están realizando los trámites correspondientes para su traslado a Chonchocoro.

La empresa denuncia al testigo clave 

El vicepresidente de AESA, empresa adjudicataria de la planta separadora de líquidos Río Grande, Rodolfo Pablo Fernitz, formalizó denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por el delito de acusación y denuncia falsa contra el ‘testigo clave’ del escándalo, Agustín Ugarte, que fue enviado el jueves a La Paz.

Asimismo, sentó denuncia ante el fiscal adscrito a la división anticorrupción Carlos Candia y se pone a disposición de las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados e inclusive ofreció realizar una inspección in situ tanto en el lugar de ejecución de la obra como evidenciar el proceso de ensamblamiento de la planta contratada en Buenos Aires.

El documento al que tuvo acceso EL DEBER enfatiza que es “absolutamente falso” las acusaciones de soborno por parte de AESA a Ugarte. 

Los argumentos de AESA se basan en que Ugarte durante su declaración informativa habría manifestado que AESA le entregó determinadas sumas de dinero en calidad de soborno para adjudicarse el contrato de construcción de la planta separadora. /El Deber