Entregar el salvoconducto a Pinto sería delito, dice Suxo

La ministra insistió en que no corresponde el asilo para el legislador, porque enfrenta al menos cinco casos por delitos comunes, que tienen carácter penal.

La ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, dijo que si el canciller David Choquehuanca otorga el salvoconducto al senador opositor Roger Pinto, asilado en la embajada de Brasil, incurriría en incumplimiento de deberes. “El canciller incurriría en incumplimiento de deberes, porque no estaría respetando el proceso ordinario que se le sigue al senador Pinto”, declaró la ministra en los medios estatales. Argumentó que el legislador tiene “arraigo, mandamiento de apremio y cuentas con el Estado”, suficientes elementos legales para que cualquier autoridad se vea impedida de dar el salvoconducto y de hacerlo, “tendrá que rendir cuentas por esas razones”. Brasil otorgó asilo a Pinto el 8 de junio y solicitó el salvoconducto al Gobierno boliviano vía Cancillería. Sin embargo, las autoridades gubernamentales se manifestaron contrarias a cederle este instrumento para que deje el país. En Transparencia existen cinco casos contra Pinto, denominados Zofra universidad, Zofra terrenos, otorgación irregular de fondos de avance, desembarcaderos y casas de juego. Está acusado de conducta antieconómica y resoluciones contrarias la Constitución y leyes, entre otros. También existen denuncias por “desacato”. Pero los acusadores, la ministra Suxo y el vicepresidente Álvaro García Linera, desistieron de los procesos. La titular anticorrupción sustentó la posición del Ejecutivo en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas, y lamentó que el Gobierno brasileño no haya solicitado información a Bolivia antes de tomar una decisión. Sin embargo, la analista Karen Longaric explicó “que el país territorial está obligado a entregar el salvoconducto”, de acuerdo a la Convención sobre Asilo Político, que es una norma que denominó consuetudinaria. Y aunque no existe ningún mecanismo coactivo judicial como en el derecho interno de los estados, los mensajes diplomáticos entre gobiernos pueden ser formas de coacción sobre el relacionamiento futuro. “Como ya lo hizo el embajador de Brasil”, explicó sin valorar las declaraciones. El martes de la semana pasada, el embajador Marcel Biato pidió al presidente Evo Morales resolver el tema del asilo antes que puedan producirse problemas “que se puedan volver delicados”. Días después, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo que el diplomático se convirtió en “vocero político” de Pinto. En opinión del ex presidente Carlos Mesa, el Gobierno debiera ceder el salvoconducto a Pinto, pero dejando establecido que no comparte la decisión de Brasil debido a que sobre Pinto pesan casos de corrupción. Deberá además decirle al legislador “que en cuanto pise territorio boliviano tendrá que responder a la justicia”, declaró a radio ERBOL. Sugirió mayor racionalidad para mantener las relaciones y que éstas no se enfríen por un hecho que es un “incidente político”. Pinto se encuentra en la embajada brasileña con sede en La Paz desde el 28 de mayo, cuando solicitó el asilo./Pagina Siete

Datos convención 

Convención del Asilo Diplomático dice: “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político.

Acuerdos Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.