El fiscal Gilbert Muñoz, de la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (FEPDC), informó que en el marco de las investigaciones que sigue el ministerio público por el caso de expropiación de los terrenos para la Villa Olímpica, el juez dispuso el embargo de las cuentas bancarias de los imputados, entre ellos 9 ex concejales municipales, el ex alcalde de Tarija, y ex funcionarios de la prefectura.
“Se ha dispuesto el embargo de las cuentas bancarias de los imputados, eso se ha producido mediante resolución ministerial”, remarcó el fiscal director funcional de la investigación.
Aclaró que estas medidas, tiene como único objetivo de buscar la reparación del presunto daño económico ocasionado al Estado, en caso de que así se determine en el transcurso del proceso ordinario.
“El Estado a través de la prefectura del departamento en aquel entonces ha cubierto un poco más de 10 millones de bolivianos en la expropiación de los terrenos, entonces se entiende que esto vendría a ser parte del daño económico causado al Estado”, señalo el fiscal.
En este caso fueron imputados, entre ex autoridades departamentales, el ex prefecto Mario Cossío Cortez por el supuesto delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; la ex directora administrativa Elvira Guillen Paz de Colodro y el ex asesor jurídico Víctor Manuel Mostajo, por los presuntos delitos de cooperadores necesarios incurrir en conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Mientras que en el caso de las autoridades municipales están imputadas los ex miembros del Concejo Municipal de la provincia Cercado y la ciudad de Tarija: Miriam Lumen Amezaga, Julio Aguirre, Osvaldo Gudiño, Ana Sorich Ayala, Alfonso Lema, Roberto Ávila y Omar Flores Estrada, por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley y Constitución Política del Estado.
En la segunda etapa de la investigación también fueron imputados; el actual alcalde Oscar Montes Barzón, René Pastor Luna y el representante legal de la familia Álvarez propietaria de los terrenos./Agencia Plus


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